Fátima Matute acusa a la ministra de Sanidad de «incoherencia» por recurrir a proveedores privados en Ceuta mientras cuestiona la colaboración público-privada madrileña.
La batalla política por la sanidad pública abre un nuevo frente para Mónica García. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado a la ministra de mantener un doble discurso después de que la Administración sanitaria estatal recurriera a servicios privados en Ceuta, mientras García ha convertido durante años la colaboración público-privada de Madrid en uno de sus principales argumentos políticos.
La polémica adquiere especial relevancia porque la asistencia sanitaria de Ceuta depende directamente del Estado a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Es decir, en este caso el Ministerio no puede atribuir la gestión ordinaria a una comunidad autónoma.
Matute considera que esa circunstancia deja al descubierto una contradicción política: externalizar determinados servicios no constituye por sí mismo una privatización, precisamente el argumento que Madrid lleva años utilizando frente a las críticas de la izquierda.
Matute acusa a Mónica García de un doble rasero sanitario
La consejera madrileña lanzó sus acusaciones durante una entrevista en La noche de Cuesta, donde calificó a García de «contradicción e incoherencia personificada».
Matute rechazó que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso esté privatizando la sanidad madrileña y defendió la utilización complementaria de recursos privados cuando estos permiten prestar asistencia financiada públicamente.
«En la Comunidad de Madrid no estamos privatizando nada. Usamos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para dar el mejor servicio sanitario público», afirmó.
La cuestión de fondo es relevante: financiación pública, provisión pública y prestación privada no son conceptos equivalentes.
Un servicio sanitario puede continuar siendo gratuito para el paciente y financiado mediante impuestos aunque determinadas pruebas, tratamientos o prestaciones sean realizadas por una empresa privada mediante un contrato con la Administración.
Precisamente ahí aparece la contradicción política denunciada por Matute.
Ceuta coloca a Sanidad ante sus propias críticas a Madrid
Ceuta y Melilla presentan una particularidad dentro del sistema sanitario español.
Mientras las comunidades autónomas gestionan sus propios servicios de salud, en ambas ciudades autónomas la asistencia depende de Ingesa, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.
Por eso, cualquier recurso relevante a proveedores privados dentro de ese sistema afecta directamente al debate sobre el modelo defendido por Mónica García.
Matute sostiene que el Ministerio «externaliza mucho más» que otras administraciones y acusa a García de recurrir a las mismas herramientas que censura cuando son utilizadas en Madrid.
La crítica política tiene fundamento en un aspecto concreto: si la colaboración con empresas sanitarias privadas es aceptable para solucionar necesidades asistenciales en Ceuta, resulta difícil sostener que esa fórmula sea intrínsecamente ilegítima cuando la emplea otra Administración.
Otra cuestión diferente —y necesaria para realizar una comparación rigurosa— es analizar el volumen de las externalizaciones, su coste, duración, resultados y peso dentro del presupuesto sanitario de cada territorio.
El debate sobre Quirónsalud eleva la presión
La controversia se ha intensificado después de conocerse el recurso a servicios vinculados a Quirónsalud en Ceuta, precisamente uno de los grupos privados que aparece recurrentemente en el debate político madrileño.
La discusión, por tanto, trasciende un contrato concreto.
Durante años, Más Madrid y la propia García han denunciado el peso de la sanidad privada concertada dentro del modelo madrileño. El Gobierno regional responde que concertar prestaciones no equivale a privatizar el sistema sanitario, siempre que la asistencia siga financiándose públicamente y mantenga su carácter universal en los términos establecidos legalmente.
Ahora Madrid utiliza la gestión de Ceuta para devolver ese argumento al Ministerio.
«Ella sí que externaliza y mucho más que otras comunidades autónomas y desde luego que la Comunidad de Madrid», aseguró Matute.
La afirmación cuantitativa de la consejera requiere, no obstante, comparar datos homogéneos de contratación y gasto antes de concluir qué Administración externaliza proporcionalmente más.
Externalizar no es necesariamente privatizar
La polémica vuelve a poner sobre la mesa una distinción que frecuentemente desaparece del enfrentamiento partidista.
Externalizar significa que una Administración encarga mediante contrato una determinada prestación a una entidad externa.
Privatizar, en sentido estricto, supone trasladar al ámbito privado una actividad, empresa o activo que anteriormente pertenecía o era gestionado por el sector público.
Ambas fórmulas pueden relacionarse, pero no son automáticamente equivalentes.
En el Sistema Nacional de Salud español existen desde hace décadas diferentes modalidades de colaboración con entidades privadas. El verdadero debate debería centrarse en cuestiones medibles: coste para el contribuyente, tiempos de espera, calidad asistencial, transparencia contractual, resultados clínicos y capacidad del sistema público.
Utilizar «privatización» como una etiqueta política para cualquier contratación externa dificulta ese análisis.
La crisis de Ceuta agrava el enfrentamiento
La controversia llega además en plena crisis migratoria de Ceuta, que ha sometido los servicios públicos de la ciudad a una presión extraordinaria.
Mónica García ha rechazado que pueda hablarse propiamente de un colapso sanitario, aunque ha reconocido el «sobreesfuerzo» de los profesionales.
El Ministerio y el Gobierno ceutí mantienen además un enfrentamiento sobre la respuesta desplegada.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado duramente la actuación del Ejecutivo central, mientras García ha reprochado a las autoridades locales no haber habilitado con suficiente rapidez determinados espacios para gestionar la emergencia.
La discusión ha dejado de ser exclusivamente sanitaria para convertirse en otro capítulo del choque entre administraciones por la respuesta a la crisis.
Matute: «Estoy avergonzada»
Fátima Matute endureció considerablemente su discurso al analizar la actuación del Gobierno.
«Estoy avergonzada, primero como española y luego como médico», aseguró la consejera madrileña.
Matute llegó a calificar la actuación de García como una «traición absoluta a España», una valoración política especialmente dura que debe distinguirse de los hechos objetivos sobre la gestión sanitaria.
También acusó a la ministra de intentar descargar responsabilidades sobre el Gobierno ceutí pese a que la competencia sanitaria corresponde en Ceuta al Estado.
La consejera madrileña anunció además que la Comunidad de Madrid está dispuesta a colaborar con las autoridades de la ciudad autónoma y ofrecer los recursos que puedan resultar necesarios.
El brote de sarna entre militares añade preocupación
Matute también se refirió al brote de sarna detectado entre militares desplazados a Ceuta, dentro de un contexto marcado por la elevada presión sobre determinados servicios públicos.
Este tipo de episodios exige separar cuidadosamente la vigilancia epidemiológica del enfrentamiento político.
La presencia de una enfermedad transmisible en un colectivo concreto no permite por sí misma concluir que exista una epidemia generalizada, y cualquier valoración sobre riesgos sanitarios debe basarse en información epidemiológica de las autoridades competentes.
Sin embargo, sí aumenta la presión para que Sanidad explique qué dispositivos ha desplegado, cuáles son los protocolos de vigilancia y qué capacidad adicional existe ante un incremento extraordinario de la demanda.
La competencia estatal convierte Ceuta en un examen para Mónica García
El elemento políticamente más delicado para la ministra es precisamente que Ceuta constituye uno de los pocos territorios donde Sanidad tiene una responsabilidad gestora directa.
Eso convierte la ciudad en una especie de prueba práctica para el modelo que García ha defendido desde la oposición madrileña y posteriormente desde el Gobierno central.
Criticar la colaboración público-privada es relativamente sencillo desde el debate político. Gestionar un sistema sometido a presión obliga, en cambio, a decidir con los recursos disponibles.
Y si el Ministerio considera legítimo acudir a proveedores privados cuando necesita ampliar rápidamente la capacidad asistencial, la discusión sobre Madrid debería centrarse en la eficiencia y transparencia de sus contratos, no en demonizar automáticamente cualquier externalización.
Una contradicción política que García tendrá que explicar
La ofensiva de Matute no demuestra por sí sola que ambos modelos sanitarios sean idénticos. Ceuta y Madrid tienen poblaciones, presupuestos, estructuras hospitalarias y necesidades radicalmente diferentes, por lo que equipararlos sin datos sería simplista.
Pero sí plantea una pregunta legítima para Mónica García.
Si recurrir a empresas privadas puede resultar útil para garantizar una prestación sanitaria pública cuando el sistema lo necesita, ¿por qué esa herramienta es presentada como una amenaza para la sanidad pública cuando la utiliza Madrid?
Ese es el verdadero núcleo de la polémica.
La coherencia exige aplicar los mismos criterios independientemente del color político de la Administración que toma la decisión. Los contratos sanitarios deben juzgarse por sus resultados, coste, transparencia y calidad asistencial, no exclusivamente por quién los firma.
Y en plena crisis de Ceuta, Mónica García se encuentra ahora ante el desafío de explicar una fórmula de colaboración con el sector privado muy parecida en su naturaleza a la que tantas veces ha cuestionado políticamente.
