La UCO investiga alto cargo de María Jesús Montero en el marco del caso Begoña y la denominada ‘operación Leire’, según un escrito presentado ante el juez Juan Carlos Peinado por la acusación popular Manos Limpias, al que ha tenido acceso Libertad Digital. La investigación se centra en la actuación de la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Mª de la Concepción Ordiz, nombrada en 2021 a propuesta de la propia ministra de Hacienda.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) analiza posibles irregularidades en decisiones adoptadas por este órgano administrativo en relación con adjudicaciones públicas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés.
¿Qué papel desempeña el TACRC?
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) es un órgano especializado encargado de resolver recursos en materia de contratación pública. Depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda y tiene competencia sobre el sector público estatal, además de poder asumir funciones de comunidades autónomas y entidades locales mediante convenios.
La presidenta del TACRC, Mª de la Concepción Ordiz, fue designada por el Consejo de Ministros en junio de 2021 a propuesta de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ahora, la UCO investiga alto cargo de María Jesús Montero para esclarecer si existieron presiones o actuaciones irregulares en determinadas resoluciones.
Las adjudicaciones bajo sospecha en el caso Begoña
El origen de la investigación se remonta al llamado caso Begoña, surgido tras una denuncia del sindicato Manos Limpias que afectaba a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el escrito presentado ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, el TACRC suspendió inicialmente en septiembre de 2021 la adjudicación de los lotes 1 y 3 del expediente 014/20 a la UTE formada por Innova Next y The Valley Digital Business School.
Sin embargo, dos meses después, el mismo tribunal levantó la suspensión y admitió la adjudicación, pese a que, según la acusación popular, la unión temporal de empresas habría incumplido requisitos establecidos en los pliegos administrativos.
La pregunta clave que plantea el escrito es qué ocurrió en ese intervalo de tiempo para que el tribunal cambiara de criterio. Manos Limpias sostiene que existen “fundamentados motivos” para sospechar que el órgano pudo recibir presiones externas.
En este contexto, la UCO investiga alto cargo de María Jesús Montero con el objetivo de determinar si la presidenta del TACRC actuó con independencia o si existieron injerencias desde instancias políticas o administrativas.
Salpicada también por la ‘operación Leire’
La situación se complica aún más porque la UCO investiga alto cargo de María Jesús Montero también en relación con la denominada ‘operación Leire’. Esta causa, instruida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, analiza una presunta trama de corrupción vinculada a contratos públicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Entre los investigados figuran Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Los tres fueron arrestados en diciembre por la UCO por supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Según las diligencias conocidas, la Guardia Civil habría localizado comunicaciones y expedientes que apuntan a que la presidenta del TACRC tomaba decisiones siguiendo indicaciones del expresidente de la SEPI, considerado durante años mano derecha de Montero.
Investigación abierta y posibles nuevas imputaciones
La UCO investiga alto cargo de María Jesús Montero en un procedimiento que permanece bajo secreto de sumario. Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que la investigación no está cerrada y que podrían producirse nuevas imputaciones o ampliaciones de diligencias en las próximas semanas.
La relevancia política del caso es evidente. El hecho de que la presidenta de un órgano clave en la contratación pública estatal esté bajo el foco de la Guardia Civil eleva la presión sobre el Ministerio de Hacienda y sobre el propio Ejecutivo.
Mientras tanto, desde el entorno gubernamental se insiste en la presunción de inocencia y en la independencia de los órganos administrativos. Sin embargo, la UCO investiga alto cargo de María Jesús Montero en un momento especialmente delicado, en el que confluyen el caso Begoña y la operación Leire, dos investigaciones que podrían tener importantes consecuencias políticas y judiciales.
La evolución de las diligencias determinará si se trató de decisiones administrativas controvertidas o si, por el contrario, existió una estructura de influencia indebida en la adjudicación de contratos públicos. Lo que es seguro es que la investigación continúa y que el foco judicial sigue ampliándose.