Leire Pajín defiende que España ha impulsado cambios en las reglas europeas para ampliar hasta 2030 los derechos gratuitos de emisión y dar más margen a una industria cerámica sometida a elevados costes energéticos y ambientales.
La industria cerámica de Castellón afronta una nueva batalla decisiva en Bruselas. La eurodiputada socialista Leire Pajín ha defendido la actuación de España para conseguir que la Unión Europea flexibilice temporalmente las exigencias vinculadas al coste de las emisiones de CO₂, una cuestión especialmente sensible para un sector intensivo en energía y con importantes inversiones pendientes para su descarbonización.
El punto clave es una propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado 17 de julio, que plantea aumentar hasta 2030 los derechos gratuitos de CO₂ asignados a determinadas industrias. De prosperar durante la negociación comunitaria, la medida reduciría parcialmente la factura que deben soportar las empresas mientras transforman sus procesos productivos.
Para el clúster cerámico castellonense, concentrado principalmente en la provincia de Castellón, el debate no es menor: competitividad, inversión, producción industrial y empleo dependen en parte de cómo quede configurado finalmente el marco europeo.
Pajín defiende el papel de España ante Bruselas
La eurodiputada del PSPV-PSOE Leire Pajín sostiene que España lleva meses reclamando a las instituciones comunitarias que tengan en cuenta las particularidades de industrias como la cerámica.
Según Pajín, no todos los sectores parten de las mismas condiciones ni disponen actualmente de idénticas alternativas tecnológicas para eliminar sus emisiones.
«Las empresas cerámicas tienen que invertir mucho dinero para reducir emisiones y necesitan unas reglas que les permitan hacer esa transformación sin perder producción ni puestos de trabajo», ha señalado.
El argumento apunta directamente a uno de los grandes dilemas de la política industrial europea: cómo avanzar hacia la descarbonización sin provocar una pérdida de competitividad frente a productores de terceros países sometidos a exigencias ambientales diferentes.
Más derechos gratuitos de CO₂ hasta 2030
La propuesta comunitaria presentada el 17 de julio supondría ampliar hasta 2030 los derechos gratuitos de emisión recibidos por la industria.
En términos prácticos, estos derechos permiten que determinadas instalaciones industriales no tengan que adquirir en el mercado la totalidad de los permisos correspondientes a sus emisiones.
Su ampliación podría, por tanto, reducir parte del impacto económico del CO₂ durante el periodo de transición.
Desde el PSOE consideran que esta fórmula proporcionaría a las fábricas de Castellón un plazo adicional para ejecutar inversiones, transformar hornos y procesos y avanzar hacia tecnologías menos intensivas en carbono.
Sin embargo, la propuesta todavía no constituye el resultado definitivo. Queda por delante la correspondiente negociación europea y será ahí donde se determinará su alcance real.
La transición verde choca con la realidad industrial
La discusión sobre el CO₂ tiene especial relevancia para Castellón porque la fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos requiere procesos térmicos a altas temperaturas.
La descarbonización de estas actividades plantea dificultades diferentes a las de otros sectores.
No basta simplemente con sustituir una fuente energética por otra de manera inmediata. Las empresas necesitan tecnologías técnicamente viables, disponibilidad energética suficiente y, sobre todo, costes que permitan competir en los mercados internacionales.
Esta realidad explica por qué el sector lleva años reclamando que la transición energética europea tenga en cuenta las características específicas de las industrias intensivas en energía.
La cuestión fundamental es evitar que unas exigencias ambientales más duras en Europa terminen desplazando producción hacia países con estándares menos estrictos, fenómeno conocido como fuga de carbono.
El coste de transformar las fábricas
Pajín insiste precisamente en que la industria cerámica necesita realizar inversiones importantes para reducir sus emisiones.
La transición puede implicar modificaciones de instalaciones, incorporación de nuevas tecnologías, mejoras de eficiencia energética y cambios en los combustibles empleados.
Todo ello requiere capital.
Y mientras esa transformación se produce, el precio de los derechos de emisión constituye un coste adicional para las empresas.
De ahí que el debate sobre las asignaciones gratuitas hasta 2030 tenga una dimensión que supera ampliamente la política climática: afecta directamente a la política industrial europea.
El PSOE y el PP trasladan su batalla a la defensa de la cerámica
La cuestión ha generado también un nuevo enfrentamiento político entre PSOE y PP.
Pajín ha rechazado las acusaciones populares sobre una supuesta falta de iniciativa del Gobierno español ante Bruselas.
La eurodiputada sostiene que España sí ha presentado propuestas, mantenido conversaciones y buscado alianzas con otros países para modificar las reglas.
«Decir que España no ha presentado propuestas ni ha buscado alianzas es faltar a la verdad», ha afirmado.
Según Pajín, detrás de la propuesta comunitaria existe un trabajo previo de negociación que ahora debe continuar durante la tramitación.
La socialista también ha pedido al PP que presente sus propias aportaciones y ha defendido la posibilidad de construir una posición conjunta alrededor de los intereses industriales de Castellón.
La clave será el texto definitivo de Bruselas
Más allá de la disputa partidista, el elemento verdaderamente determinante para las empresas será cómo termine redactándose la normativa europea.
Una propuesta inicial favorable puede experimentar modificaciones durante las negociaciones entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros.
Por ello, será necesario conocer cuestiones como qué instalaciones podrán beneficiarse, cuál será exactamente el volumen de derechos gratuitos, qué requisitos deberán cumplir las empresas y cómo evolucionará la reducción progresiva de estas ayudas durante la transición climática.
Es precisamente ahí donde la industria cerámica castellonense tendrá que mantener la presión institucional.
Pajín asegura que continuará trabajando durante la tramitación y manteniendo conversaciones con las empresas para incorporar sus reivindicaciones.
Competir fuera de Europa, el otro gran desafío
El problema de fondo para la cerámica de Castellón es que su competencia no termina en las fronteras comunitarias.
Los fabricantes españoles participan en un mercado internacional donde existen productores sometidos a costes energéticos, laborales y ambientales distintos.
Europa quiere avanzar hacia una industria climáticamente neutra, pero esa transformación tendrá que convivir con una realidad económica difícil de ignorar: si fabricar dentro de la UE resulta sustancialmente más caro que hacerlo fuera, aumenta el riesgo de pérdida de inversión y producción.
La protección frente a esa competencia exterior constituye precisamente una de las razones del desarrollo del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea.
El desafío consiste en conseguir que las políticas ambientales europeas reduzcan realmente las emisiones globales y no se limiten a trasladar la producción industrial fuera del continente.
Castellón se juega una industria estratégica
La discusión comunitaria adquiere una dimensión especial en una provincia donde la cerámica constituye uno de los principales pilares industriales.
No se trata únicamente de las grandes fábricas de azulejos. Alrededor del sector existe una extensa cadena económica formada por proveedores, esmaltes y fritas, maquinaria, logística, transporte, servicios técnicos y numerosas empresas auxiliares.
Por eso, cualquier incremento estructural de los costes de fabricación termina repercutiendo mucho más allá de las instalaciones directamente afectadas.
La defensa de la competitividad del clúster debería situarse, por tanto, por encima de la confrontación partidista entre PSOE y PP.
Descarbonizar sin desindustrializar
Europa tiene ante sí una ecuación especialmente complicada.
La industria deberá reducir progresivamente sus emisiones, pero una transición climática que termine expulsando fábricas, inversiones y empleos hacia terceros países difícilmente puede considerarse un éxito industrial.
La propuesta para mantener un mayor margen mediante derechos gratuitos de CO₂ hasta 2030 ofrece cierto oxígeno a sectores como la cerámica castellonense, aunque todavía queda por conocer el resultado definitivo de las negociaciones.
Pajín considera que la iniciativa demuestra el trabajo realizado por España en Bruselas. El PP cuestiona la actuación del Ejecutivo. Pero para Castellón el debate verdaderamente importante será otro: si las reglas finales permitirán a las empresas descarbonizar sus fábricas sin perder competitividad, producción ni empleo por el camino.
La transición ecológica necesita objetivos ambientales exigentes, pero también una política industrial capaz de entender cómo funciona una fábrica. Castellón se juega demasiado como para que la defensa de su cerámica quede reducida a una batalla de siglas.
