Software de Begoña Gómez. Esa es la expresión que vuelve a situar a la esposa del presidente del Gobierno en el centro de la actualidad judicial y política tras las últimas conclusiones del juez Juan Carlos Peinado. El magistrado sostiene que Begoña Gómez habría llevado a cabo el proceso de registro y utilización del software desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid sin informar ni a la institución académica ni a las empresas que financiaron el proyecto.
Las nuevas diligencias incorporadas al procedimiento refuerzan la investigación abierta contra la esposa de Pedro Sánchez y elevan la presión política sobre Moncloa. Según el juez, la actuación de Gómez se produjo “a espaldas” de los implicados en el desarrollo del proyecto tecnológico, algo que considera especialmente relevante dentro de la causa judicial.
El juez apunta al ocultamiento del software de Begoña Gómez
El magistrado ha dejado constancia por escrito de que “en ningún momento” se comunicó a la Universidad Complutense de Madrid ni a las empresas patrocinadoras las actuaciones paralelas que se estaban desarrollando relacionadas con el software de Begoña Gómez.
Entre esas actuaciones, el juez destaca el registro de marcas, la constitución de una sociedad mercantil y el uso del software a través de la página web transformatsc.org. Según el auto judicial, tampoco se informó de que esa plataforma coincidía “nominal y funcionalmente” con elementos previamente desarrollados dentro del ámbito universitario.
La investigación considera clave el papel de María Cristina Álvarez Rodríguez, asesora vinculada a Presidencia del Gobierno y estrecha colaboradora de Begoña Gómez. El juez señala que las actuaciones se llevaron a cabo conjuntamente con ella durante el proceso investigado.
La Complutense calcula un importante perjuicio económico
Uno de los puntos más delicados del procedimiento es el cálculo del daño patrimonial que habría sufrido la Universidad Complutense de Madrid. Según recoge el auto judicial, la universidad inició actuaciones internas para esclarecer lo sucedido tras detectar posibles irregularidades vinculadas al software de Begoña Gómez.
El informe elaborado por la UCM cifra inicialmente el perjuicio económico directo en al menos 108.765,79 euros. Sin embargo, el juez advierte de que esa cantidad podría ser mucho mayor al incluir otros costes asociados que todavía no se han incorporado completamente.
Entre esos gastos adicionales se encuentran la dedicación de personal técnico y administrativo, así como los recursos y servicios universitarios empleados durante el desarrollo del proyecto tecnológico.
El software de Begoña Gómez ya estaba completamente operativo
El juez Peinado rechaza la idea de que se tratara de un simple desarrollo académico sin valor económico real. Según sostiene el magistrado, el software de Begoña Gómez no era un proyecto incipiente, sino un producto terminado y plenamente funcional.
El auto señala que el activo incorporaba el conocimiento técnico generado, el trabajo acumulado, la validación tecnológica y una estructura lista para ser explotada externamente. Por ello, la acusación considera que el alcance económico del software supera ampliamente las cifras inicialmente calculadas por la Complutense.
Además, el juez concluye que Begoña Gómez no asumió los costes reales de creación del proyecto pese a utilizar posteriormente el producto desarrollado.
La certificación vinculada a la “transformación social competitiva”
Otro de los elementos relevantes de la investigación es la supuesta creación de una certificación profesional asociada a la metodología denominada TSC, siglas de “transformación social competitiva”.
Según la documentación incorporada al procedimiento, el software de Begoña Gómez permitía acreditar a determinadas empresas como alineadas con criterios relacionados con la Agenda 2030 y otros estándares sociales.
El juez sostiene que esta certificación tenía una clara proyección económica y empresarial, ya que podía facilitar a las compañías el acceso a subvenciones públicas y determinados procesos de validación institucional.
Cuatro delitos en el punto de mira judicial
La situación judicial de Begoña Gómez se complica cada vez más. Actualmente, la esposa del presidente del Gobierno se enfrenta a investigaciones relacionadas con cuatro posibles delitos: malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Las resoluciones del juez Peinado insisten en que el software de Begoña Gómez no se limitaba a una herramienta académica interna, como han defendido distintos sectores próximos al Gobierno. Según el magistrado, desde el inicio existía una evidente intención de proyección externa y explotación dentro del tráfico económico.
La investigación apunta a que el desarrollo tecnológico estaba diseñado para operar fuera del entorno universitario y generar aplicaciones prácticas vinculadas a empresas y certificaciones profesionales.
La presión política aumenta sobre Moncloa
Las últimas revelaciones judiciales han intensificado el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición. Mientras el Ejecutivo y sectores de la izquierda insisten en defender la inocencia de Begoña Gómez, la oposición considera que las resoluciones del juez reflejan una acumulación creciente de indicios.
El caso del software de Begoña Gómez se ha convertido así en uno de los principales focos de desgaste político para el entorno de Pedro Sánchez. Las críticas no solo se centran en la investigación judicial, sino también en la utilización de recursos universitarios y en la posible conexión entre el proyecto y la obtención de beneficios indirectos para determinadas empresas.
Con nuevas diligencias todavía pendientes y una fuerte presión mediática y parlamentaria, todo apunta a que la causa seguirá generando titulares durante los próximos meses.
