La sentencia del TSJA cuestiona el sistema de acceso diseñado por el Ayuntamiento mientras el alcalde insiste en mantener las restricciones al tráfico por exigencia legal y europea.
Lo que parecía una victoria política para el Ayuntamiento de Málaga en materia de movilidad sostenible se ha convertido en un serio revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado parte de la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga, obligando al Consistorio a revisar las condiciones de acceso impuestas a conductores y residentes.
A pesar del fallo, el alcalde Francisco de la Torre ha defendido la continuidad de la medida y ha asegurado que la ZBE seguirá funcionando porque su implantación es una obligación legal para las grandes ciudades españolas.
El TSJA cuestiona las excepciones creadas por el Ayuntamiento
La resolución judicial no elimina la Zona de Bajas Emisiones, pero sí considera problemáticos algunos aspectos de la normativa aprobada por el Ayuntamiento.
Los magistrados entienden que determinadas excepciones y ventajas concedidas a ciertos colectivos podrían vulnerar el principio de igualdad, generando diferencias de trato que no estarían suficientemente justificadas.
Esta circunstancia obliga ahora al Consistorio a modificar la regulación para adaptarla a los criterios fijados por el tribunal.
De la Torre insiste: la ZBE seguirá activa
Tras conocerse la sentencia, el alcalde malagueño quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a quienes defienden este modelo de movilidad.
«La sentencia deja claro que la Zona de Bajas Emisiones es totalmente legal y además obligatoria», afirmó Francisco de la Torre.
El regidor recordó que la creación de estas zonas está contemplada en la legislación nacional y forma parte de los compromisos adquiridos por España ante las instituciones europeas en materia de reducción de emisiones contaminantes.
Según explicó, los servicios jurídicos municipales ya están estudiando el contenido de la sentencia para determinar qué cambios deberán introducirse.
Vox logra una victoria judicial parcial
El recurso fue presentado por Vox, que había denunciado que las condiciones de acceso establecidas por el Ayuntamiento generaban situaciones discriminatorias entre ciudadanos.
Aunque la formación no ha conseguido eliminar la ZBE, sí ha logrado que el TSJA obligue al Consistorio a revisar parte de su diseño normativo.
La sentencia supone un importante respaldo a las críticas que durante los últimos meses han cuestionado algunas de las excepciones contempladas en la ordenanza municipal.
Europa y los fondos condicionan el futuro de la movilidad
Uno de los argumentos utilizados por De la Torre para justificar la continuidad de la ZBE es el riesgo de perder financiación europea.
El alcalde recordó que muchas ayudas comunitarias destinadas a movilidad urbana, transporte sostenible e infraestructuras verdes están vinculadas al cumplimiento de los objetivos medioambientales fijados por Bruselas.
«Si no tienes Zona de Bajas Emisiones, se cierran muchas puertas a los apoyos europeos para movilidad», advirtió.
Un debate que divide a Málaga
La polémica sobre la Zona de Bajas Emisiones continúa generando una fuerte división entre quienes consideran que estas medidas son necesarias para mejorar la calidad del aire y quienes denuncian restricciones excesivas para trabajadores, autónomos, familias y pequeños negocios.
La sentencia del TSJA reabre ahora el debate sobre hasta dónde pueden llegar las administraciones en la limitación del tráfico privado y bajo qué criterios deben aplicarse estas restricciones.
Mientras el Ayuntamiento prepara los cambios exigidos por la Justicia, la ZBE seguirá operativa y los conductores continuarán pendientes de unas normas que podrían sufrir modificaciones en los próximos meses.
¿Rectificación técnica o fracaso del modelo?
El fallo judicial no cuestiona la existencia de la Zona de Bajas Emisiones, pero sí pone de manifiesto que incluso las políticas impulsadas bajo el paraguas de la sostenibilidad deben respetar principios básicos como la igualdad jurídica.
La gran incógnita es si el Ayuntamiento será capaz de corregir las deficiencias señaladas por el TSJA sin alterar el funcionamiento de una medida que sigue generando controversia entre miles de malagueños.
