Una nueva ofensiva política contra el peaje de la AG-55
La presión política vuelve a situarse sobre la mesa en Galicia. PSOE y BNG han anunciado una moción en la Deputación para exigir al Gobierno de la Xunta la gratuidad total del peaje de la AG-55, una de las principales vías que conecta A Coruña con Carballo.
La iniciativa no solo plantea eliminar el cobro en toda la autopista, sino también reclama un plan urgente de mantenimiento para corregir el deterioro del firme y los problemas de acumulación de agua, que según denuncian, comprometen la seguridad vial.
En el fondo del debate aparece una cuestión clave: la gestión de las infraestructuras estratégicas y el peso de las concesiones firmadas hace décadas, que siguen condicionando la movilidad en Galicia.
Qué es la AG-55 y por qué genera controversia
La AG-55 es una autopista autonómica gallega que se construyó en dos fases:
- Primera apertura en 1993
- Extensión hasta Carballo en 1997
Desde su puesta en marcha, ha funcionado bajo un sistema de peaje gestionado por la concesionaria Autoestradas de Galicia, con un contrato de explotación que se extiende hasta el año 2045.
Este modelo ha sido objeto de debate recurrente en Galicia, especialmente por el coste que supone para los usuarios habituales y por la comparación con otras vías liberadas en diferentes comunidades.
PSOE y BNG: presión política y discurso de “abuso histórico”
Socialistas y nacionalistas justifican su iniciativa en lo que califican como “30 años de abuso”, al considerar que los usuarios han soportado durante décadas un sistema de pago que ya estaría amortizado socialmente.
Entre sus principales argumentos destacan:
- La necesidad de gratuidad inmediata del peaje
- La titularidad de la infraestructura por parte de la Xunta de Galicia
- La exigencia de mejoras urgentes en el mantenimiento de la vía
Además, recuerdan que la inauguración de la primera fase se produjo en circunstancias llamativas, descrita por ellos como un acto “sorpresa, de noche y con presencia policial”, un detalle que utilizan para reforzar su narrativa política.
La realidad de la concesión: un contrato vigente hasta 2045
Uno de los puntos centrales del conflicto es que la autopista no depende únicamente de decisiones políticas inmediatas.
La concesión otorgada a Autoestradas de Galicia tiene vigencia hasta el año 2045, lo que implica que cualquier cambio estructural en el modelo de peaje requeriría renegociaciones complejas o compensaciones económicas.
Este tipo de contratos, habituales en infraestructuras construidas en las últimas décadas del siglo XX, siguen condicionando el margen de actuación de las administraciones autonómicas, que en muchos casos se ven atrapadas entre la presión social y las obligaciones contractuales.
Mantenimiento y seguridad: el otro frente del debate
Más allá del peaje, la moción también pone el foco en el estado de la infraestructura.
PSOE y BNG advierten de:
- Deterioro del firme
- Puntos críticos de acumulación de agua
- Riesgos potenciales para la seguridad de los conductores
La petición incluye un plan urgente de mantenimiento, una demanda que, aunque técnica, adquiere un fuerte componente político en el contexto de la discusión sobre la gestión de la Xunta.
Un debate recurrente en Galicia: infraestructuras, peajes y política
El caso de la AG-55 no es aislado. Galicia ha sido históricamente uno de los territorios donde el debate sobre peajes ha generado mayor tensión política.
La iniciativa de PSOE y BNG vuelve a situar a la Xunta en el centro de la polémica, al ser la administración titular de la infraestructura, pero también responsable de un modelo concesional firmado hace décadas.
En este contexto, el debate se polariza entre:
- Quienes exigen la liberación de peajes como medida social
- Quienes advierten del coste económico y legal de romper concesiones vigentes
Conclusión: una moción con fuerte carga política en plena batalla por la movilidad
La moción presentada en la Deputación no solo reabre el debate sobre la AG-55, sino que evidencia una vez más la tensión entre modelos de gestión pública e infraestructuras concesionadas.
Con una concesión que se extiende hasta 2045, la gratuidad inmediata que reclaman PSOE y BNG choca con la realidad contractual vigente, lo que anticipa un conflicto político y administrativo de largo recorrido.
¿Debe prevalecer la presión política para eliminar peajes o el cumplimiento estricto de los contratos firmados por décadas?
