La fiscal jefa Silvia Rojas advierte de una situación «sin precedentes» y de la presión que soporta la ciudad tras la crisis migratoria. Reclama trasladar menores a la Península para aliviar el sistema.
La Fiscalía de Ceuta ha lanzado una seria advertencia sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. Su máxima responsable, Silvia Rojas, asegura que se está registrando «casi una agresión sexual al día» y reconoce abiertamente que existe «preocupación».
La valoración adquiere especial relevancia por la experiencia de Rojas: lleva 22 años destinada en la Fiscalía de Ceuta y ya ocupaba responsabilidades en el organismo durante la crisis migratoria de 2021. Su diagnóstico sobre el escenario actual es contundente: considera que no resulta comparable con aquel episodio y habla de una situación sin precedentes.
«Casi una agresión sexual al día» en Ceuta
El incremento de asuntos relacionados con agresiones sexuales es uno de los elementos que más inquietud genera en la Fiscalía.
Rojas reconoce la existencia de una preocupación específica por estos delitos y por la capacidad de las instituciones ceutíes para gestionar una situación extraordinaria mientras soportan simultáneamente una elevada presión migratoria.
Su advertencia llega después de la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, una crisis que ha dejado a miles de personas en Ceuta y ha tensionado los servicios públicos, los dispositivos de acogida y los recursos destinados a menores.
Es importante, no obstante, diferenciar ambos fenómenos: la declaración de la fiscal sobre las agresiones sexuales no permite atribuir automáticamente esos delitos al conjunto de los migrantes llegados a Ceuta, ni establecer una relación causal general sin estadísticas desglosadas sobre autores, denuncias y procedimientos.
La Fiscalía habla de una situación «sin precedentes»
La experiencia profesional de Silvia Rojas convierte su valoración en una de las más significativas conocidas desde el comienzo de la crisis.
Rojas fue nombrada fiscal jefa del área de Ceuta en octubre de 2020 y renovada en el puesto en noviembre de 2025. Vivió desde primera línea la crisis fronteriza de 2021, pero considera que el escenario actual tiene una dimensión diferente.
La ciudad se enfrenta simultáneamente a problemas de acogida, seguridad, atención de menores y saturación administrativa y judicial, mientras continúa el enfrentamiento político sobre la respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Trasladar menores a la Península para aliviar Ceuta
La fiscal jefa considera que una de las medidas necesarias para reducir la presión consiste en distribuir menores hacia la Península, evitando que toda la responsabilidad recaiga sobre una ciudad de dimensiones y recursos limitados.
La cuestión de los menores se ha convertido precisamente en uno de los grandes focos de la crisis.
Desde el Gobierno y diferentes fuerzas políticas se han planteado traslados a otras comunidades autónomas, mientras continúa el debate sobre la capacidad de acogida, la tutela de los menores y los procedimientos administrativos correspondientes.
La prioridad legal en estos casos debe ser determinar correctamente la edad y circunstancias de cada persona y garantizar el interés superior del menor, al mismo tiempo que las administraciones mantienen el control y funcionamiento de los servicios públicos.
Una nueva advertencia sobre la presión que soporta Ceuta
Las palabras de la fiscal jefa añaden una dimensión judicial y de seguridad a una crisis que ya ha provocado un profundo enfrentamiento político.
Mientras el Gobierno defiende su actuación y la cooperación con Marruecos, desde diferentes partidos se exigen explicaciones sobre qué información manejaban las autoridades antes de las entradas masivas y cómo piensa el Estado aliviar la situación de Ceuta.
Ahora es la propia responsable de la Fiscalía quien alerta de la gravedad del escenario.
Y su frase difícilmente puede pasar inadvertida: «Hay casi una agresión sexual al día. Hay preocupación».
La magnitud exacta del fenómeno deberá evaluarse con datos oficiales completos sobre denuncias, investigaciones y procedimientos. Pero la advertencia de la máxima responsable de la Fiscalía ceutí evidencia que la presión sobre Ceuta ya no constituye únicamente un problema migratorio o político: también está poniendo a prueba la capacidad de sus instituciones.
