La Guardia Civil ha asestado un importante golpe contra una presunta organización criminal dedicada a la explotación laboral de inmigrantes extranjeros en el norte de España. La operación ha concluido con la detención de tres responsables empresariales, la investigación de una cuarta persona y la identificación de 41 trabajadores extranjeros, de los cuales 40 se encontraban en situación administrativa irregular.
La investigación, bautizada como Operación Ambotan-Canapu, destapa un entramado que, presuntamente, suministraba mano de obra barata para obras de construcción en Cantabria, Asturias y el País Vasco, aprovechándose de la extrema vulnerabilidad económica de sus víctimas.
Una organización dedicada a explotar mano de obra extranjera
La investigación comenzó durante el verano del pasado año, cuando agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil detectaron indicios de posibles delitos relacionados con la trata de seres humanos, el favorecimiento de la inmigración irregular, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Tras meses de vigilancia, los investigadores localizaron una empresa cuyo principal responsable desarrollaba su actividad en Bizkaia, mientras que su sede económica estaba establecida en Vitoria-Gasteiz.
Las pesquisas permitieron comprobar que la organización captaba trabajadores extranjeros que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad económica y social, generando una fuerte dependencia respecto a quienes controlaban sus desplazamientos, alojamiento y condiciones laborales.
Viajes financiados con deudas de hasta 30 000 euros
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es la situación en la que llegaban muchas de las víctimas.
Según la Guardia Civil, numerosos trabajadores habían recorrido largas rutas migratorias atravesando países como Grecia e Italia antes de alcanzar España.
En algunos casos, los inmigrantes habían llegado a contraer deudas de hasta 30 000 euros para financiar el viaje y poder acceder a un empleo que les había sido presentado como estable y digno.
Esa enorme deuda aumentaba todavía más la dependencia respecto a la organización y dificultaba cualquier posibilidad de abandonar el trabajo.
Obras repartidas por tres comunidades autónomas
Los agentes comprobaron que cada jornada laboral comenzaba en distintos puntos de Vitoria, donde decenas de trabajadores eran recogidos en vehículos para ser trasladados a diferentes obras repartidas entre:
- Cantabria
- Asturias
- País Vasco
En algunos desplazamientos recorrían cientos de kilómetros diarios.
Cuando los trabajos se desarrollaban en Asturias o Cantabria, los obreros permanecían durante toda la semana alojados en viviendas cuyas condiciones también están siendo investigadas por las autoridades.
Accidentes laborales y posibles irregularidades
La investigación también sacó a la luz varios accidentes laborales sufridos por trabajadores vinculados a la organización.
Al menos dos empleados tuvieron que recibir asistencia sanitaria tras resultar heridos durante su jornada laboral y posteriormente fueron apartados de su actividad.
Ante los indicios detectados, en febrero de 2026 se incorporó oficialmente a la investigación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en virtud del convenio de colaboración existente con la Secretaría de Estado de Seguridad.
Operativo simultáneo en diez obras
La fase final de la operación movilizó a más de 70 agentes de las unidades USECIC de la Guardia Civil en País Vasco, Cantabria y Asturias, junto con inspectores de Trabajo.
Durante el dispositivo fueron inspeccionadas 10 obras de construcción, detectándose presuntas irregularidades laborales en siete de ellas.
En total fueron identificados 41 trabajadores extranjeros, comprobándose que 40 permanecían en España en situación administrativa irregular.
Los investigadores también descubrieron que muchos utilizaban documentación perteneciente a terceras personas para acreditar su identidad.
Tres detenidos y la investigación continúa
Como resultado de la operación han sido detenidos tres responsables empresariales, mientras que una cuarta persona permanece investigada por su presunta implicación.
Además, se practicaron tres registros en inmuebles y establecimientos situados en Bizkaia y Álava, donde los agentes intervinieron abundante documentación y dispositivos electrónicos que ahora están siendo analizados.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado competente de Santander, encargado de dirigir la instrucción del procedimiento.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación
La Operación Ambotan-Canapu continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones conforme avance el análisis del material intervenido.
Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de denunciar cualquier caso relacionado con la explotación laboral, la trata de seres humanos o las redes dedicadas a favorecer la inmigración irregular, subrayando que la colaboración ciudadana resulta esencial para desmantelar este tipo de organizaciones y proteger a las víctimas.
