Lo que parecía un simple accidente de tráfico ha acabado convirtiéndose en un nuevo foco de sospechas sobre la actuación de la administración y las aseguradoras. Un vecino de Culleredo ha decidido plantar cara tras lo que considera una situación de indefensión absoluta.
Un accidente rodeado de dudas y versiones contradictorias
El suceso tuvo lugar el pasado 3 de abril, Viernes Santo, en las inmediaciones del castillo de San Antón, en A Coruña. Según el afectado, sobre las 16:00 horas, se encontraba realizando una maniobra de aparcamiento en un vial sin salida cuando un vehículo de la Policía Local intentó adelantarle.
El resultado fue un impacto que, según su versión, arrancó por completo la defensa delantera de su coche, generando daños que superan los 2 600 euros. Una cifra que, asegura, no encaja con la versión oficial que le responsabiliza del siniestro.
“Es imposible que yo haya provocado ese daño con la maniobra que describen”, sostiene el denunciante.
Allianz, en el centro del conflicto: ¿juez y parte?
El caso adquiere mayor gravedad al conocerse que tanto el particular como el propio Concello tienen como aseguradora a Allianz. La compañía ha alegado conflicto de intereses y ha decidido atribuir la culpa al conductor, negándose a cubrir los daños.
Esta decisión ha sido duramente criticada por el afectado, que considera que la aseguradora actúa como “juez y parte”, beneficiando indirectamente a la administración pública.
La controversia abre un debate incómodo:
¿Puede una aseguradora garantizar imparcialidad cuando defiende a dos partes implicadas en el mismo siniestro?
Contradicciones en el informe policial
Uno de los puntos más polémicos reside en el propio relato policial. Según la denuncia:
- En el parte inicial, los agentes indicaron que utilizaban señales luminosas pero no acústicas.
- Posteriormente, el informe recoge que sí empleaban señales acústicas, para después contradecirse en el mismo documento.
Además, el informe atribuye al conductor una maniobra de marcha atrás seguida de avance, algo que el afectado niega rotundamente.
Sin embargo, incluso en ese documento, los agentes reconocen haber intentado adelantar a un vehículo que estaba maniobrando para aparcar, lo que el denunciante califica de conducta negligente.
Falta de transparencia y acceso tardío al atestado
El vecino también denuncia irregularidades en el procedimiento:
- No recibió copia del atestado en el momento del accidente.
- Tampoco se le facilitó un número de expediente.
- Solo ha podido acceder al informe semanas después del siniestro.
A esto se suma una afirmación especialmente delicada:
según el afectado, “no existe atestado formal, sino un informe interno de la Policía”.
Este punto podría tener implicaciones legales importantes, ya que cuestiona la validez y garantías del procedimiento administrativo.
El Concello respalda a la Policía y apunta al conductor
Por su parte, el Concello de A Coruña se mantiene firme en su postura y respalda la versión policial. Según el informe:
El vehículo particular habría realizado un giro a la izquierda, impactando contra el coche patrulla sin que el agente pudiera evitar la colisión.
Una versión que choca frontalmente con la del denunciante y que refuerza la sensación de desigualdad entre ciudadano y administración.
Acciones legales y recurso ante la Valedora do Pobo
Ante esta situación, el vecino ha decidido:
- Presentar una reclamación formal contra la aseguradora.
- Contratar una abogada independiente.
- Elevar el caso a la Valedora do Pobo, que ya ha aceptado estudiar la denuncia.
El objetivo: esclarecer lo ocurrido y determinar si ha existido trato de favor institucional o falta de imparcialidad.
Un caso que reabre el debate sobre privilegios institucionales
Este incidente va más allá de un simple accidente. Pone sobre la mesa cuestiones clave:
- La imparcialidad de las aseguradoras en conflictos con administraciones públicas
- La transparencia en los informes policiales
- La protección real del ciudadano frente al poder institucional
En un contexto donde la confianza en las instituciones está cada vez más cuestionada, casos como este alimentan la percepción de que el ciudadano parte en clara desventaja cuando se enfrenta a la administración.
¿Estamos ante un error administrativo puntual o frente a un sistema que protege a sí mismo antes que al ciudadano?
