Un informe de la Comisión Europea revela que España lidera el incremento de la presión fiscal en la UE desde la pandemia. El aumento de las cotizaciones sociales y la falta de actualización del IRPF explican buena parte del alza.

La Comisión Europea vuelve a poner el foco sobre la política fiscal española. Según el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026, España es el país de la Unión Europea donde más ha crecido la presión fiscal durante los últimos años, una situación que afecta especialmente a autónomos, empresas y trabajadores.

España lidera el aumento de la presión fiscal en la UE

El informe de la Comisión Europea sitúa a España como el Estado miembro donde más ha aumentado la presión fiscal entre los periodos 2015-2019 y 2020-2024.

El incremento alcanza casi tres puntos porcentuales del PIB, por delante de Lituania (+2,3) y Luxemburgo (+2,2). En el lado opuesto se encuentran Malta y Hungría, donde la presión fiscal se ha reducido en 2,8 puntos.

Según Bruselas, el aumento de la recaudación española procede principalmente de los impuestos sobre el trabajo, es decir, del IRPF y de las cotizaciones sociales.

El IRPF y las cotizaciones explican el incremento

El documento señala que España ha incrementado su recaudación gracias, sobre todo, a dos factores:

  • La ausencia de una deflactación general del IRPF, que provoca que muchos contribuyentes paguen más impuestos cuando aumentan sus salarios nominales por efecto de la inflación.
  • Las sucesivas subidas de las cotizaciones sociales, impulsadas por las reformas del sistema de pensiones.

El secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Rubén Gimeno, considera que la falta de actualización de los tramos del IRPF ha reducido el poder adquisitivo de los contribuyentes.

«Las rentas están penalizadas por no deflactar la tarifa conforme a la inflación y eso hace que tengamos menos poder adquisitivo que otros países del entorno europeo», señala.

Los empresarios soportan el 83 % del aumento de las cotizaciones

Uno de los aspectos que más destaca la Comisión Europea es el impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Según el informe, los empleadores asumen aproximadamente el 83 % del incremento de las cotizaciones, mientras que los trabajadores soportan el 17 % restante.

Además, desde 2025 también se aplica la denominada cotización de solidaridad sobre los salarios que superan la base máxima de cotización, una medida destinada a aumentar los ingresos de la Seguridad Social sin generar nuevos derechos de pensión.

España mantiene impuestos que ya no existen en otros países

El informe también recuerda que España sigue siendo el único país de la Unión Europea que mantiene un impuesto general sobre el patrimonio, una figura tributaria que prácticamente ha desaparecido del resto del continente.

Aunque existen impuestos similares en países como Noruega o algunas modalidades en Francia, los expertos consideran que el modelo español resulta excepcional dentro del marco europeo.

Bruselas pone el foco en la fiscalidad del trabajo

La Comisión subraya que el crecimiento de la recaudación española se ha producido en un contexto de fuerte creación de empleo, lo que ha permitido aumentar significativamente los ingresos procedentes del trabajo.

Al mismo tiempo, destaca que la recaudación derivada del capital y del consumo ha evolucionado con mucha menor intensidad, concentrándose el esfuerzo fiscal sobre trabajadores, autónomos y empresas.

Un debate que sigue abierto

El informe europeo reabre el debate sobre la política tributaria aplicada en España durante los últimos años.

Mientras el Gobierno defiende que el aumento de la recaudación permite reforzar el Estado del bienestar y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, economistas y organizaciones empresariales insisten en que la combinación de mayores cotizaciones y la falta de actualización del IRPF ha incrementado notablemente la carga fiscal sobre autónomos y empleadores.

Con España liderando el aumento de la presión fiscal dentro de la Unión Europea, el debate sobre la competitividad, la inversión y el coste de crear empleo vuelve a situarse en el centro de la agenda económica.

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