El gobierno local de Ourense prevé aprobar una nueva subida en instalaciones públicas mientras acumula reclamaciones judiciales por impagos a trabajadores y amplía contratos externos.
El Concello de Ourense vuelve a cargar el coste sobre los ciudadanos
El Concello de Ourense prevé aprobar este jueves una subida del 2,55 % en las tarifas de las piscinas municipales de pago ubicadas en la zona de Oira, una medida que afectará directamente al bolsillo de los usuarios habituales de estas instalaciones.
La decisión se enmarca dentro de la revisión anual obligatoria derivada de la concesión privada de estos servicios, licitada hace casi dos décadas junto con la construcción de un centro deportivo en Eiroás. Sin embargo, la actualización de precios llega en un contexto marcado por tensiones económicas municipales y conflictos laborales sin resolver.
En términos concretos, la cuota de inscripción para abonados pasará de 51,90 euros a 53,23 euros, con el IVA incluido, reflejando una tendencia al alza en el coste de servicios públicos que, en teoría, deberían ser accesibles.
Privatización y subida constante: un modelo cuestionado
El modelo de gestión privada de instalaciones públicas vuelve a situarse en el centro del debate. Aunque el Ayuntamiento justifica estas revisiones como parte del contrato, lo cierto es que los ciudadanos llevan años enfrentándose a incrementos progresivos sin mejoras evidentes en el servicio.
Esta política plantea una cuestión incómoda:
¿Está el Concello priorizando la rentabilidad de las concesiones frente al acceso público a servicios básicos?
Nueva bolera en Sáenz Díez: ocio mientras crecen las polémicas
En paralelo a la subida de tarifas, la Junta de Gobierno Local también prevé aprobar la licencia para una bolera con cafetería y zona recreativa en el número 6 de la calle Sáenz Díez.
El local, que anteriormente albergaba un gimnasio cerrado por problemas con los permisos municipales, será reconvertido en un espacio de ocio privado. Este movimiento ha generado críticas por la aparente contradicción en la gestión urbanística, donde algunos negocios cierran por trabas administrativas mientras otros proyectos avanzan con rapidez.
Conflictos judiciales y deuda laboral: la otra cara del Ayuntamiento
Más allá de las decisiones urbanísticas y económicas, el orden del día incluye un asunto especialmente delicado:
nuevas reclamaciones judiciales de trabajadores municipales.
Varios empleados exigen el pago de horas extras y pluses impagados, lo que evidencia una situación preocupante en la gestión interna del Concello. A esto se suman diversas sentencias judiciales pendientes, que podrían aumentar la presión financiera sobre las arcas públicas.
Prórrogas millonarias a empresas externas
Mientras se acumulan las reclamaciones laborales, el gobierno local prevé aprobar la prórroga de contratos clave con empresas externas, entre ellas:
- Suministro eléctrico
- Limpieza de edificios municipales
- Mantenimiento de ascensores públicos
Estas decisiones refuerzan la dependencia del Ayuntamiento de servicios externalizados, un modelo que, según críticos, reduce el control público y encarece la gestión a largo plazo.
Un modelo bajo sospecha
La combinación de subida de tarifas, conflictos judiciales laborales y prórrogas de contratos externos dibuja un escenario complejo en Ourense.
Mientras los ciudadanos pagan más por servicios básicos como las piscinas de Oira, el Concello enfrenta acusaciones de mala gestión económica y falta de prioridad hacia sus propios trabajadores.
La pregunta que queda en el aire es clara:
¿Se está gestionando el dinero público en beneficio de los ciudadanos o de un modelo cada vez más privatizado y opaco?
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