Periodistas, dirigentes políticos, empresarios y activistas describen un clima de cautela ante la creciente influencia estadounidense sobre Caracas. Organizaciones de derechos humanos constatan una apertura parcial, pero advierten de que las estructuras represivas siguen intactas.
Venezuela atraviesa una transformación política difícil de encajar en las categorías tradicionales. La reducción de algunas formas de represión interna y el creciente peso de Estados Unidos sobre las decisiones económicas y políticas del país han generado un nuevo fenómeno: sectores de la sociedad venezolana aseguran estar moderando públicamente sus críticas para evitar enfrentamientos con Washington.
Periodistas, empresarios, activistas y dirigentes opositores describen un ambiente en el que determinadas opiniones sobre Estados Unidos, los acuerdos económicos con Caracas o el nuevo equilibrio de poder se expresan con mayor cautela. Uno de los testimonios recogidos estos días en Caracas lo resumía de forma deliberadamente exagerada: antes temía al SEBIN y ahora se pregunta si debe temer a la CIA. La frase refleja una percepción individual; no constituye evidencia de vigilancia de la agencia estadounidense sobre críticos venezolanos.
La caída de Maduro cambió completamente el equilibrio de poder
El contexto venezolano dio un giro después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y la posterior formación de un Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
Desde entonces, Washington ha adquirido una influencia política y económica mucho mayor sobre Venezuela, mientras Caracas ha iniciado una apertura limitada que incluye negociaciones con sectores opositores, acuerdos económicos y algunas medidas de relajación de la censura.
El cambio no significa que Venezuela haya completado una transición democrática.
Human Rights Watch, después de realizar en septiembre su primera visita oficial al país en 18 años, señaló que periodistas, opositores y defensores de derechos humanos disfrutan actualmente de una libertad mayor que durante la etapa anterior. Sin embargo, la organización advirtió de que las instituciones responsables de abusos continúan funcionando y necesitan reformas profundas.
Más libertad interna, pero nuevas cautelas
La aparente paradoja está precisamente ahí.
Personas que durante años evitaron criticar al chavismo por temor a detenciones, persecuciones administrativas o represalias aseguran ahora poder expresarse con mayor libertad sobre cuestiones internas.
Pero algunos de esos mismos actores dicen medir mucho más sus palabras cuando hablan de Estados Unidos.
Los temores descritos van desde posibles problemas con visados hasta la pérdida de financiación internacional, relaciones empresariales o interlocución con representantes estadounidenses. Son percepciones y testimonios de personas vinculadas a distintos ámbitos de la vida pública venezolana; no existe evidencia pública que permita afirmar que Washington haya establecido un sistema general de represalias contra quienes critican su política en Venezuela.
Estados Unidos gana peso también sobre la economía
La influencia estadounidense no se limita al terreno diplomático.
A comienzos de septiembre, la Asamblea Nacional venezolana respaldó un importante acuerdo petrolero con Estados Unidos que permite a una empresa estadounidense acceder a una parte sustancial de las reservas venezolanas mediante contratos sobre 17 campos petrolíferos.
El pacto ha generado críticas tanto dentro del sector petrolero como entre determinados grupos políticos debido al alcance de las concesiones y al grado de influencia económica que Washington puede adquirir.
Paralelamente, Caracas y sectores de la oposición negocian una posible transferencia a Estados Unidos de unos 4 000 millones de dólares en oro venezolano actualmente depositado en el Banco de Inglaterra, aunque la operación todavía depende de decisiones judiciales británicas.
Estos movimientos han reforzado la percepción de que Washington se ha convertido en un actor determinante en el futuro económico venezolano.
La censura tradicional empieza a retroceder parcialmente
La situación de los medios también muestra señales contradictorias.
En septiembre, las autoridades venezolanas permitieron recuperar el acceso a varios medios digitales que habían permanecido bloqueados durante años.
La medida fue interpretada como una señal de apertura, aunque numerosas páginas continúan restringidas y periodistas y organizaciones especializadas recuerdan que la infraestructura legal y administrativa que permitió la censura no ha sido completamente desmontada.
Durante la etapa anterior, la represión sobre la libertad de expresión había alcanzado niveles significativos.
Human Rights Watch documentó que en 2025 organizaciones venezolanas contabilizaron 167 vulneraciones de la libertad de expresión entre enero y agosto, además del cierre de emisoras, bloqueos de páginas web y detenciones de periodistas.
Todavía quedan al menos 344 presos políticos
La apertura tampoco ha terminado con el problema de los presos políticos.
Según datos citados por Human Rights Watch a partir del seguimiento de Foro Penal, al menos 344 personas consideradas presos políticos seguían encarceladas en septiembre.
Otros ciudadanos permanecían bajo arresto domiciliario o sometidos a diferentes restricciones.
La organización también denunció casos de tortura, violaciones del debido proceso y extorsiones dentro del sistema judicial venezolano.
Por ello, cualquier descripción de Venezuela como un país plenamente liberalizado resulta prematura.
La oposición también recalcula su relación con Washington
La situación es especialmente compleja para la oposición venezolana.
Durante años, numerosos dirigentes opositores buscaron activamente apoyo estadounidense para presionar al Gobierno de Maduro.
Ahora, el enorme peso de Washington sobre las decisiones políticas y económicas obliga a esos mismos sectores a definir hasta dónde respaldan la nueva relación bilateral.
Algunos consideran que la implicación estadounidense abrió una oportunidad para reducir la represión y recuperar espacios democráticos.
Otros muestran preocupación por la dependencia política o económica que puede generar.
Estas diferencias están provocando tensiones internas en sectores de la oposición y de la sociedad civil.
El miedo a la CIA no está acreditado como una política de Estado
La frase que ha dado visibilidad al debate —“ahora no sé si debo temer a la CIA”— debe interpretarse dentro de ese contexto.
No existe información pública que demuestre que la CIA esté persiguiendo a periodistas, políticos o activistas venezolanos por expresar opiniones críticas sobre Estados Unidos.
Lo que sí existe es una percepción de vulnerabilidad entre algunos actores que dependen de permisos de viaje, contactos políticos, financiación internacional o relaciones empresariales vinculadas directa o indirectamente con Washington.
La diferencia es importante: una cosa es documentar autocensura percibida y otra afirmar que existe una estructura estadounidense de persecución política.
Una transición todavía difícil de definir
Venezuela vive así una situación difícil de resumir.
Por un lado, hay señales verificables de menor represión, reapertura de ciertos medios y mayor margen para determinadas organizaciones de derechos humanos y opositores.
Por otro, continúan presos políticos, estructuras de seguridad cuestionadas y problemas graves de independencia institucional.
Y al mismo tiempo aumenta la influencia de Estados Unidos sobre decisiones económicas, energéticas y diplomáticas.
El resultado es un nuevo equilibrio de poder en el que algunos venezolanos dicen sentirse más libres para criticar al antiguo aparato chavista, pero más prudentes cuando se trata de cuestionar a Washington.
La cuestión de fondo ya no es únicamente cuánto ha cambiado Venezuela, sino quién está definiendo las reglas de esa transformación y hasta qué punto la apertura política podrá consolidarse sin sustituir una dependencia por otra.
