La propuesta de la formación de Yolanda Díaz choca con la ley vigente y desata un nuevo choque político sobre inmigración, educación y mercado laboral.
Sumar exige eliminar barreras para inmigrantes irregulares
El partido Sumar, liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha planteado al Gobierno de Pedro Sánchez permitir que inmigrantes en situación irregular puedan trabajar como becarios.
La formación considera que el requisito de disponer de un número de la Seguridad Social supone un “obstáculo administrativo” que impide el acceso a prácticas formativas.
Choque directo con la legislación vigente
La propuesta choca frontalmente con la normativa actual.
Según el criterio de la Seguridad Social, los extranjeros en situación irregular:
👉 “no podrán ser dados de alta en ningún caso”
Esto implica que, legalmente, no pueden realizar prácticas que requieran cotización o alta laboral, lo que convierte la iniciativa en un cambio profundo del marco legal.
Argumentos de Sumar: educación y mercado laboral
Desde Sumar defienden la medida por dos motivos principales:
- Garantizar el derecho a la educación y formación
- Incorporar nuevos profesionales al mercado laboral
Las diputadas Viviane Ogou y Aina Vidal sostienen que la normativa actual impide a estudiantes de Formación Profesional completar su formación, limitando sus oportunidades futuras.
El papel del Defensor del Pueblo
La formación basa parte de su propuesta en una recomendación del Defensor del Pueblo, que reconoce el derecho de los extranjeros —incluidos los irregulares— a:
- Acceder a la educación
- Obtener titulaciones
- Participar en el sistema de becas
Sin embargo, esta interpretación no elimina el conflicto con la legislación laboral vigente.
Debate político: inmigración, empleo y legalidad
La iniciativa abre un nuevo frente político dentro del propio Gobierno y en el Congreso:
- ¿Debe priorizarse la integración educativa?
- ¿Se está vulnerando el marco legal vigente?
- ¿Qué impacto tendría en el mercado laboral?
Para sus críticos, la propuesta supone un riesgo de incentivar la irregularidad y debilitar los controles del sistema.
¿Integración o ruptura del sistema?
El planteamiento de Sumar refleja un debate cada vez más intenso en España:
cómo equilibrar derechos sociales, legalidad y control migratorio.
La decisión final no solo afectará a la formación profesional, sino al modelo de integración del país.
