La propuesta del Gobierno chileno para que centros de salud, colegios, jardines infantiles, AFP, isapres y Fonasa entreguen datos de migrantes irregulares al SERMIG desata una crisis legal, sanitaria, educativa y humanitaria. La iniciativa podría chocar con el interés superior del niño, la confidencialidad médica, la relación médico-paciente y obligaciones nacionales e internacionales suscritas por Chile.
Una propuesta que convierte servicios básicos en filtros migratorios
El Gobierno de José Antonio Kast ha abierto una de las polémicas más sensibles de su mandato al impulsar una indicación que busca que instituciones públicas y privadas entreguen información de personas migrantes en situación irregular al Servicio Nacional de Migraciones, SERMIG, con el objetivo de facilitar procedimientos de fiscalización y expulsión.
La medida alcanzaría a organismos como Fonasa, isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles, según informaron medios chilenos. El argumento oficial es que el Estado necesita contar con datos para identificar a extranjeros en situación irregular y hacer cumplir la normativa migratoria.
Pero el problema es evidente, una cosa es ordenar el sistema migratorio y otra muy distinta es convertir hospitales, escuelas y jardines infantiles en puntos de reporte para eventuales expulsiones. La propuesta no solo abre dudas políticas. También plantea preguntas graves sobre legalidad, proporcionalidad, derechos de la infancia, confidencialidad médica, protección de datos y acceso efectivo a servicios esenciales.
La propia ministra de Salud se desmarca del plan
La controversia escaló porque la ministra de Salud, May Chomali, marcó distancia con la propuesta y reconoció que el asunto se observa con “bastante preocupación”. La secretaria de Estado advirtió que no se puede ir contra la ley ni negar atención sanitaria a una persona migrante.
Su postura deja al Gobierno en una posición incómoda. Mientras el ala dura del Ejecutivo busca acelerar la identificación de migrantes irregulares, la autoridad sanitaria recuerda que el sistema de salud tiene reglas propias, deberes de atención y obligaciones de confidencialidad que no pueden ser barridas por una consigna migratoria.
Chomali no planteó un matiz menor. Planteó el corazón jurídico del conflicto, un hospital no es una oficina de extranjería y un médico no puede ser transformado en agente auxiliar de expulsiones sin poner en riesgo derechos fundamentales.
El vínculo médico-paciente, bajo amenaza
El punto más delicado en materia sanitaria es la posible ruptura de la relación médico-paciente. Esa relación se sostiene sobre una base mínima, la confianza. El paciente entrega información íntima, datos personales, antecedentes familiares, historial clínico, síntomas, diagnósticos, tratamientos y condiciones de vida porque confía en que serán usados para su atención médica, no para perseguirlo administrativamente.
La Ley 20.584 regula en Chile los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Entre sus elementos centrales está la protección de la información clínica y la confidencialidad de la ficha del paciente. La normativa reconoce que la ficha clínica contiene antecedentes sensibles y que su uso debe estar ligado al proceso asistencial, con límites estrictos de acceso.
Por eso, si un migrante acude a un consultorio, hospital o centro de urgencia y sus datos son utilizados para alimentar un procedimiento expulsivo, el sistema puede estar alterando la finalidad original de esa información. Esto abre una pregunta jurídica de enorme gravedad: ¿Puede el Estado usar datos obtenidos en un acto médico para un fin migratorio sin vulnerar la confidencialidad sanitaria?
Médicos convertidos en informantes: el dilema ético que abre Kast
La propuesta también coloca a los profesionales de la salud en una posición límite. Médicos, enfermeros, matronas, técnicos, funcionarios administrativos y directores de centros podrían verse atrapados entre su deber sanitario y una exigencia migratoria.
El problema no es solo administrativo. Es ético. Un médico no atiende para fiscalizar. Atiende para diagnosticar, tratar, prevenir y cuidar. Si el paciente empieza a ver al personal sanitario como una amenaza, el acto médico se contamina desde el primer minuto.
La confidencialidad no existe para proteger delincuentes ni para impedir que el Estado funcione. Existe para que las personas busquen atención sin miedo, entreguen información completa y reciban tratamiento oportuno. Sin esa confianza, se deteriora la salud individual y también la salud pública.
La ministra Chomali, el Colegio Médico y otras voces sanitarias han advertido que la propuesta genera problemas éticos, legales y de salud pública.
Una posible vulneración de derechos de pacientes y profesionales
La medida puede vulnerar derechos de los pacientes, pero también tensionar los derechos y deberes de los propios médicos.
Para los pacientes, el riesgo está en la pérdida de confidencialidad, el uso secundario de datos personales, la discriminación indirecta por situación migratoria y el temor a solicitar atención. Para los médicos, el riesgo está en ser obligados a actuar contra el principio de reserva profesional, contra la confianza clínica y contra normas éticas propias de su profesión.
El secreto profesional médico es una pieza esencial de la práctica sanitaria. La Biblioteca del Congreso Nacional ha abordado esta materia en informes sobre secreto profesional médico, destacando que la confidencialidad forma parte de los deberes del médico hacia sus pacientes y que solo puede levantarse bajo supuestos jurídicos específicos.
Por eso, una política que empuje al personal sanitario a reportar datos de pacientes migrantes podría ser impugnada si no define con extrema precisión qué información se entrega, con qué base legal, bajo qué finalidad, con qué resguardos y con qué límites.
Sin esas garantías, la medida puede ser vista como una vulneración del derecho a la privacidad, del derecho a la salud, de la confidencialidad clínica y de la relación médico-paciente.
El miedo a atenderse puede convertirse en un problema de salud pública
La consecuencia más grave no sería solo jurídica. Sería sanitaria.
Si una persona migrante en situación irregular teme acudir a un hospital o consultorio porque puede ser reportada al SERMIG, puede retrasar diagnósticos, abandonar tratamientos, evitar controles pediátricos, no acudir a vacunaciones o esconder enfermedades.
Eso no protege a Chile. Lo pone en riesgo.
En salud pública, los sistemas funcionan mejor cuando las personas acuden a tiempo. Cuando el miedo las expulsa de los consultorios, los problemas aparecen tarde, más graves y más caros. El Estado termina sabiendo menos, no más. Controla menos, no más. Previene menos, no más.
La paradoja es evidente: una medida presentada como mecanismo de control migratorio puede terminar debilitando el control sanitario del país.
El punto más grave: el interés superior del niño
El otro frente crítico es la inclusión de colegios y jardines infantiles dentro del circuito de reporte migratorio. Ahí el debate deja de ser solo administrativo y entra en el terreno de la protección reforzada de niños, niñas y adolescentes.
Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante el Decreto 830. El artículo 3 de esa Convención establece que, en todas las medidas concernientes a niños adoptadas por instituciones públicas o privadas, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, el interés superior del niño debe ser una consideración primordial.
Esto significa que cualquier decisión estatal que afecte directa o indirectamente a niños migrantes debe evaluarse bajo una regla reforzada, primero debe analizarse cómo impacta en su bienestar, escolaridad, salud, estabilidad familiar, desarrollo, protección frente a discriminación y permanencia en espacios seguros.
Si una propuesta provoca que familias migrantes eviten matricular a sus hijos, retiren a niños de jardines infantiles, oculten información, abandonen controles escolares o teman acercarse a servicios públicos, el Estado podría estar generando un efecto contrario a sus obligaciones nacionales e internacionales.
La infancia migrante no puede ser usada como herramienta de expulsión
Un niño migrante no puede ser tratado como una extensión administrativa de la situación migratoria de sus padres. La irregularidad documental de una familia no elimina los derechos del menor ni autoriza al Estado a diseñar políticas que lo empujen fuera del sistema educativo o sanitario.
La lógica de protección de la infancia exige que los colegios y jardines sean espacios seguros. Si esos lugares pasan a ser vistos como puntos de información para expulsiones, la confianza se rompe.
El daño puede ser profundo, menos matrícula, más ausentismo, más informalidad, más niños fuera del radar institucional y más familias escondidas. Eso no ordena la migración. La vuelve más invisible.
Una posible vulneración de normas chilenas e internacionales
La eventual entrega de datos desde colegios, jardines infantiles, hospitales y consultorios para facilitar expulsiones podría ser cuestionada por vulnerar normas chilenas e internacionales si afecta el ejercicio efectivo de derechos de niños, pacientes y familias migrantes.
En el plano internacional, el eje está en la Convención sobre los Derechos del Niño. En el plano interno, la protección se conecta con la legislación chilena sobre niñez, salud, confidencialidad clínica, protección de datos y derechos de pacientes.
No se trata de afirmar automáticamente que toda entrega de información sea ilegal. El punto jurídico es más preciso, una medida así tendría que superar un examen estricto de legalidad, necesidad, proporcionalidad, finalidad legítima, protección de datos, no discriminación, confidencialidad sanitaria y resguardo reforzado de la infancia.
Si no supera ese examen, podría ser impugnada ante tribunales chilenos y cuestionada ante organismos internacionales.
El uso de datos: el corazón jurídico del conflicto
El problema central está en la finalidad con la que se recogen los datos. Cuando una familia entrega información a un colegio, jardín infantil, hospital o consultorio, lo hace para acceder a educación, salud o protección social. No lo hace para que esa información sea usada como insumo de una expulsión.
Usar esos datos para una finalidad distinta puede abrir un conflicto serio con normas de confidencialidad, protección de datos, derechos de pacientes, protección de la infancia y principios constitucionales.
El Gobierno tendría que explicar con precisión qué datos se entregarían, quién los entregaría, quién los recibiría, con qué autorización, durante cuánto tiempo se conservarían, qué vías de reclamación existirían y cómo se protegería a niños, pacientes y profesionales.
Sin esos límites, la medida puede convertirse en una herramienta de vigilancia sobre población vulnerable.
Kast busca orden, pero puede sembrar miedo institucional
El Gobierno defiende que Chile necesita saber quiénes están en situación irregular. Esa preocupación es legítima. Todo Estado debe controlar sus fronteras, ordenar su política migratoria y ejecutar expulsiones cuando corresponda.
Pero la forma importa.
Si la respuesta consiste en involucrar a hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles, el mensaje político será devastador: acudir al médico, escolarizar a un hijo o acceder a servicios básicos puede terminar activando una alerta migratoria.
Eso no es solo una política dura. Es una política que puede sembrar miedo institucional.
El riesgo de aumentar la irregularidad que se dice combatir
La medida también puede producir el efecto contrario al que promete. Cuando una persona teme acercarse al Estado, no desaparece. Se esconde.
Deja de hacer trámites. Evita controles. No actualiza domicilio. No lleva a sus hijos al colegio. No acude al consultorio. No denuncia abusos. No pide ayuda. Queda más expuesta a explotación laboral, hacinamiento, redes ilegales y precariedad.
Una política migratoria seria debe distinguir entre control legítimo y persecución indiscriminada. También debe separar al migrante con antecedentes delictivos de la familia que vive en el limbo administrativo, del niño escolarizado, del paciente enfermo o del trabajador que intenta regularizar su situación.
Meter todos los casos en el mismo saco puede ser rentable electoralmente, pero es pésima política pública.
Profesores, médicos y funcionarios en una posición imposible
La propuesta no solo afecta a migrantes. También afecta a quienes trabajan en el sistema.
Un profesor no debería tener que preguntarse si los datos de un alumno pueden terminar en una orden de expulsión. Un director de colegio no debería convertirse en intermediario migratorio. Un médico no debería atender bajo la sospecha de que la información clínica del paciente será usada fuera del ámbito sanitario.
La medida rompe misiones institucionales básicas: el colegio educa, el jardín protege, el hospital atiende y el consultorio previene. Si el Estado confunde esas funciones con control migratorio, degrada la confianza en todos esos espacios.
Una medida con alto riesgo de judicialización
Si la propuesta avanza sin ajustes fuertes, es previsible que organizaciones de infancia, salud, migración y derechos humanos recurran a tribunales. Los argumentos podrían incluir vulneración del interés superior del niño, afectación del derecho a la educación, afectación del derecho a la salud, discriminación indirecta contra niños migrantes, uso desproporcionado de datos personales y quiebre de la confidencialidad médico-paciente.
También podría discutirse si Chile incumple obligaciones derivadas de tratados internacionales, especialmente en materia de infancia y derechos humanos.
El Gobierno de Kast puede intentar presentar la medida como una herramienta administrativa. Pero si afecta a niños, pacientes y profesionales sanitarios, tendrá que defenderla bajo un estándar jurídico mucho más exigente.
Chile necesita una política migratoria firme, seria y ordenada. Pero una política seria no puede convertir hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles en instrumentos de miedo.
El Gobierno de José Antonio Kast tiene derecho a controlar la migración irregular. Lo que no puede hacer es ignorar que los niños migrantes están protegidos por normas chilenas e internacionales, que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial y que la relación médico-paciente se sostiene sobre confidencialidad, reserva y confianza.
Si una familia deja de llevar a su hijo al colegio por miedo a ser reportada, el Estado fracasa. Si un paciente evita un hospital por temor a Migraciones, el Estado fracasa. Si un médico es presionado para actuar contra la confianza clínica, el Estado fracasa.
La pregunta ya no es solo si Chile puede pedir datos. La pregunta es si el Gobierno está dispuesto a sacrificar salud pública, educación, infancia y confidencialidad médica para acelerar expulsiones.
Y ahí la frontera política se vuelve peligrosa: cuando una política migratoria empuja a niños fuera del colegio, aleja familias del sistema de salud y convierte al médico en informante, deja de ser orden y empieza a parecer vulneración de derechos.
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