Las plataformas de intercambio de criptomonedas, como Binance y Coinbase, deberán comenzar a recopilar más información de los usuarios en la Unión Europea (UE) debido a la nueva Directiva sobre Cooperación Administrativa 8 (DAC8), que entra en vigor este 2026. Esta directiva representa una evolución significativa en la regulación fiscal en el país.
La DAC8 no es solo una nueva norma; es un sistema automatizado que exige a los intermediarios reportar cada transacción, nombre y cantidad involucrada con criptoactivos a las autoridades tributarias. Así se marca el fin del pseudonimato que los usuarios de criptomonedas habían experimentado hasta ahora.
Este reglamento es la octava modificación a una legislación existente desde 2011, promoviendo el intercambio automático de información fiscal entre las autoridades tributarias de los 27 Estados miembros de la UE con el propósito de combatir la evasión y el fraude fiscal. Por primera vez, incluye los criptoactivos dentro del ámbito de cooperación automática.
Luego de su adopción en 2023, se exige que cualquier Proveedor de Servicios de Activos Cripto (CASP) actúe como una extensión de la administración tributaria del país. Esto significa que cualquier usuario de la UE que opere con criptomonedas, como bitcoin o ether, será objeto de seguimiento por parte de su plataforma de intercambio.
La información recopilada incluye detalles como nombres, direcciones legales y números de identificación fiscal, así como registros de transacciones financieras, incluso si los fondos se mueven a dispositivos de automanejo. Esto genera preocupación en torno a la seguridad de los datos recopilados.
Aunque la DAC8 es un reglamento europeo, tiene implicaciones a nivel global. Las plataformas fuera de la UE que deseen operar con residentes europeos deberán cumplir con estos requisitos o confrontar restricciones operativas en la región. Asimismo, refleja la tendencia mundial hacia medidas más estrictas en la regulación de criptoactivos, alineándose con el Marco de Reporte de Activos Cripto (CARF) de la OCDE, que también se implementará en otras potencias internacionales en 2027.
Esta legislación plantea un dilema dentro de la industria de criptoactivos, dividiéndola entre aquellos que buscan proteger su privacidad y otros que prefieren buscar seguridad jurídica a través de la transparencia fiscal. Las plataformas de intercambio están obligadas a congelar cuentas y prohibir transacciones si los usuarios no cumplen con los requisitos de identificación fiscal.