Los populares estudian plantear un conflicto de atribuciones si los tres ministros mantienen su negativa a comparecer en el Senado por la crisis de Ceuta.
El Partido Popular prepara una nueva ofensiva jurídica contra el Gobierno si los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares mantienen su negativa a comparecer en el Senado para explicar la gestión de la reciente crisis de Ceuta.
Los populares estudian recurrir al Tribunal Constitucional mediante un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales, una vía que ya utilizaron anteriormente contra Pedro Sánchez por su ausencia de una sesión extraordinaria de la Cámara Alta.
La disputa va mucho más allá de una simple pelea política sobre calendarios.
El fondo del asunto es determinar si el Ejecutivo puede negarse a acudir al Senado cuando una comisión reclama formalmente la presencia de un ministro.
La Constitución ofrece al PP un argumento relevante: el Senado forma parte de las Cortes Generales y posee funciones propias de control sobre el Gobierno.
El PP prepara la vía del Tribunal Constitucional
Fuentes parlamentarias citadas por Libertad Digital sostienen que el PP está estudiando diferentes mecanismos para obligar al Ejecutivo a rendir cuentas antes de la última semana de agosto.
Entre ellos aparece el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
Este procedimiento puede utilizarse cuando un órgano constitucional considera que otro ha invadido o desconocido las competencias que le atribuyen la Constitución o las leyes.
El PP sostiene que la negativa de los ministros podría vulnerar directamente las atribuciones constitucionales de control del Senado.
No sería la primera vez que los populares utilizan esta estrategia.
Ya recurrieron a ella después de que Pedro Sánchez no acudiera a un Pleno extraordinario del Senado convocado el 29 de enero para explicar diferentes crisis ferroviarias.
Marlaska, Robles y Albares, citados por la crisis de Ceuta
El Senado ha convocado a tres ministros para explicar diferentes aspectos de la crisis de Ceuta:
- Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
- Margarita Robles, ministra de Defensa.
- José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores.
Cada uno de ellos tiene competencias directamente relacionadas con la gestión de la emergencia.
Interior debe responder sobre el control fronterizo y las fuerzas de seguridad.
Defensa puede tener que explicar el despliegue y coordinación de medios militares.
Exteriores deberá abordar las relaciones diplomáticas con Marruecos y las consecuencias internacionales de la crisis.
El PP considera, por tanto, que las tres comparecencias están plenamente justificadas.
El Gobierno rechaza acudir al Senado
El Ejecutivo ha comunicado que no tiene intención de participar en esas comparecencias en las fechas solicitadas.
El argumento utilizado es que existe falta de tiempo de preparación y que las comparecencias resultarían redundantes porque los ministros ya tienen previsto dar explicaciones posteriormente en el Congreso.
El Gobierno sostiene que comparecerá en la Cámara Baja durante la última semana de agosto.
El PP rechaza completamente ese razonamiento.
Los populares consideran que el Ejecutivo no puede decidir unilateralmente ante qué Cámara quiere someterse al control parlamentario.
“El Gobierno no elige a quién rendir cuentas”, resumen desde el partido.
La Constitución reconoce el control del Senado sobre el Gobierno
El argumento jurídico del PP se apoya principalmente en tres artículos de la Constitución.
El artículo 66.2 establece que las Cortes Generales “controlan la acción del Gobierno”.
Y las Cortes están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
El artículo 109 permite a las Cámaras y a sus comisiones solicitar información y documentación al Gobierno.
El artículo 110.1 resulta todavía más directo: las Cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Ejecutivo.
La Constitución, por tanto, no reserva la función de control exclusivamente al Congreso.
Ese es el núcleo jurídico del conflicto.
El Senado reforzó recientemente las obligaciones de comparecencia
La cuestión adquiere todavía más relevancia porque el Reglamento del Senado fue modificado para reforzar la obligación de los miembros del Ejecutivo de comparecer cuando son formalmente requeridos.
La reforma establece que los miembros del Gobierno y otras autoridades públicas están obligados a comparecer ante las comisiones conforme a los artículos 76 y 110 de la Constitución.
El cambio normativo pretendía precisamente reducir las ausencias sistemáticas de responsables del Ejecutivo en determinadas sesiones de control.
Por eso, una negativa expresa de Marlaska, Robles o Albares podría terminar generando un conflicto jurídico de mayor alcance.
El precedente de Pedro Sánchez
El PP ya utilizó esta vía contra Pedro Sánchez.
La Cámara Alta había convocado al presidente para un Pleno extraordinario y el jefe del Ejecutivo no acudió.
Los populares respondieron llevando el conflicto al Tribunal Constitucional.
Según la información aportada por el PP, esta legislatura ha acumulado múltiples iniciativas semejantes.
El problema para la oposición es que estos procedimientos pueden tardar meses en resolverse.
Por eso, aunque una eventual sentencia reconociera finalmente las atribuciones del Senado, el efecto político inmediato podría ser limitado.
Cuando llegara el fallo, la crisis que motivó la comparecencia podría haber quedado muy atrás.
Pedro Rollán advierte a los ministros
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha remitido una comunicación formal a los ministros afectados.
En ella les recuerda las posibles consecuencias jurídicas derivadas de no atender la convocatoria.
Este paso tiene también una importancia procesal.
Antes de plantear un conflicto constitucional resulta fundamental dejar constancia de que la Cámara ha reclamado formalmente la comparecencia y que el Ejecutivo mantiene su negativa.
El mismo procedimiento se siguió antes de acudir al Constitucional por la ausencia de Sánchez.
El PP quiere explicaciones antes de que termine agosto
Los populares consideran especialmente grave que el Gobierno pretenda retrasar las comparecencias hasta finales de agosto.
La crisis de Ceuta ha provocado consecuencias inmediatas en inmigración, seguridad, relaciones con Marruecos y coordinación territorial.
El PP sostiene que esperar casi un mes para dar explicaciones convertiría el control parlamentario en un mero trámite posterior.
La oposición exige que el Ejecutivo responda mientras las decisiones continúan teniendo efectos.
Ese razonamiento explica la presión para que Marlaska, Robles y Albares acudan individualmente a sus respectivas comisiones.
Ceuta convierte el Senado en escenario principal de la batalla
Existe además una dimensión territorial.
El Senado está definido constitucionalmente como Cámara de representación territorial.
El PP considera que esto hace especialmente relevante su intervención en una crisis que afecta directamente a Ceuta, una de las dos ciudades autónomas españolas situadas en el norte de África.
Además, las consecuencias de la crisis migratoria afectan después a las comunidades autónomas, especialmente en cuestiones como el reparto y acogida de menores extranjeros no acompañados.
Por ello, los populares sostienen que el Senado no es una Cámara secundaria en este asunto.
Al contrario.
Consideran que debería desempeñar un papel central.
Marlaska vuelve a situarse bajo presión
De los tres ministros convocados, Fernando Grande-Marlaska es quien soporta una mayor presión política directa.
Como responsable de Interior, debe responder sobre el dispositivo fronterizo, la actuación de Guardia Civil y Policía Nacional y las decisiones adoptadas durante la crisis.
La oposición quiere conocer también qué información manejó el Gobierno antes de producirse los acontecimientos.
Las relaciones operativas con Marruecos forman igualmente parte del debate.
Por eso su comparecencia constituye una de las más importantes para el PP.
Robles deberá explicar el papel de Defensa
La ministra de Defensa, Margarita Robles, también figura entre los responsables convocados.
El interés se centra en el papel de las Fuerzas Armadas y en cualquier medida relacionada con la protección o apoyo logístico desplegado durante la crisis.
Si el Gobierno mantiene su negativa, Robles podría quedar incluida en el eventual conflicto ante el Constitucional.
Hay además una corrección necesaria respecto a algunas informaciones publicadas: si Marlaska está citado para el miércoles 12 de agosto, la comparecencia de Robles prevista para el jueves correspondería al 13 de agosto, no al 12.
Albares, ante la dimensión diplomática con Marruecos
El tercer ministro es José Manuel Albares.
Su comparecencia tiene un componente diferente.
Exteriores deberá explicar qué contactos mantuvo España con Marruecos y cómo gestionó diplomáticamente una crisis que afecta directamente a la frontera exterior de la Unión Europea.
La relación con Rabat resulta esencial en cualquier episodio migratorio que afecte a Ceuta o Melilla.
El PP quiere conocer qué conversaciones se produjeron, qué compromisos asumieron ambas partes y qué garantías existen para evitar nuevos episodios similares.
El Gobierno argumenta que las comparecencias se duplican
La defensa política del Ejecutivo consiste en señalar que los ministros ya comparecerán en el Congreso.
Desde esta perspectiva, repetir inmediatamente las mismas explicaciones en ambas Cámaras supondría duplicar trabajo parlamentario.
Pero este argumento tiene un problema constitucional.
Congreso y Senado son órganos distintos.
Una comparecencia ante uno no implica necesariamente que el Ejecutivo pueda rechazar automáticamente una convocatoria del otro.
Precisamente esta cuestión podría terminar siendo determinada por el Tribunal Constitucional.
El PP acusa al Ejecutivo de esquivar el control
La oposición interpreta la negativa como parte de un comportamiento más amplio.
El PP acusa al Gobierno de reducir sus comparecencias parlamentarias y retrasar deliberadamente explicaciones cuando afronta situaciones políticamente incómodas.
El Ejecutivo rechaza esa acusación y argumenta que mantiene los mecanismos ordinarios de control parlamentario.
La batalla, por tanto, se mueve entre dos planos.
Uno político.
Y otro constitucional.
En el primero, el PP intenta obligar al Gobierno a dar explicaciones inmediatas.
En el segundo, pretende establecer jurisprudencia sobre hasta dónde llega la capacidad del Ejecutivo para rechazar convocatorias del Senado.
El Constitucional podría terminar fijando los límites
Si finalmente se presenta el conflicto, el asunto podría adquirir relevancia más allá de la crisis de Ceuta.
Una sentencia del Tribunal Constitucional podría precisar las obligaciones del Gobierno cuando una Cámara reclama formalmente la comparecencia de uno de sus miembros.
El Tribunal ya ha destacado anteriormente la importancia constitucional de los mecanismos de información y control establecidos en los artículos 109, 110 y 111.
La jurisprudencia considera estas herramientas parte esencial de la función representativa de las Cortes.
Por eso el eventual procedimiento podría generar un precedente significativo.
El PP convierte la crisis de Ceuta en una batalla institucional
La crisis migratoria ha pasado así de la frontera a las instituciones.
Primero fue un problema de seguridad.
Después se convirtió en un conflicto territorial por el reparto de menores.
Ahora amenaza con terminar delante del Tribunal Constitucional.
El PP quiere aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para aumentar la presión sobre el Gobierno.
Y el Ejecutivo intenta concentrar sus explicaciones en el Congreso.
El choque es inevitable.
Porque mientras Moncloa argumenta que no tiene sentido duplicar comparecencias, el Senado reivindica algo mucho más básico: su derecho constitucional a controlar al Gobierno.
El Gobierno puede acabar ante el TC por no acudir al Senado
La decisión definitiva todavía no está tomada.
Pero el PP ya prepara el terreno jurídico.
Si Marlaska, Robles y Albares no comparecen, los populares podrían activar un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
La Constitución ofrece argumentos claros para defender la capacidad del Senado de reclamar su presencia.
Otra cuestión será determinar si cada convocatoria concreta cumple todos los requisitos reglamentarios y si la negativa del Gobierno constituye realmente una invasión de las atribuciones constitucionales de la Cámara.
Eso deberá resolverlo, en su caso, el Constitucional.
Pero políticamente el mensaje del PP ya está construido:
un Gobierno no puede decidir unilateralmente cuándo y ante qué Cámara quiere rendir cuentas.
La crisis de Ceuta puede terminar generando así una batalla institucional mucho mayor que las propias comparecencias.
¿Puede el Ejecutivo negarse a acudir al Senado simplemente porque ya tenga previsto comparecer ante el Congreso? El Constitucional podría acabar teniendo la última palabra.
