Dos hombres han sido detenidos en Lorca por una trama que utilizaba los datos de empresas reales para conseguir mercancía a crédito. El fraude consumado supera los 66 000 euros.

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular un presunto grupo criminal dedicado a suplantar empresas legítimas para engañar a proveedores de diferentes provincias españolas. Los investigadores han identificado hasta el momento 14 empresas afectadas y cifran el perjuicio económico de las estafas consumadas en más de 66 000 euros.

La operación, denominada «Daifum» y «Cuper», terminó con la detención de dos hombres de 27 y 46 años. La investigación apunta a un método especialmente elaborado: los sospechosos utilizaban datos mercantiles auténticos para aparentar solvencia, encargaban productos a crédito y organizaban su recogida en lugares escogidos para dificultar posteriormente su localización.

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Una estafa empresarial que se extendió por varias provincias

Las pesquisas han permitido localizar empresas afectadas en Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia y Navarra, lo que refleja la dimensión territorial que había adquirido la actividad investigada.

De acuerdo con la información disponible, 10 empresas fueron víctimas de estafas consumadas, mientras que los investigadores detectaron también tentativas de fraude. Una de las operaciones que pudo ser frustrada antes de completarse ascendía por sí sola a 62 000 euros en equipos de climatización.

El caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales riesgos de las operaciones comerciales a distancia: que la identidad corporativa de una empresa solvente sea utilizada por delincuentes para ganarse la confianza de terceros.

Así suplantaban a empresas reales

El procedimiento investigado iba mucho más allá de utilizar simplemente el nombre de una compañía.

Según las pesquisas, los responsables empleaban la denominación social, el CIF, el domicilio y documentación mercantil de empresas auténticas. También creaban direcciones de correo electrónico destinadas a reforzar la apariencia de legitimidad.

De esta manera, contactaban con proveedores haciéndose pasar presuntamente por responsables de compañías reales.

Una vez construida esa identidad ficticia, solicitaban presupuestos y efectuaban pedidos de material de climatización, calefacción, electricidad y otros suministros industriales. La mercancía era adquirida a crédito y, según los investigadores, sin intención de pagarla.

El proveedor podía creer así que estaba cerrando una operación ordinaria con una empresa identificada y aparentemente solvente cuando, en realidad, estaba tratando con terceros que utilizaban fraudulentamente sus datos.

Cambiaban los lugares de entrega para dificultar su localización

La logística constituía una pieza fundamental del presunto fraude.

Una vez aprobado el pedido, los investigados organizaban la entrega de los productos en polígonos industriales o lugares apartados.

En determinadas operaciones incluso modificaban el punto de recepción poco antes de que llegara la mercancía, una maniobra que, según la investigación, servía para complicar su detección y seguimiento.

El sistema permitía obtener productos de considerable valor económico sin necesidad de atacar cuentas bancarias o sistemas informáticos de las víctimas: la herramienta fundamental era la identidad empresarial robada y la confianza comercial del proveedor.

Una operación de 62 000 euros fue interceptada a tiempo

Uno de los episodios más relevantes de la investigación fue un pedido valorado en 62 000 euros.

Se trataba de equipos de climatización cuya entrega pudo ser detectada antes de que la operación se completara. La actuación permitió impedir que la mercancía llegara a manos de los investigados y, con ello, evitar un importante perjuicio económico.

Este episodio muestra la magnitud que podían alcanzar individualmente los pedidos.

La investigación comenzó en Alicante

El origen de las pesquisas se remonta a abril de 2026, cuando el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante detectó que se estaba utilizando fraudulentamente la identidad de una empresa alicantina.

Mientras la Guardia Civil investigaba esos hechos, en mayo de 2026 la Policía Nacional recibió en Murcia dos denuncias relacionadas con la suplantación de una empresa situada en Molina de Segura.

Posteriormente apareció una tercera denuncia, presentada en Valencia en julio, relacionada con un proveedor afectado por la utilización de la identidad de otra empresa murciana.

Las coincidencias llevaron a los investigadores a conectar los diferentes casos.

UDEF y Guardia Civil unen sus investigaciones

Al comprobar que las operaciones afectaban a diferentes puntos de España, se estableció una investigación conjunta entre la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia y el Equipo @ de la Guardia Civil de Alicante.

El análisis de documentación, testimonios de víctimas y testigos y otras diligencias permitió identificar a los presuntos responsables.

Los investigadores consideran que uno de los arrestados desempeñaba una función esencial dentro de la logística y que los dos actuaban coordinadamente para dotar de apariencia legítima a las operaciones comerciales fraudulentas.

Los dos sospechosos fueron detenidos en Lorca

El operativo culminó el pasado 28 de julio en una zona industrial situada en el entorno de El Cabildo y La Campana, en Lorca (Murcia).

Agentes de ambos cuerpos desplegaron un dispositivo conjunto y procedieron a detener a los dos investigados.

Uno de ellos trató de huir al detectar la presencia policial, aunque los agentes consiguieron interceptarlo poco después. Sobre este arrestado pesaba además una orden de ingreso en prisión de la Audiencia Provincial de Madrid.

Un camión, una motocicleta, móviles y dinero intervenidos

Durante la actuación, Policía Nacional y Guardia Civil intervinieron diversos efectos potencialmente relevantes para la investigación.

Entre ellos se encontraban un camión de plataforma, una motocicleta de gran cilindrada, cuatro teléfonos móviles, un dispositivo GPS, un arma prohibida y 1 880 euros en efectivo.

Los investigadores deberán determinar ahora el papel concreto de estos elementos dentro de la actividad atribuida al grupo.

Prisión provisional para uno de los detenidos

A los dos investigados se les atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

El hombre de 27 años quedó en libertad, mientras que para el detenido de 46 años se decretó prisión provisional al ser considerado uno de los principales responsables de la trama.

La investigación permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.

Policía y Guardia Civil alertan a las empresas

El caso deja una advertencia especialmente importante para autónomos, pequeñas empresas y departamentos comerciales que venden mercancía a crédito.

La Policía Nacional y la Guardia Civil recomiendan verificar la identidad de clientes y proveedores antes de formalizar operaciones a distancia, especialmente cuando los pedidos tienen un importe elevado o se producen cambios repentinos en las condiciones o lugares de entrega.

La utilización de datos reales puede hacer que una comunicación fraudulenta resulte convincente a primera vista. Una comprobación independiente mediante los canales oficiales de contacto de la empresa supuestamente compradora puede ser decisiva antes de autorizar pedidos de miles de euros.

La desarticulación de esta trama muestra, además, cómo la delincuencia económica puede aprovechar algo tan básico como la reputación comercial de una empresa legítima para convertirla en herramienta de una estafa sin que la propia compañía suplantada tenga conocimiento inicialmente de lo ocurrido.

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