El plan del Ministerio de Elma Saiz abre la puerta a una reforma de enorme impacto para abogados y profesionales colegiados: más cuota, nueva pasarela al RETA y desaparición progresiva del sistema dual de mutualidades.
El Gobierno da forma a la reforma que cambiará el futuro de miles de autónomos
El Gobierno avanza en una reforma que puede alterar por completo el sistema de previsión de miles de autónomos mutualistas, especialmente del sector de la abogacía. El texto que modificará la Ley General de la Seguridad Social ya ha tomado forma en la ponencia parlamentaria y fija los primeros cambios relevantes: pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), incremento progresivo de cuotas, nuevas reglas para calcular prestaciones y fin de la posibilidad de acogerse a mutualidades alternativas desde 2028.
La medida afecta de lleno a profesionales colegiados que durante años optaron por una mutualidad de previsión social en lugar de cotizar al RETA. El problema estalló cuando numerosos mutualistas denunciaron que, tras décadas de aportaciones, sus pensiones quedaban en niveles muy bajos, en algunos casos por debajo de los 500 euros mensuales.
Ahora, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, prepara una reforma que pretende corregir esa situación, aunque el sector jurídico advierte de que el texto sigue siendo insuficiente.
La pasarela al RETA se votará antes de llegar al Pleno
Según la información trasladada por Abogacía Española, el informe de la ponencia fue publicado el pasado jueves y la previsión es que sea votado en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el próximo 20 de mayo.
Una vez superado ese trámite, el texto pasará al Pleno, donde se decidirá su aprobación definitiva. La reforma se encuentra, por tanto, en una fase decisiva.
El núcleo de la propuesta es claro: permitir que los autónomos encuadrados en mutualidades alternativas puedan trasladarse al RETA en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma. Ese traslado sería voluntario, pero una vez realizado tendría carácter obligatorio e irreversible.
El fin de las mutualidades alternativas llegará en 2028
Uno de los puntos más relevantes del documento es la eliminación de la opción de acogerse a una mutualidad alternativa de previsión social a partir del 1 de enero de 2028.
Ese cambio supone un golpe directo al sistema dual actual, que permitía a determinados profesionales colegiados elegir entre cotizar a la Seguridad Social o permanecer en una mutualidad.
La excepción prevista afecta a quienes inicien su actividad profesional desde esa fecha y ya estuvieran incluidos en alguno de los regímenes de la Seguridad Social por ejercer previamente esa actividad por cuenta ajena.
En términos políticos y económicos, la reforma implica una nueva absorción de espacios de previsión privada o alternativa por parte del sistema público. El Gobierno presenta la medida como una solución para garantizar pensiones mínimas, pero muchos profesionales temen que también derive en más cotización obligatoria, menos libertad de elección y una integración en el RETA menos ventajosa de lo prometido.
Las pensiones mínimas, en el centro del conflicto
El origen del problema está en las bajas prestaciones de muchos mutualistas. Durante años, miles de abogados y otros profesionales aportaron a sus mutualidades con la expectativa de obtener una protección suficiente al final de su vida laboral.
Sin embargo, una parte del colectivo sostiene que el resultado ha sido decepcionante: pensiones reducidas, escasa cobertura y una situación especialmente delicada para quienes confiaron durante décadas en ese modelo.
La reforma intenta elevar el nivel mínimo de las prestaciones. El texto establece que, cuando las prestaciones tengan forma de renta, no podrán ser inferiores al 100 % de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social. Si corresponde una referencia superior, se aplicaría el importe de las pensiones no contributivas.
En el caso de prestaciones en forma de capital, la cuantía no podrá quedar por debajo del importe capitalizado de la cuantía mínima que corresponda para cada caso de renta.
Subida progresiva de cuotas para los mutualistas
El precio de esa mejora será un aumento de las cuotas. La propuesta del Ministerio introduce una subida progresiva de las aportaciones que deberán pagar los mutualistas para acercarlas a las del RETA.
El calendario previsto es el siguiente:
| Año | Porcentaje de cuota aplicable |
|---|---|
| 2026 | 86 % |
| 2027 | 93 % |
| 2028 | 100 % |
Estos porcentajes se calcularían sobre la cuota resultante de aplicar el tipo general de cotización del RETA a la base mínima del tramo correspondiente según los ingresos reales del autónomo.
En la práctica, el autónomo mutualista asumirá un incremento progresivo hasta equipararse plenamente al sistema general. Para muchos profesionales, esto significará pagar más, aunque con la promesa de mejorar sus futuras prestaciones.
Cómo funcionará el trasvase de cotizaciones al RETA
El texto también crea una pasarela para que los profesionales colegiados que ya estén en una mutualidad alternativa puedan solicitar el traslado de sus derechos económicos al RETA.
Para acogerse a esta vía, el autónomo deberá cumplir varios requisitos:
No haber alcanzado el periodo mínimo necesario para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
No tener ya la condición de pensionista, salvo en el caso de la pensión de viudedad.
Solicitar el traslado dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma.
Una vez producida la transferencia, el profesional quedará encuadrado en el RETA de forma obligatoria y no podrá volver atrás.
El punto más polémico: no se equipara un año de mutualidad a un año en el RETA
Una de las principales críticas del sector es que el texto no reconoce de forma plena los años aportados a la mutualidad como años equivalentes en el RETA.
Según la propuesta, para calcular las bases reguladoras se tomaría como referencia la base mínima que habría correspondido al autónomo si hubiera estado en el RETA. A esa base se le aplicaría un coeficiente reductor de 0,77, al considerar que las aportaciones realizadas a la mutualidad habrían sido inferiores a las del régimen público.
Esto implica que el traslado no supondrá una equivalencia automática. Es decir, un año en la mutualidad no será necesariamente un año completo cotizado en el RETA en términos de cálculo final.
La consecuencia puede ser relevante: muchos profesionales podrían descubrir que, aunque hayan aportado durante décadas, el reconocimiento efectivo para su pensión pública será menor del esperado.
Un convenio especial para algunos antiguos mutualistas
El texto también contempla una vía adicional para quienes se dieron de baja en una mutualidad antes de que esta aplicara un sistema de capitalización individual y no alcancen los 15 años de cotización en la Seguridad Social.
En esos casos, podrían suscribir un convenio especial, por una única vez, para computar periodos de cotización previos a la baja, con un máximo de 5 años.
La medida busca evitar que determinados profesionales queden completamente fuera del sistema, aunque no resuelve todas las reclamaciones del colectivo.
Los mayores de 55 años tendrán una regla específica
La propuesta recoge una excepción importante para los autónomos mutualistas que ya superen los 55 años. En su caso, cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad equivaldría a un mes completo de alta en el RETA.
Este punto intenta proteger a quienes tienen menos margen para rehacer su carrera de cotización. Sin embargo, el sector sigue reclamando una solución más amplia, especialmente para los mutualistas que ya están jubilados o próximos a jubilarse.
La abogacía exige cambios antes de la aprobación definitiva
La Abogacía Española ha pedido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para mejorar el texto antes de su aprobación final. Tras una reunión interna con decanos de colegios profesionales de toda España, el órgano representativo de los abogados decidió emitir una declaración reclamando mejoras.
La posición del sector es prudente, pero crítica. La reforma avanza, pero muchos abogados consideran que no soluciona de forma justa el problema generado durante décadas.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) también ha advertido de que las concesiones del texto son insuficientes. Además, ha pedido que los plazos parlamentarios se acorten al máximo para aprobar cuanto antes una solución normativa.
Entre las principales reivindicaciones figura la inclusión de los mutualistas pasivos, es decir, aquellos profesionales que ya se encuentran en situación de jubilación o que complementaron sus aportaciones con otras fórmulas de previsión. El temor del sector es que algunos de los afectados queden fuera de la solución legislativa.
Una reforma con impacto económico y político
El caso de los mutualistas ha abierto un debate incómodo para el Gobierno. Por un lado, el Ejecutivo quiere presentarse como garante de pensiones dignas. Por otro, la reforma supone más presión sobre profesionales autónomos que ya sufren una carga fiscal y administrativa elevada.
El problema de fondo es claro: durante años se permitió un modelo alternativo al RETA que ahora muestra graves debilidades. La pregunta es quién debe asumir el coste de corregirlo: las mutualidades, el Estado, los colegios profesionales o los propios trabajadores autónomos.
Para miles de abogados, procuradores y otros profesionales colegiados, la respuesta no es teórica. Es su jubilación, su cuota mensual y su futuro económico lo que está en juego.
Claves de la reforma
Qué cambia: el Gobierno prepara una pasarela de las mutualidades al RETA.
A quién afecta: principalmente a abogados y otros autónomos profesionales colegiados.
Cuándo se vota: la comisión parlamentaria prevé votar el texto el 20 de mayo.
Qué pasará en 2028: se eliminará la posibilidad de acogerse a una mutualidad alternativa.
Qué ocurrirá con las cuotas: subirán progresivamente hasta alcanzar el 100 % en 2028.
Qué reclama la abogacía: mejoras en el texto, inclusión de más afectados y una solución más justa para las pensiones bajas.
El Gobierno centraliza otra pieza del sistema
La reforma de las mutualidades se presenta como una respuesta a un problema real: pensiones bajas tras décadas de aportaciones. Pero también confirma una tendencia política de fondo: el Gobierno avanza hacia una mayor centralización del sistema, reduce espacios alternativos y empuja a miles de profesionales hacia el RETA.
La cuestión ya no es solo técnica. Es una decisión sobre libertad profesional, sostenibilidad del sistema público y protección de autónomos que durante años actuaron dentro de un marco legal permitido.
La gran incógnita es si el texto final protegerá de verdad a los afectados o si muchos mutualistas acabarán pagando más sin recibir una compensación proporcional por lo aportado durante toda una vida laboral.
¿Estamos ante una solución justa para los autónomos mutualistas o ante una integración forzosa que llega tarde y mal?
