La investigación sobre la presunta trama de corrupción vinculada al entorno del PSOE sigue creciendo. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un nuevo paso al ampliar el número de investigados e incorporar a altos cargos públicos y empresarios en una causa que ya apunta a una supuesta red organizada de adjudicaciones irregulares y tráfico de influencias.
La decisión judicial afecta a 25 nuevos investigados, entre ellos la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, además de responsables empresariales vinculados al denominado caso Forestalia y varios altos cargos de organismos públicos.
Pedraz amplía la investigación con 25 nuevos investigados
Según la providencia dictada por el magistrado Santiago Pedraz, la investigación incorpora a Belén Gualda, presidenta de la SEPI, junto a otros 24 nuevos investigados por su presunta participación en una trama relacionada con el amaño de contratos públicos y la concesión irregular de ayudas financieras.
La resolución se enmarca dentro de la conocida como macrocausa del caso Leire Díez, una investigación que inicialmente se centraba en el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso, vinculado a Servinabar, y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Forestalia, también bajo el foco judicial
Entre los nuevos investigados figura Fernando Samper, expresidente de Forestalia, junto con Eduardo Pérez Águeda y Roberto Pérez Águeda, considerados presuntos testaferros dentro de la investigación.
El juez también ha acordado citar como investigados a responsables de diferentes organismos públicos y empresas estatales, entre ellos:
- José Vicente Berlanga, expresidente de ENUSA.
- Rosario Arévalo, directora corporativa de ENUSA y exconsejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
- Francisco Javier López Buciega, directivo de Acciona.
- Teresa Castillo Pasalodos, directora de Desarrollo Corporativo de ISDEFE.
- José Ramón Sempere Vera, director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Asimismo, aparecen investigados varios exdirectivos y responsables de la propia SEPI, así como un alto cargo del Ministerio de Hacienda.
La Fiscalía habla de un «patrón coordinado y estructurado»
La resolución judicial hace suyos los argumentos expuestos por la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que los indicios recabados apuntan a una actuación organizada y continuada.
Según el Ministerio Público:
«Se desprende, al menos de forma indiciaria, la existencia de un patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado por parte de los investigados.»
La Fiscalía considera que esta supuesta dinámica habría afectado a distintos procedimientos de contratación pública y a la concesión de ayudas económicas mediante la utilización de influencias sobre responsables de organismos públicos.
Una presunta red entre cargos públicos y empresarios
El auto judicial sostiene que los principales investigados habrían actuado como intermediarios entre intereses empresariales y responsables de la Administración para influir en adjudicaciones públicas y decisiones administrativas.
Según recoge el magistrado, la investigación apunta a que:
- Se habría influido en procesos de contratación pública.
- Se habrían favorecido determinadas adjudicaciones.
- Se habrían canalizado ayudas públicas presuntamente irregulares.
- Todo ello habría contado con la colaboración de personas pertenecientes tanto al sector público como al privado.
Delitos investigados
El juez considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de varios delitos graves, entre ellos:
- Tráfico de influencias.
- Malversación de caudales públicos.
- Prevaricación administrativa.
- Organización criminal.
La instrucción continúa abierta y las nuevas citaciones permitirán al magistrado determinar el grado de participación de cada uno de los investigados en una causa que se ha convertido en una de las investigaciones por presunta corrupción política más relevantes de los últimos años.
Una macrocausa en plena expansión
Con estas nuevas imputaciones, el procedimiento judicial amplía significativamente su alcance y afecta ya a responsables de empresas públicas, organismos estatales y compañías privadas.
La evolución de la investigación marcará los próximos meses, en los que la Audiencia Nacional continuará tomando declaración a los nuevos investigados y analizando la documentación incorporada a una causa que sigue creciendo y que podría tener importantes consecuencias políticas y judiciales.
