El ministro de Transportes, Óscar Puente, podría enfrentarse a penas de prisión tras la sustitución sin autorización judicial de parte de la vía donde murieron 46 personas en el accidente ferroviario de Adamuz.
La Justicia investiga una posible alteración de pruebas clave
El caso del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 víctimas mortales, da un giro judicial de enorme gravedad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se enfrenta a hasta 3 años de prisión por un presunto delito de encubrimiento.
El motivo: la sustitución sin autorización judicial de 42 metros de vía en el lugar exacto donde ocurrió la tragedia. Esta actuación se habría producido sin informar previamente a la jueza que investiga el caso, lo que podría suponer una alteración de pruebas clave.
Cabe recordar que ADIF solo comunicó oficialmente el cambio de 36 metros de carril, lo que ha levantado sospechas sobre una posible actuación irregular más amplia.
La juez exige explicaciones urgentes a ADIF
La titular del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Montoro, Cristina Pastor, ha dado un paso decisivo en la investigación. Ha requerido a ADIF que, en un plazo de cinco días, aclare:
- Los motivos técnicos de la sustitución del carril
- La empresa suministradora del material defectuoso
- Los responsables que detectaron el fallo
- Quién ordenó y autorizó el cambio de vía
- Qué técnicos y trabajadores participaron en la actuación
Además, ha ordenado a la Guardia Civil de Córdoba que investigue en profundidad lo ocurrido.
El foco está claro: determinar si se actuó de forma legítima o si se intentó modificar el escenario del accidente antes de que fuera analizado judicialmente.
El delito de encubrimiento: hasta 3 años de cárcel
Según fuentes jurídicas, si se demuestra que Óscar Puente ordenó retirar esos 42 metros de vía, podría incurrir en un delito de encubrimiento recogido en el artículo 451 del Código Penal.
Este delito castiga a quien:
- Oculta o altera pruebas de un delito
- O ayuda a los responsables a evitar la investigación judicial
La pena prevista:
👉 de 6 meses a 3 años de prisión
La clave de la investigación será determinar si hubo intencionalidad en la alteración del escenario del siniestro.
Otro frente judicial: homicidio imprudente
Pero el escenario judicial no termina ahí. El ministro también podría enfrentarse a hasta 4 años de prisión adicionales por un presunto delito de homicidio imprudente.
Este delito se aplicaría si se demuestra que:
- Puente conocía el estado defectuoso de la infraestructura ferroviaria
- Y no actuó para evitar el accidente
En ese caso, su inacción habría incrementado el riesgo que terminó provocando la tragedia.
Un aspecto clave de este tipo penal es que la pena no depende del número de víctimas, aunque en este caso el accidente dejó 46 fallecidos.
Un caso que golpea al Gobierno de Sánchez
Este caso sitúa en una posición delicada al Gobierno de Pedro Sánchez, que ya se encontraba bajo presión por la gestión de infraestructuras y seguridad ferroviaria.
La posible implicación directa de un ministro en:
- Alteración de pruebas
- Responsabilidad por negligencia
abre un escenario político explosivo.
¿Negligencia o intento de ocultación?
La investigación judicial será determinante para aclarar lo ocurrido en Adamuz. Pero el caso ya plantea una cuestión de fondo:
¿Estamos ante una cadena de errores administrativos… o ante un intento deliberado de ocultar responsabilidades en una de las mayores tragedias ferroviarias recientes?
