Lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha podría marcar un antes y un después en el modelo agroalimentario español. Mientras el discurso oficial insiste en la “transición ecológica”, la realidad apunta en otra dirección: luz verde a una de las mayores explotaciones avícolas de Europa en plena crisis hídrica.
La Junta de Castilla-La Mancha ha aprobado la Autorización Ambiental Integrada para una macrogranja en San Clemente (Cuenca) que albergará casi 1 millón de gallinas y producirá hasta 235 millones de huevos al año, un proyecto impulsado por el Grupo Avícola Rujamar que ya ha desatado una fuerte polémica social, política y medioambiental.
Un megaproyecto en el centro de la polémica
La instalación contará con 810.000 gallinas ponedoras y 187.500 aves de recría, lo que la convierte en una infraestructura sin precedentes en España. Según la empresa promotora, generará más de 1.000 toneladas mensuales de gallinaza, un residuo altamente contaminante si no se gestiona adecuadamente.
Organizaciones ecologistas como Greenpeace, junto a plataformas vecinales, han denunciado que se trata de “la explotación más contaminante del país en emisiones de amoníaco”, un gas que impacta directamente en la calidad del aire y la salud pública.
Pero más allá de las cifras, el debate se intensifica por el contexto: escasez de agua, sobreexplotación de acuíferos y tensiones en el mundo rural.
El agua, en el punto de mira
Uno de los aspectos más críticos es el uso de recursos hídricos. La macrogranja dependerá del acuífero Rus-Valdelobos, una masa de agua ya declarada sobreexplotada y vulnerable a nitratos.
Los antecedentes no son tranquilizadores. En zonas cercanas como Casas de Roldán y Casas de los Pinos, el agua de consumo ha sido declarada no apta en mediciones recientes debido a la alta concentración de nitratos, superando los límites legales durante años.
Además, vecinos de Villarrobledo y Ventas de Alcolea han sufrido problemas de suministro por sulfatos, lo que alimenta el temor a un empeoramiento de la situación.
¿Tiene sentido autorizar una instalación de estas dimensiones en un entorno con estrés hídrico evidente?
Choque entre modelo económico y sostenibilidad
El Gobierno regional defiende el proyecto como parte del desarrollo económico rural, pero las críticas apuntan a una contradicción evidente: promover macrogranjas mientras se habla de sostenibilidad y transición ecológica.
Las organizaciones contrarias califican el modelo de “insostenible, destructivo y orientado exclusivamente al beneficio económico”, denunciando además el impacto en el bienestar animal.
En paralelo, el sector recuerda que España compite en mercados internacionales donde la eficiencia y la escala son clave, lo que abre un debate incómodo:
¿es viable mantener la competitividad sin recurrir a macroinstalaciones de este tipo?
Riesgos sanitarios y precedentes recientes
El proyecto también ha reavivado el temor a riesgos sanitarios. En 2025, España registró el sacrificio de casi 3 millones de aves por gripe aviar, un récord preocupante.
Según datos internacionales, desde 2003 se han contabilizado 993 casos de gripe aviar en humanos, con 477 muertes, lo que refuerza la preocupación por la concentración masiva de animales.
Además, la macrogranja se ubicaría a solo 700 metros de una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), lo que incrementa el riesgo de transmisión entre fauna silvestre y ganado.
Alegaciones en marcha y batalla legal
Las plataformas vecinales y organizaciones ecologistas ya han anunciado que presentarán alegaciones tanto al uso de agua como a la normativa estatal sobre explotaciones ganaderas.
El conflicto, por tanto, no ha hecho más que empezar. Se anticipa una batalla administrativa y judicial que podría prolongarse durante meses —o incluso años—.
Un modelo en cuestión
La aprobación de esta macrogranja pone sobre la mesa una cuestión de fondo que divide a España:
¿debe priorizarse la producción intensiva para sostener la economía o apostar por modelos más sostenibles aunque menos rentables?
En un país donde el campo se vacía pero también se industrializa, decisiones como esta no solo afectan al medio ambiente, sino al futuro del mundo rural.
¿Estamos ante una apuesta necesaria para la economía o frente a un nuevo ejemplo de desconexión política con la realidad ambiental y social del territorio?
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