La entrada masiva en Ceuta golpea la imagen de estabilidad que Rabat proyecta al exterior. A las puertas de las elecciones legislativas, las ausencias de Mohamed VI, el creciente protagonismo del príncipe heredero, el descontento juvenil y las históricas reivindicaciones marroquíes sobre territorio español alimentan una crisis que vuelve a poner bajo examen la estrategia de Pedro Sánchez con el país vecino.
Las imágenes de decenas de miles de personas entrando en Ceuta desde Marruecos han mostrado algo más profundo que una emergencia migratoria. Han expuesto ante España y Europa las contradicciones de un país que durante años ha vendido estabilidad mientras acumula desigualdad, desempleo juvenil, autoritarismo y una creciente frustración social.
La crisis llega, además, en un momento especialmente delicado para la monarquía alauí. Mohamed VI, que cumple 63 años este agosto, arrastra problemas de salud conocidos públicamente, protagoniza prolongadas ausencias y comparte cada vez más espacio institucional con el príncipe heredero Mulay Hasán.
Al mismo tiempo, Marruecos se dirige hacia unas elecciones legislativas previstas para el 23 de septiembre, con el inicio de la campaña fijado para el día 10.
La combinación es explosiva: malestar interno, incertidumbre política, presión migratoria sobre España y unas reivindicaciones territoriales que Rabat nunca ha abandonado formalmente respecto a Ceuta y Melilla.
Y sobre todo ello planea una pregunta que Moncloa todavía no ha conseguido despejar: ¿hasta qué punto fue espontáneo lo ocurrido en la frontera de Ceuta y hasta qué punto pudo existir permisividad o instrumentalización desde estructuras del Estado marroquí?
La crisis de Ceuta golpea el relato de Mohamed VI
Cuando Mohamed VI llegó al trono en 1999, Marruecos trató de presentar al nuevo soberano como una ruptura generacional frente al periodo de su padre, Hasán II.
Nació entonces la imagen del denominado “rey de los pobres”: un monarca joven, modernizador y supuestamente próximo a los sectores socialmente más vulnerables.
Más de un cuarto de siglo después, esa narrativa afronta uno de sus momentos más difíciles.
El periodista de investigación marroquí Hicham Mansouri, actualmente exiliado en Francia, considera que las imágenes procedentes de Ceuta han provocado un enorme daño a esa construcción propagandística.
Mansouri sostiene que la exposición de jóvenes, menores, ancianos e incluso bebés intentando alcanzar territorio español entra en contradicción frontal con el discurso oficial de progreso y estabilidad.
Su diagnóstico es especialmente duro: Mohamed VI habría terminado siendo, en sus palabras, “un rey rico que reina sobre los pobres”.
Se trata de la valoración de un periodista crítico con las autoridades marroquíes, no de un hecho objetivo. Pero refleja una corriente de descontento cuya existencia resulta cada vez más difícil de ocultar.
Las ausencias de Mohamed VI alimentan las especulaciones sobre la sucesión
A la tensión social se suma una cuestión extraordinariamente sensible dentro de cualquier monarquía: la continuidad de la Corona.
La salud de Mohamed VI y sus ausencias del país llevan tiempo alimentando especulaciones sobre el futuro.
En paralelo, Mulay Hasán ha adquirido una presencia pública cada vez mayor.
Nada de ello demuestra que exista una transición inmediata, pero el debate sobre la sucesión ha dejado de resultar extraño entre analistas y observadores del país.
Marruecos se encuentra así ante un periodo potencialmente determinante: el sistema debe gestionar simultáneamente una generación joven descontenta, importantes desequilibrios sociales, las próximas elecciones y las dudas alrededor del futuro de la monarquía.
¿Permitió Marruecos la presión sobre Ceuta?
Esta es probablemente la pregunta más importante para España.
Hicham Mansouri sostiene que resulta difícil imaginar que una movilización de semejante dimensión pudiera producirse sin que hubiera sido, al menos, alentada o instrumentalizada por elementos del aparato estatal marroquí.
El periodista menciona expresamente a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el servicio de inteligencia interior de Marruecos, e incluso al Palacio.
Pero introduce una hipótesis adicional: que los acontecimientos terminaran superando las dimensiones inicialmente previstas.
Es una acusación de enorme gravedad que necesita pruebas independientes para poder darse por acreditada. Hasta que estas existan, debe tratarse como la interpretación de una fuente crítica con el régimen.
Sin embargo, existe un precedente que España no puede ignorar.
Ceuta ya sufrió una grave crisis fronteriza en 2021
En mayo de 2021, Ceuta experimentó otra entrada masiva desde territorio marroquí en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabat.
El desencadenante de aquella confrontación fue la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que había entrado para recibir tratamiento médico.
La reacción marroquí desembocó en una crisis fronteriza que puso de manifiesto hasta qué punto la inmigración puede convertirse en una herramienta de presión dentro de las relaciones bilaterales.
Por ello, lo ocurrido ahora no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva humanitaria o migratoria.
España necesita determinar si se enfrentó únicamente a una movilización social extraordinaria o si existió también un componente de coerción política.
El descontento social se extiende por Marruecos
Las causas internas son igualmente importantes.
La modernización de determinadas ciudades, las grandes infraestructuras y la inversión asociada a proyectos internacionales conviven con problemas estructurales que afectan especialmente a los jóvenes.
Desempleo, desigualdad territorial, dificultades para acceder a oportunidades profesionales y percepción de corrupción forman parte del malestar acumulado.
El historiador y profesor universitario Maati Monjib interpreta los acontecimientos de Ceuta como una expresión contra un sistema socioeconómico que considera profundamente desigual y oligárquico.
Sus críticas alcanzan directamente al Gobierno de Aziz Akhannouch, primer ministro nombrado tras las elecciones de 2021 y uno de los empresarios más ricos del país.
La enorme riqueza del jefe del Gobierno y sus intereses empresariales han contribuido a convertirlo en un símbolo para parte de quienes denuncian la proximidad entre poder político y poder económico en Marruecos.
Las elecciones del 23 de septiembre llegan en un momento crítico
Todo ocurre cuando el país se prepara para votar.
Las elecciones legislativas están previstas para el 23 de septiembre de 2026, mientras que la campaña comenzará el 10 de septiembre.
La cita electoral llegará, por tanto, pocas semanas después de una crisis que ha colocado a Marruecos en el centro de la actualidad internacional.
Pero las elecciones marroquíes deben interpretarse dentro de las características específicas de su sistema institucional.
El país dispone de partidos políticos y Parlamento, pero el rey conserva enormes atribuciones y ocupa el centro efectivo del sistema de poder.
Mohamed VI es además comendador de los creyentes, lo que proporciona a la Corona una legitimidad religiosa añadida a la política.
Por ello, el auténtico interrogante no reside únicamente en quién ganará las elecciones, sino en cómo gestionará el Palacio la creciente presión social.
La Generación Z ya desafió al sistema
La frustración juvenil no apareció con la última crisis de Ceuta.
En septiembre de 2025 surgió GenZ212, un movimiento articulado principalmente por jóvenes mediante Discord y otras plataformas digitales.
Las protestas movilizaron a un gran número de ciudadanos bajo una consigna que resumía perfectamente el conflicto de prioridades:
“Menos estadios y más hospitales”.
Los manifestantes denunciaban las deficiencias de la sanidad y educación públicas, el desempleo, la corrupción y las grandes inversiones destinadas a las infraestructuras vinculadas al Mundial de 2030.
Según las cifras recogidas en la información de origen, la respuesta de las autoridades dejó cerca de 6 000 detenidos y más de 2 000 condenados a prisión.
La represión redujo la presencia de las protestas en las calles, pero eso no significa necesariamente que desaparecieran sus causas.
Emigrar como válvula de escape
En este contexto, Europa funciona como una salida para miles de jóvenes.
El economista marroquí Fouad Abdelmoumni considera que la crisis de Ceuta refleja tanto el desasosiego social como la imprevisibilidad del sistema político.
La emigración cumple además una función económica y social para Marruecos: reduce parte de la presión sobre el mercado laboral y genera remesas desde el extranjero.
El problema aparece cuando esa salida deja de producirse individualmente y se convierte en una movilización multitudinaria.
Entonces la emigración puede pasar de ser una válvula silenciosa a convertirse en una fotografía internacional del fracaso de las expectativas de una parte de la población.
Ceuta y Melilla siguen presentes en el nacionalismo marroquí
Para España existe otro elemento que no puede quedar relegado: las reivindicaciones territoriales de Rabat.
Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y las considera territorios pendientes de reintegración.
Aunque Rabat modula esta reivindicación según las circunstancias diplomáticas, nunca ha desaparecido completamente del discurso político marroquí.
La cuestión se integra dentro de una tradición nacionalista mucho más amplia que históricamente ha incluido diferentes concepciones del denominado “Gran Marruecos”.
Algunas versiones históricas de esa doctrina han extendido las aspiraciones territoriales sobre áreas actualmente pertenecientes al Sáhara Occidental, Mauritania, Argelia e incluso Malí.
Eso no significa que todas esas reivindicaciones formen actualmente parte de una política territorial oficial equivalente. Pero sí ayuda a comprender la importancia que posee el territorio dentro del nacionalismo marroquí.
El giro de Sánchez sobre el Sáhara no cerró el problema de Ceuta y Melilla
Aquí aparece uno de los capítulos más polémicos de la política exterior española reciente.
En marzo de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la tradicional posición española sobre el Sáhara Occidental y calificó la propuesta marroquí de autonomía como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto.
La decisión permitió recomponer las relaciones con Rabat después de la grave crisis bilateral.
Pero tuvo un elevado coste diplomático con Argelia, tradicional aliado del Frente Polisario y proveedor energético fundamental para España.
Y, sobre todo, el acercamiento a Marruecos no vino acompañado de una renuncia pública y jurídicamente inequívoca de Rabat a sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla.
Ese punto continúa siendo esencial.
Si España realiza concesiones estratégicas a un vecino que sigue cuestionando la integridad territorial española, el Gobierno tiene la obligación de explicar qué garantías concretas ha obtenido a cambio.
El Sáhara Occidental vuelve a aparecer en el tablero
El Sáhara Occidental continúa siendo el gran telón de fondo de las relaciones entre España, Marruecos y Argelia.
Marruecos controla actualmente la mayor parte del territorio, mientras que el Frente Polisario reclama la autodeterminación saharaui.
Naciones Unidas mantiene al Sáhara Occidental en su lista de territorios no autónomos.
Además, distintas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han incidido en el estatus separado y distinto del Sáhara Occidental respecto de Marruecos a la hora de analizar la aplicación de determinados acuerdos entre Bruselas y Rabat.
La cuestión tiene implicaciones diplomáticas, económicas y jurídicas de primer orden.
El acercamiento de Sánchez a Argelia añade otra pieza
Existe además una coincidencia temporal que resulta políticamente relevante.
El 20 de julio, pocas semanas antes de los acontecimientos de Ceuta, Pedro Sánchez viajó a Argel y mantuvo una reunión con el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune.
Ambos gobiernos acordaron impulsar nuevamente la cooperación bilateral y preparar una VIII Reunión de Alto Nivel.
Paralelamente, avanzó en el Congreso español una iniciativa relacionada con el acceso a la nacionalidad española de los saharauis.
Nada de esto demuestra una relación causal con lo ocurrido posteriormente en Ceuta.
Pero para comprender la política exterior marroquí es necesario tener presente la profunda rivalidad entre Rabat y Argel por el liderazgo regional y, especialmente, por el conflicto del Sáhara.
España necesita una política hacia Marruecos basada en garantías
Marruecos es un vecino estratégico para España. Esa realidad no admite simplificaciones.
La cooperación resulta imprescindible en terrorismo, inmigración irregular, comercio, seguridad fronteriza y estabilidad del Mediterráneo occidental.
Pero precisamente esa importancia obliga a España a mantener una política exterior basada en la reciprocidad y no en la dependencia.
La relación bilateral no puede consistir en que Madrid realice concesiones mientras Rabat conserva instrumentos de presión fronteriza y reivindicaciones sobre territorio español.
La cooperación debe tener límites claros.
La crisis interna marroquí puede convertirse en un problema español
Lo ocurrido en Ceuta demuestra hasta qué punto los problemas internos de Marruecos pueden trasladarse rápidamente al otro lado de la frontera.
Una sociedad joven con escasas expectativas, un régimen sometido a tensiones internas, unas elecciones próximas, incertidumbre alrededor del futuro de Mohamed VI y una política exterior fuertemente nacionalista forman una combinación que España debe observar con máxima atención.
No puede afirmarse sin pruebas que Rabat organizara la última entrada masiva. Tampoco sería prudente ignorar las acusaciones y precedentes que alimentan esa sospecha.
España necesita conocer qué sucedió, reforzar permanentemente la frontera y reducir cualquier vulnerabilidad que permita convertir los flujos migratorios en un instrumento de presión política.
Porque detrás de la crisis migratoria existe una cuestión de mayor alcance: la estabilidad futura de Marruecos afecta directamente a la seguridad nacional española.
Y después de lo ocurrido en Ceuta, confiar únicamente en las buenas relaciones entre Moncloa y Rabat ya no parece una respuesta suficiente.
