La polémica estalla en Galicia y amenaza con extenderse por toda España. Lo que iba a ser un proyecto energético “verde” se ha convertido en un foco de rechazo vecinal por sus posibles impactos ambientales y la falta de regulación.

Nace “Stop Biogás A Laracha” contra el proyecto industrial

Vecinos del municipio gallego de A Laracha han dado un paso al frente creando la plataforma “Stop Biogás A Laracha”, con un objetivo claro: frenar la instalación de una planta de biometano en la parroquia de Soandres.

La organización denuncia que la ubicación elegida es “incompatible con la protección del patrimonio, del agua y de la calidad de vida”, al situarse en un entorno rural sensible y cercano a núcleos habitados. A pesar de ello, el proyecto sigue su tramitación administrativa, lo que ha acelerado la movilización social.

Transición energética sí, pero no “a cualquier precio”

Uno de los puntos clave del discurso vecinal es que no rechazan las energías renovables, pero sí el modelo actual de implantación. Según la plataforma, España está impulsando proyectos “de alto impacto industrial en zonas rurales sin garantías suficientes”.

Este enfoque, advierten, responde más a intereses económicos que a una planificación equilibrada del territorio, generando una creciente tensión entre administraciones y ciudadanos.

Falta de regulación: el origen del conflicto

La plataforma apunta directamente a la ausencia de normativa clara como raíz del problema, una crítica que cada vez se repite más en distintos puntos del país.

Entre las carencias regulatorias más graves destacan:

  • Falta de distancias mínimas respecto a viviendas
  • Ausencia de zonas de exclusión ambiental
  • Escasos controles sobre impacto técnico y económico
  • Débil participación ciudadana en la toma de decisiones

Este vacío legal, sostienen, permite que proyectos potencialmente contaminantes se instalen en áreas vulnerables sin un marco riguroso.

Empleo limitado y dudas sobre el beneficio real

Otro de los argumentos que ha generado indignación es el supuesto retorno económico. Según los datos conocidos, la planta generaría menos de diez empleos directos, una cifra que los vecinos consideran “insuficiente frente al impacto generado”.

La crítica apunta a un patrón que se repite: grandes infraestructuras con escaso beneficio local pero alto coste ambiental.

El riesgo oculto: el digestato

Más allá del impacto visual o industrial, la plataforma alerta sobre un elemento poco debatido: el digestato, residuo derivado del proceso de biogás.

Según denuncian, este material puede contener:

  • Altas concentraciones de nitrógeno y fósforo
  • Sales y metales pesados
  • Sustancias potencialmente contaminantes

Su uso como fertilizante agrícola podría provocar filtraciones a acuíferos, contaminación del suelo y olores persistentes, afectando directamente a la salud ambiental y a la actividad agraria.

Movilización ciudadana en marcha

Ante esta situación, los vecinos han convocado una asamblea informativa en la Casa da Cultura de A Laracha, con el objetivo de informar y coordinar acciones.

La cita será este miércoles a las 20:00 horas, en un contexto donde la presión social podría ser determinante para el futuro del proyecto.

Un conflicto que trasciende Galicia

El caso de Soandres no es aislado. En distintos puntos de España están surgiendo movimientos similares contra plantas de biogás, lo que pone sobre la mesa un debate incómodo:

¿Está la transición ecológica justificando decisiones precipitadas sin consenso social ni garantías ambientales?

La respuesta, cada vez más, parece dividir a ciudadanos y administraciones.

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