La Audiencia Nacional descarta la vulneración de derechos alegada por el expresidente socialista, investigado por su presunta intervención en el rescate de Plus Ultra y otras operaciones.
Nuevo revés judicial para José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado el incidente de nulidad presentado por la defensa del expresidente del Gobierno al concluir que no se han vulnerado sus derechos fundamentales durante la investigación.
Zapatero figura como investigado —condición que no implica culpabilidad— en unas diligencias que indagan, entre otros extremos, su posible intervención irregular en el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia, así como otras operaciones bajo investigación y unas joyas intervenidas por la Policía cuyo valor preliminar se situó en 1,3 millones de euros.
Zapatero alegó vulneración de derechos fundamentales
La defensa del expresidente había presentado en junio un incidente de nulidad alegando vulneraciones del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.
Según sus argumentos, la causa habría incorporado pruebas analizadas ilícitamente y estas habrían servido posteriormente para justificar nuevas diligencias restrictivas de derechos.
Zapatero sostenía además que el supuesto defecto se encontraba en el propio origen del procedimiento, a finales de 2025, y cuestionaba el análisis de determinadas conversaciones privadas y la actuación de la Fiscalía Anticorrupción.
Calama había inadmitido inicialmente la petición por considerar que se presentó fuera de plazo. Posteriormente rectificó parcialmente esa decisión al comprobar que la defensa había accedido a determinada documentación más tarde de lo inicialmente calculado, por lo que terminó examinando el fondo de la solicitud.
La conclusión del magistrado, sin embargo, vuelve a ser desfavorable para el expresidente: no aprecia la vulneración de derechos denunciada por su defensa.
El juez mantiene bloqueada la cuenta de un socio de Zapatero
La investigación incorpora además otra decisión relevante. Calama ha rechazado desbloquear una cuenta de Agropecuaria Lucena, empresa propiedad de Julio Martínez Martínez, identificado en las actuaciones como socio de Zapatero.
Según la resolución recogida en la información aportada, el juez considera indiciariamente que la mercantil presenta características compatibles con una sociedad instrumental susceptible de utilizarse para canalizar fondos. Se trata de una valoración provisional dentro de una investigación judicial, no de una declaración definitiva de responsabilidad penal.
Martínez había solicitado disponer de los fondos para afrontar reparaciones urgentes en una explotación agrícola después de los daños ocasionados por las lluvias del pasado invierno.
La Fiscalía Anticorrupción se opuso y alegó la existencia de un riesgo de utilización de cuentas societarias para dificultar la investigación y un eventual decomiso.
La Fiscalía señala pagos a una empresa de las hijas de Zapatero
Otro elemento recogido en las actuaciones afecta a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente y también investigadas en la causa.
La Fiscalía señala que Agropecuaria Lucena efectuó durante 2020 pagos a Whatthefab, sociedad vinculada a ambas. También sostiene que Agropecuaria Lucena carece de trabajadores.
Estas circunstancias forman parte de los indicios que están siendo examinados judicialmente y no equivalen a una condena ni acreditan por sí mismas la comisión de un delito.
Una asociación venezolana entra como acusación popular
Calama ha autorizado además la personación de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) como acusación popular.
La organización podrá proponer diligencias relacionadas con lo que la resolución denomina la «dimensión venezolana» de los hechos investigados. Según su escrito, URVEX centra parte de su actividad en denunciar presuntas estructuras de corrupción transnacional vinculadas al Gobierno venezolano.
La asociación se incorpora así a una acusación popular en la que ya participan, entre otros, PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum.
El caso Plus Ultra seguirá adelante
La decisión judicial supone que fracasa por ahora la vía utilizada por Zapatero para intentar anular las actuaciones cuestionadas y permite que la investigación continúe.
El foco permanece sobre la posible intervención del expresidente en el rescate de 53 millones de euros de Plus Ultra, sus relaciones y operaciones económicas investigadas y el origen y circunstancias de las joyas intervenidas.
La causa continúa en fase de investigación. Por ello, las sospechas recogidas en las actuaciones judiciales deben mantenerse en el terreno de los indicios y las hipótesis sometidas a comprobación, y todos los investigados conservan plenamente su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
