Un documento policial conocido tras la crisis migratoria de Ceuta solicita seis funcionarios para reforzar durante dos meses la gestión de menores extranjeros y los expedientes de devolución.
La gestión de la crisis migratoria de Ceuta vuelve a situar al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska en el centro de la polémica. Un documento interno policial publicado por Libertad Digital recoge la solicitud de seis funcionarios de la escala básica de la Policía Nacional para apoyar la tramitación de expedientes relacionados con menores extranjeros en la ciudad autónoma.
La cifra contrasta con las estimaciones difundidas por fuentes policiales, vecinales y organizaciones que trabajan sobre el terreno, que sitúan en varios miles los menores extranjeros que podrían permanecer en Ceuta. El número exacto, sin embargo, sigue siendo objeto de discrepancias y no debe confundirse con el número de expedientes efectivamente abiertos.
Seis policías para reforzar Extranjería en Ceuta
Según el documento publicado, la petición se produce como consecuencia de la «situación excepcional acaecida en la ciudad de Ceuta» y tiene como objetivo garantizar capacidad de respuesta en la gestión de menores, la tramitación de expedientes de devolución y otras actuaciones relacionadas con extranjería.
La solicitud contempla la adscripción de seis funcionarios de escala básica, segunda categoría, mediante una comisión de servicio con destino en Ceuta.
El periodo inicial previsto para este apoyo es de dos meses, con comienzo el 17 de agosto de 2026.
El documento también establece cuestiones administrativas relativas a las rotaciones, permisos y gastos de alojamiento de los agentes desplazados.
Polémica por el número de menores que permanecen en Ceuta
La dimensión real de la crisis se ha convertido en uno de los principales puntos de enfrentamiento entre las administraciones.
Tras las entradas registradas a finales de julio, diferentes fuentes han ofrecido cifras muy distintas sobre el número de personas que permanecen en la ciudad. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha cuestionado públicamente las estimaciones ofrecidas inicialmente por el Ejecutivo central y ha reclamado más medios para acelerar los procedimientos de extranjería.
Según las estimaciones recogidas por Libertad Digital, el número de menores podría situarse entre 4 000 y 5 000, aunque esta cifra no consta en el documento policial citado y debe considerarse una estimación, no un dato oficial consolidado.
La diferencia es importante: seis agentes de refuerzo no equivalen necesariamente a seis únicos funcionarios gestionando todos los expedientes de extranjería de Ceuta, pero el reducido contingente solicitado ha alimentado las críticas sobre la capacidad administrativa disponible ante una situación extraordinaria.
La devolución de menores no es automática
La situación de los menores extranjeros tiene además una complejidad jurídica particular. Un menor no puede ser expulsado automáticamente como si se tratara de un adulto en situación irregular.
La legislación exige estudiar individualmente cada caso y determinar, entre otros elementos, las circunstancias familiares y qué solución protege mejor el interés superior del menor.
Por ello, una eventual repatriación requiere un procedimiento administrativo con garantías. Precisamente esta exigencia explica que la tramitación pueda ser considerablemente más lenta que la correspondiente a determinadas actuaciones relacionadas con extranjeros adultos.
El debate político está, por tanto, en determinar si el Gobierno ha proporcionado suficientes funcionarios y recursos materiales para afrontar excepcionalmente el volumen de trabajo generado en Ceuta.
Vivas reclama muchos más funcionarios
La polémica llega después de que Juan Jesús Vivas reclamara un dispositivo mucho más amplio para acelerar la gestión de los expedientes.
El presidente de Ceuta planteó movilizar hasta 50 funcionarios especializados en Extranjería, una cifra muy superior a los seis efectivos contemplados en la comisión de servicio conocida ahora.
Vivas considera que la reducción del número de personas que permanecen irregularmente en la ciudad es indispensable para recuperar la normalidad y ha acusado al Gobierno de no reaccionar con la rapidez necesaria.
El contraste entre ambas cifras —seis agentes en el documento conocido frente a los 50 funcionarios reclamados por Vivas— abre un nuevo frente político sobre la respuesta de Interior a la crisis.
Marlaska, bajo presión por la gestión de Ceuta
El Ministerio del Interior afronta así nuevas críticas por la respuesta desplegada después de los acontecimientos de finales de julio.
La cuestión clave será ahora comprobar cuántos expedientes deben tramitarse realmente, qué plantilla total está trabajando en ellos y cuánto tiempo necesitará la Administración para resolverlos con todas las garantías legales.
Porque el documento acredita el envío de un refuerzo concreto de seis funcionarios, pero por sí solo no demuestra que únicamente seis policías estén gestionando todos los casos ni que existan exactamente 5 000 expedientes de repatriación.
Lo que sí evidencia es la magnitud del debate sobre los recursos desplegados en una ciudad sometida durante las últimas semanas a una extraordinaria presión migratoria y administrativa.
