Pardo de Vera desmonta informe IGAE en un extenso escrito presentado ante la Audiencia Nacional en el que la defensa de la ex presidenta de ADIF cuestiona de forma frontal las conclusiones de la Intervención General de la Administración del Estado. El documento también acusa a la Fiscalía Anticorrupción de analizar los contratos públicos con “sesgo retrospectivo”, lo que, según su versión, invalida parte de las conclusiones alcanzadas.
La ex alto cargo Isabel Pardo de Vera defiende que todos los procedimientos de contratación se ajustaron a la legalidad vigente y que existían informes favorables previos emitidos por los órganos jurídicos y técnicos competentes.
Pardo de Vera desmonta informe IGAE y defiende la legalidad de los contratos
El informe de la Unidad de Apoyo de la IGAE, fechado el 2 de marzo de 2026, analizó expedientes de contratación de ADIF, ADIF-Alta Velocidad y la Dirección General de Carreteras. Según la Intervención, se detectaron posibles irregularidades en distintos procesos de adjudicación.
Sin embargo, la defensa de Pardo de Vera, en un escrito de 22 páginas, sostiene que dichas conclusiones no tienen en cuenta el conjunto del procedimiento administrativo ni los informes previos emitidos por los órganos competentes.
En este contexto, Pardo de Vera desmonta informe IGAE al argumentar que todas las licitaciones fueron aprobadas tras cumplir con los trámites obligatorios establecidos por la normativa.
Informe favorable de los órganos técnicos
Uno de los pilares de la defensa es la existencia de informes favorables emitidos por la Asesoría Jurídica de ADIF y por la Inspección General del Ministerio correspondiente. Según el escrito, estos documentos avalaban la legalidad de los expedientes antes de su aprobación final.
La defensa insiste en que la Intervención Delegada también realizó auditorías periódicas sin formular reparos sustanciales sobre los procedimientos ahora cuestionados. Por ello, sostiene que no es coherente reinterpretar posteriormente los expedientes como irregulares.
Este argumento refuerza la tesis de que Pardo de Vera desmonta informe IGAE al poner en duda la validez de una revisión ex post que no contrasta adecuadamente con el control previo ya realizado.
Acusación de sesgo en el análisis de la Fiscalía
Uno de los puntos más polémicos del escrito es la acusación de “sesgo retrospectivo” dirigida a la Fiscalía Anticorrupción. Según la defensa, el análisis de la IGAE parte del resultado final de los contratos, sin tener en cuenta el contexto en el que se tomaron las decisiones.
Este enfoque, según el abogado de Pardo de Vera, distorsiona la valoración de los hechos y genera conclusiones que no se corresponden con la realidad administrativa del proceso.
En este sentido, Pardo de Vera desmonta informe IGAE al sostener que cualquier evaluación debe considerar el conjunto de informes técnicos y jurídicos que respaldaron cada expediente.
Críticas a la falta de contraste técnico
El escrito también señala que el informe de la IGAE no aporta un análisis técnico alternativo que contradiga las decisiones adoptadas por los órganos de contratación. Según la defensa, esta ausencia de contraste debilita su valor probatorio.
Además, se subraya que las valoraciones realizadas por la Intervención se basan en interpretaciones posteriores que no identifican errores concretos en los procedimientos administrativos.
Por ello, la defensa insiste en que Pardo de Vera desmonta informe IGAE al demostrar que no existe una base técnica sólida que invalide las decisiones adoptadas.
Legalidad de los procedimientos de ADIF
La defensa recalca que todas las adjudicaciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración de ADIF o ADIF-Alta Velocidad tras cumplir con todos los requisitos legales. Esto incluye informes jurídicos, económicos y técnicos que avalaban cada fase del proceso.
Según el escrito, la existencia de estos controles internos hace inviable considerar que existiera una irregularidad generalizada en la contratación pública.
En este punto, el argumento central vuelve a repetirse: Pardo de Vera desmonta informe IGAE al defender que no puede ignorarse la cadena institucional de supervisión previa.
Cuestionamiento del valor del informe de la IGAE
Otro de los aspectos destacados es la afirmación de que el informe de la IGAE “carece de valor invalidante” por basarse en hipótesis generales sin pruebas técnicas concretas. La defensa considera que no puede sustituir a las decisiones de los órganos especializados que participaron en los expedientes.
Asimismo, se critica que el informe se presente como una corrección global de procedimientos ya auditados y aprobados en su momento.
Este punto refuerza la estrategia jurídica que sostiene que Pardo de Vera desmonta informe IGAE al cuestionar su capacidad para anular decisiones administrativas consolidadas.
El caso abierto en la Audiencia Nacional continúa generando un intenso debate jurídico sobre la validez de los controles administrativos en la contratación pública. La defensa de Isabel Pardo de Vera insiste en que todos los procedimientos se ajustaron a la normativa y contaron con múltiples niveles de supervisión.
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción mantiene sus investigaciones sobre posibles irregularidades en distintos contratos públicos.
En este escenario, el hecho de que Pardo de Vera desmonta informe IGAE se convierte en un elemento central del procedimiento, marcando una clara confrontación entre la versión de la defensa y las conclusiones de los órganos de control.
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