Decenas de extranjeros acuden a organismos como el INSS tras recibir resoluciones provisionales favorables. Las ONG alertan de un cuello de botella: deben pagar una tasa y aportar el justificante en solo 10 días, mientras conseguir cita por internet resulta complicado para quienes todavía carecen de documentación definitiva.
La regularización de extranjeros está provocando colas y problemas administrativos en Castellón. Desde primera hora de la mañana se están registrando concentraciones de solicitantes ante organismos públicos para completar los trámites necesarios y evitar que sus expedientes queden paralizados o decaigan por incumplir los plazos.
Uno de los puntos donde la situación resulta más visible es la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la plaza Borrull de Castelló, donde numerosos ciudadanos extranjeros esperan para realizar gestiones relacionadas con sus solicitudes.
El problema no reside únicamente en el volumen de expedientes. Las ONG que trabajan con inmigrantes señalan una combinación especialmente problemática: plazos de apenas 10 días, trámites presenciales y dificultades para conseguir una cita electrónica cuando el solicitante todavía no dispone de documentación oficial definitiva.
La regularización provoca colas en Castellón
El aumento de usuarios coincide con un momento decisivo para numerosos solicitantes.
Según explica Esperanza Meléndez, presidenta de SomCustòdia, muchos extranjeros han comenzado a recibir durante estos días un informe provisional favorable sobre su solicitud de regularización.
La resolución provisional, sin embargo, no supone que el procedimiento haya terminado.
Los beneficiarios tienen que completar nuevos trámites para que el expediente pueda continuar.
Entre ellos se encuentra el pago de una tasa, que puede realizarse en una entidad bancaria o mediante un cajero utilizando el correspondiente código de barras.
Después aparece el segundo problema: acreditar ante la Administración que esa cantidad ha sido abonada.
Un plazo de 10 días para presentar el justificante
Una vez realizado el pago, el solicitante tiene que aportar el justificante al expediente electrónico antes de que transcurra el plazo establecido de 10 días.
Para hacerlo puede recurrir a Correos o a organismos colaboradores, entre los que se encuentra el INSS.
Ese requisito estaría detrás de una parte de las colas observadas estos días en la plaza Borrull.
«Si no se atiende a ese requerimiento en ese periodo, les puede caer abajo todo el expediente», advierte Meléndez.
El temor de los afectados resulta comprensible: después de iniciar el procedimiento y obtener una respuesta provisional favorable, un problema burocrático en esta última fase puede poner en peligro la continuidad de la solicitud.
El problema añadido: conseguir una cita por internet
A la presión del plazo se suma una paradoja administrativa.
Los solicitantes necesitan acudir a determinados organismos para avanzar hacia la obtención de su documentación, pero precisamente su situación documental dificulta en algunos casos reservar una cita a través de internet.
Las ONG están constatando problemas para conseguir esas citas electrónicas, lo que empuja a numerosos usuarios a presentarse físicamente en las oficinas desde primera hora.
El resultado son las colas que están apareciendo en puntos administrativos de Castellón.
La situación evidencia un problema de gestión: si la Administración fija un plazo breve para responder a un requerimiento, los canales habilitados deberían tener capacidad suficiente para absorber simultáneamente el incremento de solicitudes.
De lo contrario, el cumplimiento del procedimiento termina dependiendo no solo de que el interesado actúe correctamente, sino también de que consiga acceder a tiempo a una oficina.
Las ONG alertan del temor a perder los «papeles»
Para quienes llevan meses intentando regularizar su situación, el problema administrativo tiene consecuencias importantes.
No se trata simplemente de pagar una tasa fuera de plazo.
La preocupación es que un expediente que ha avanzado hasta obtener una respuesta provisional favorable termine decayendo por no aportar a tiempo un documento requerido.
Esta circunstancia explica que muchos solicitantes prefieran acudir directamente a los puntos donde pueden registrar el justificante, aunque eso implique esperar en largas colas.
Las entidades sociales desempeñan además un papel relevante asesorando a personas que pueden encontrarse con dificultades para comprender el procedimiento, realizar el pago o utilizar los sistemas electrónicos de la Administración.
Castellón afronta el impacto administrativo de la regularización
Las imágenes de la plaza Borrull muestran una de las consecuencias menos visibles de cualquier proceso extraordinario o intensivo de regularización: el impacto sobre las oficinas y servicios administrativos encargados de convertir las solicitudes en documentación efectiva.
La gestión no termina cuando se anuncia o aprueba un procedimiento. Después hay que tramitar expedientes, comprobar requisitos, emitir resoluciones, cobrar tasas y registrar documentación.
Cuando miles de procedimientos avanzan simultáneamente, el sistema puede encontrarse con cuellos de botella.
En Castellón, ese problema se está trasladando ahora a los propios solicitantes, que deben cumplir plazos administrativos concretos mientras encuentran dificultades para utilizar los canales ordinarios de cita previa.
El reto no es solo regularizar, sino gestionar el proceso
La situación vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental en cualquier política migratoria: las decisiones deben ir acompañadas de capacidad administrativa suficiente para ejecutarlas.
Un procedimiento de regularización requiere personal, sistemas informáticos, atención presencial y mecanismos capaces de gestionar un incremento extraordinario de expedientes.
También exige información clara para evitar que errores formales terminen multiplicando las incidencias.
Las colas registradas en Castellón no significan por sí solas que todo el sistema administrativo haya colapsado, pero sí muestran una presión significativa en determinados puntos y trámites que está generando preocupación entre los afectados.
La prioridad inmediata para quienes ya han recibido una resolución provisional favorable es mucho más concreta: abonar la tasa correspondiente y asegurarse de que el justificante quede incorporado al expediente dentro de los 10 días establecidos.
Para muchos, después de meses pendientes de su situación administrativa, perder ese plazo puede significar tener que enfrentarse a nuevas dificultades precisamente cuando creían estar cerca de obtener finalmente sus «papeles».
