Frente común contra decisiones desde Madrid
El Concello de Culleredo ha activado una estrategia política y social para influir en el proyecto del Gobierno central que pretende instalar una terminal ferroviaria de mercancías en el municipio. El alcalde, José Ramón Rioboo, se reunió con representantes vecinales de Souto, Orro, Vallesur-Los Olivos y O Val de Veiga, en un movimiento que evidencia la creciente desconfianza hacia decisiones tomadas desde Madrid sin consenso local.
Acompañado por miembros de su gobierno, Rioboo trasladó la información recibida del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y confirmó un próximo viaje a la capital para exigir explicaciones al Ministerio de Transportes y a ADIF, el organismo responsable de la infraestructura ferroviaria.
Ledoño, la opción que choca con otras alternativas
Tanto el Ejecutivo local como los vecinos coincidieron en señalar el Centro Logístico de Transportes (CLT) de Ledoño como la ubicación “más lógica” para la terminal. Este enclave ya estaba diseñado con previsión ferroviaria, lo que refuerza el argumento técnico frente a otras posibles ubicaciones que podrían afectar directamente a zonas residenciales.
La postura común no es casual: detrás subyace el temor a que el Gobierno central imponga una solución más barata pero socialmente perjudicial, trasladando el impacto a los vecinos. Por ello, se ha exigido una justificación técnica detallada y, sobre todo, garantías absolutas de que no habrá afecciones a viviendas ni calidad de vida.
La batalla por el impacto económico real
Uno de los puntos más sensibles del encuentro fue la exigencia de conocer el verdadero retorno económico del proyecto. Rioboo insistió en que no basta con promesas genéricas: el municipio reclama datos concretos y medibles sobre empleo, inversión y desarrollo.
Este tipo de infraestructuras suele venderse como motor económico, pero cada vez más municipios cuestionan si los beneficios compensan los costes sociales, medioambientales y urbanísticos.
Canal abierto… pero con tensión latente
El Concello y las asociaciones acordaron establecer un canal permanente de comunicación para seguir el avance del proyecto, en un intento de garantizar transparencia. Sin embargo, el movimiento también revela una realidad incómoda: la sensación de que las grandes decisiones estratégicas siguen tomándose de espaldas al territorio.
Rioboo calificó el encuentro como “positivo”, pero el mensaje de fondo es claro: Culleredo no aceptará imposiciones sin debate ni datos.
Un pulso político que puede ir a más
La reunión marca solo el inicio de un conflicto que podría escalar si el Gobierno central no atiende las demandas locales. La clave estará en los informes técnicos y en la capacidad del municipio para presionar políticamente en Madrid.
En un contexto donde la planificación de infraestructuras vuelve a estar en el centro del debate, Culleredo se convierte en un ejemplo más de la tensión entre centralismo administrativo y autonomía local.
¿Se impondrá la lógica técnica y social… o prevalecerán los intereses políticos y económicos del Gobierno central?
