Feijóo acusa al Gobierno de proteger al DAO de la Policía Nacional tras la dimisión de José Ángel González, investigado por una presunta agresión sexual a una subordinada. El líder del Partido Popular ha elevado el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que señala directamente por haber “tapado” al hasta ahora número dos operativo del cuerpo.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en redes sociales que el Gobierno “lo sabía, lo tapó y le protegió”, en referencia a la permanencia en el cargo del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional pese a estar siendo investigado judicialmente.
“Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, sólo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público”, escribió Feijóo tras conocerse la dimisión.
Una dimisión que desata la tormenta política
El hasta ahora DAO presentó su renuncia después de que trascendiera que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid investiga una denuncia por agresión sexual con penetración supuestamente cometida en abril de 2025 en una vivienda oficial.
Desde el primer momento, Feijóo acusa al Gobierno de proteger al DAO y sostiene que el cese no responde a criterios éticos ni políticos, sino a la presión mediática tras hacerse público el caso. Para el líder popular, el Ejecutivo habría mantenido al alto mando policial en su puesto a sabiendas de la gravedad de las acusaciones.
“España se está cayendo a pedazos”, afirmó Feijóo, preguntándose “qué más puede pasar” en un país donde, según sus palabras, “la persona que tiene la obligación de perseguir delitos comete delitos”.
Feijóo acusa al Gobierno de proteger al DAO y apunta a Interior
Las críticas del presidente del PP no se limitan al propio DAO. Feijóo acusa al Gobierno de proteger al DAO y sitúa en el foco al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska.
Según la información conocida, la víctima habría comunicado los hechos a responsables internos del cuerpo, incluida la jefatura de personal. Además, la querella recoge que un asesor directo del DAO, el comisario Óscar San Juan González, habría contactado con la agente meses después para ofrecerle elegir destino profesional a cambio de su silencio.
Este extremo es uno de los más delicados del caso, ya que apuntaría a una posible estrategia de presión para evitar que la denuncia prosperara. En este contexto, Feijóo acusa al Gobierno de proteger al DAO no solo por mantenerle en el cargo, sino por permitir —según sostiene— un entorno de encubrimiento institucional.
El Ministerio del Interior ha asegurado públicamente que no tenía conocimiento oficial de la denuncia hasta fechas recientes. Sin embargo, la oposición cuestiona esa versión y exige aclaraciones urgentes en sede parlamentaria.
“Hay que liberar al país”
El líder popular ha ido más allá y ha vinculado directamente el caso con la continuidad del presidente del Gobierno. “Hay que liberar al país de personas como éstas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez”, afirmó.
De este modo, Feijóo acusa al Gobierno de proteger al DAO y convierte el escándalo en un argumento político de mayor calado, situándolo como ejemplo de lo que considera una degradación institucional bajo el actual Ejecutivo.
Desde el Partido Popular reclaman la comparecencia inmediata del ministro del Interior para explicar cuándo tuvo conocimiento de los hechos y qué medidas adoptó. También piden transparencia sobre cualquier comunicación interna relacionada con la denuncia.
Investigación judicial en marcha
Mientras el enfrentamiento político escala, el procedimiento judicial sigue su curso. El juzgado ha abierto diligencias previas y ha fijado para el próximo 17 de marzo la comparecencia de la denunciante y del exalto cargo policial. Será entonces cuando ambas partes ratifiquen o amplíen sus declaraciones.
Por el momento, no se han hecho públicas medidas cautelares, y rige la presunción de inocencia. No obstante, el impacto reputacional para la Policía Nacional y para el Ministerio del Interior es evidente.
En este escenario, Feijóo acusa al Gobierno de proteger al DAO en repetidas ocasiones y trata de consolidar la idea de que la dimisión no fue una decisión proactiva del Ejecutivo, sino una reacción forzada por la presión informativa.
La evolución del caso marcará las próximas semanas en la agenda política. Si se acreditan indicios sólidos de encubrimiento o presiones, la crisis podría ampliarse. Si, por el contrario, la investigación no prospera, el debate se centrará en la responsabilidad política por la gestión del escándalo.
Por ahora, lo único cierto es que Feijóo acusa al Gobierno de proteger al DAO y ha convertido este caso en un nuevo frente de confrontación directa con Pedro Sánchez, elevando la tensión política en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo.

