El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una tormenta política y sanitaria tras un dictamen de Contraloría que amenaza la continuidad de médicos extranjeros en CESFAM, SAPU y SAR municipales. Chile los necesitó en pandemia; ahora muchos podrían quedar fuera del sistema al que ayudaron a sostener en los momentos de mayor crisis sanitaria de la historia, como lo fue el COVID.
La salud primaria queda atrapada entre burocracia, política migratoria y cálculo electoral
Chile vuelve a mirar a sus médicos extranjeros, pero esta vez no para pedirles ayuda en una emergencia sanitaria, sino para discutir si pueden seguir trabajando en la Atención Primaria de Salud municipal.
Un dictamen de la Contraloría General de la República, emitido tras una consulta de la Municipalidad de Renca, aclaró que los trabajadores municipales contratados incluso bajo el Código del Trabajo deben cumplir el requisito de ciudadanía chilena exigido por la Ley 18.883, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Esa interpretación abre un escenario crítico para profesionales extranjeros que no tienen nacionalidad chilena y que hoy se desempeñan en municipios.
El problema es evidente, entre esos trabajadores hay médicos migrantes, muchos de ellos venezolanos, colombianos, cubanos y de otras nacionalidades, que han cubierto durante años turnos en CESFAM, SAPU, SAR, postas rurales y centros de atención primaria. Es decir, en la puerta de entrada del sistema público de salud.
El dictamen que golpea a los municipios
La Contraloría sostuvo que el hecho de estar contratado bajo el Código del Trabajo no exime al funcionario municipal de cumplir los requisitos del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Entre esos requisitos aparece la ciudadanía, condición que en Chile está vinculada a la nacionalidad chilena, ya sea de origen o por carta de nacionalización.
En la práctica, el dictamen no dice que un médico extranjero no pueda ejercer la medicina en Chile. La restricción apunta a otra cosa, su vínculo directo con las municipalidades. Por eso el impacto se concentra en la salud primaria municipal, donde funcionan buena parte de los CESFAM, SAPU y SAR.
La diferencia es clave. Un médico extranjero con su situación migratoria y profesional en regla puede seguir desempeñándose en el sector privado o en establecimientos dependientes directamente de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud, siempre que cumpla los requisitos legales y profesionales correspondientes. El golpe más duro cae sobre los municipios, precisamente donde la escasez de profesionales suele sentirse con más fuerza.
CESFAM, SAPU y SAR: el punto débil del sistema
El dictamen puede convertirse en una bomba administrativa para la atención primaria. No afecta solo a una planilla de recursos humanos. Afecta al lugar donde los pacientes buscan una hora médica, un control crónico, una atención respiratoria, una urgencia de baja o mediana complejidad o una derivación oportuna.
Los CESFAM atienden a familias completas, pacientes crónicos, embarazadas, adultos mayores y niños. Los SAPU y SAR absorben urgencias que, si no se resuelven ahí, terminan presionando los hospitales. Si los municipios pierden médicos extranjeros de forma abrupta, la consecuencia previsible será más demora, más listas de espera locales, más turnos descubiertos y más presión sobre las urgencias hospitalarias.
Ahí aparece la gran contradicción, los médicos extranjeros podrían quedar fuera de la primera línea municipal, pero seguir trabajando en otros espacios del sistema. El Estado chileno estaría diciendo, en los hechos, que puede aceptar a esos profesionales en ciertas áreas, pero no en los municipios. La pregunta política es inevitable: ¿El problema es sanitario, jurídico o migratorio?
Chile los necesitó en pandemia; ahora les cierra la puerta municipal
Durante la pandemia, Chile flexibilizó normas para ampliar rápidamente la disponibilidad de personal médico. La Ley 21.274, aprobada en el contexto del COVID-19, permitió contratar médicos sin haber aprobado aún el EUNACOM, una excepción temporal cuyo plazo terminó en agosto de 2023, según reportes posteriores sobre el funcionamiento del sistema.
Esa decisión no nació de la generosidad institucional. Nació de la necesidad. El país necesitaba personal. Faltaban manos. Faltaban turnos. Faltaban profesionales para sostener hospitales, vacunatorios, operativos de testeo, atención primaria y urgencias.
Por eso la crítica al Gobierno de Kast es tan dura, Chile aprovechó la disponibilidad de médicos migrantes cuando el sistema estaba bajo presión extrema, pero ahora el debate público los presenta como un problema administrativo o migratorio. El Estado acudió a ellos cuando la emergencia apretaba; hoy, cuando la prioridad política es endurecer el discurso migratorio, muchos quedan en la incertidumbre.
La contradicción del Gobierno de Kast
El caso estalla en un momento especialmente delicado. El Ejecutivo de José Antonio Kast impulsa una política migratoria mucho más dura y ha promovido medidas para que instituciones de salud, educación y previsión entreguen datos de migrantes irregulares a la autoridad migratoria. La indicación legislativa discutida en el Senado contempla antecedentes como domicilio, teléfono, correo electrónico y otros datos pertinentes de extranjeros sujetos a procedimientos migratorios.
La ministra de Salud expresó preocupación por la idea de reportar migrantes desde centros de salud, señalando tensiones con la confidencialidad sanitaria y la relación médico-paciente, según informó El País.
Ese contexto contamina todo el debate. Porque el dictamen de Contraloría es jurídico, sí. Pero el Gobierno de Kast debe decidir cómo responde políticamente. Puede buscar una solución legislativa o administrativa para proteger la continuidad de la APS. O puede dejar que la interpretación avance y asumir el costo sanitario.
Si el Ejecutivo no actúa, la señal será clara, la prioridad no será sostener la salud primaria, sino endurecer el mensaje migratorio, incluso cuando el precio lo paguen pacientes chilenos y extranjeros en comunas vulnerables.
¿Por qué se permitió antes si ahora se considera incompatible?
Esta es la pregunta que el Gobierno no puede esquivar. Si la norma exigía ciudadanía, ¿por qué durante años los municipios contrataron médicos extranjeros? ¿Por qué se toleró, permitió o normalizó esa práctica? ¿Por qué recién ahora el sistema parece descubrir una incompatibilidad que afecta a profesionales que ya atendían pacientes?
La respuesta tiene varias capas.
Primero, porque Chile arrastra un déficit histórico de médicos en atención primaria, especialmente en zonas rurales, comunas periféricas y territorios con alta presión asistencial. Segundo, porque los municipios suelen resolver con urgencia lo que el nivel central no planifica con tiempo. Tercero, porque durante la pandemia el país necesitó personal disponible y flexibilizó criterios para evitar un colapso mayor.
El problema, entonces, no es solo la existencia del dictamen. El problema es la hipocresía institucional, durante años el sistema se benefició del trabajo migrante, pero no construyó una salida legal clara, estable y digna para quienes sostuvieron consultas, turnos y urgencias.
El EUNACOM no es el centro del conflicto, pero sí parte del debate
Conviene separar dos discusiones que a menudo se mezclan.
Una cosa es el requisito de EUNACOM, que busca asegurar estándares profesionales. La Ley 20.261 establece que los médicos deben rendir y aprobar el examen para acceder a cargos en los Servicios de Salud, establecimientos experimentales y establecimientos de atención primaria de salud municipal, sin perjuicio de otros requisitos legales.
Otra cosa distinta es la ciudadanía chilena para trabajar en municipios. Un médico extranjero puede tener residencia, título validado, experiencia clínica, EUNACOM aprobado y aun así quedar atrapado por la exigencia de ciudadanía si el vínculo laboral es municipal.
Ahí está el absurdo práctico, no se está discutiendo solo competencia médica, sino nacionalidad. Y si el profesional ya demostró capacidad, acreditación y experiencia, la pregunta vuelve a ser incómoda, ¿A quién protege realmente esta barrera?
La repercusión sanitaria: menos médicos donde más se necesitan
Si los municipios aplican el criterio de forma estricta, las consecuencias pueden sentirse rápido.
La primera repercusión será el déficit de médicos en la APS. Las comunas que ya tienen problemas para completar dotaciones podrían perder profesionales que atienden morbilidad, controles, urgencias, salud mental, enfermedades respiratorias y patologías crónicas.
La segunda será la sobrecarga hospitalaria. Cuando un CESFAM, SAPU o SAR no logra resolver, el paciente termina en una urgencia hospitalaria. Eso significa más espera, más congestión y más presión sobre equipos que ya trabajan al límite.
La tercera será la desigualdad territorial. Las comunas con más recursos podrán buscar reemplazos con mayor facilidad. Las comunas pequeñas, rurales o vulnerables tendrán menos margen. Como suele ocurrir, la burocracia golpeará más fuerte a quienes tienen menos capacidad de defenderse.
La cuarta será la fuga de profesionales calificados. Muchos médicos extranjeros que ya hicieron vida en Chile podrían optar por marcharse a países con reglas más claras. Y cuando un sistema de salud pierde médicos formados, no los reemplaza de un día para otro.
¿Persecución o simple aplicación de la ley?
La palabra “persecución” debe usarse con cuidado. El dictamen de Contraloría se presenta como una interpretación legal, no como una orden política de expulsión laboral. Sin embargo, el momento en que aparece y el clima político del Gobierno de Kast con el llamado a expulsiones en campaña que se convirtiera en una Metáfora o Hipérbole hacen que el caso sea leído por muchos como parte de una ofensiva más amplia contra la migración.
El Ejecutivo ha defendido la necesidad de “ordenar” el acceso a servicios públicos y conocer quiénes los utilizan. Kast también ha respaldado medidas para obtener información desde instituciones de salud y educación en el marco de procedimientos migratorios.
Por eso la crítica no apunta solo a la Contraloría. Apunta al Gobierno, si Kast permite que el dictamen derive en una salida masiva de médicos extranjeros de la salud municipal, estará transformando un criterio jurídico en una decisión política con impacto sanitario.
El verdadero fondo: Chile quiere orden migratorio, pero necesita médicos
El Gobierno puede tener razón en una cosa, Chile necesita ordenar su sistema migratorio. Ningún Estado serio puede funcionar con expedientes eternos, identidades sin verificar, permisos paralizados y expulsiones imposibles de ejecutar.
Pero ordenar no significa romper servicios esenciales. Tampoco significa tratar igual a quien delinque, a quien está irregular por abandono administrativo y a quien lleva años trabajando legalmente en un consultorio.
La política migratoria debe distinguir. No es lo mismo un extranjero con antecedentes penales que un médico que atiende niños, adultos mayores y pacientes crónicos en una comuna sin suficientes profesionales chilenos disponibles. Meter todo en el mismo saco puede dar rédito electoral, pero es una mala política pública.
Una salida posible: ley corta o excepción sanitaria
El Gobierno de Kast tiene una salida institucional si realmente quiere evitar un daño mayor en la población, promover una ley corta o una excepción sanitaria expresa para profesionales extranjeros que cumplan requisitos estrictos.
Esa fórmula podría exigir:
Residencia regular o trámite migratorio vigente, título reconocido o validado, EUNACOM aprobado cuando corresponda, registro profesional, ausencia de antecedentes penales relevantes y contratación en comunas con déficit acreditado de médicos.
Con eso se protege la seguridad jurídica, se resguarda la calidad profesional y se evita dejar sin atención a miles de pacientes. Lo contrario sería una política de fuerza bruta: legalmente cómoda, sanitariamente irresponsable y políticamente oportunista.
La pregunta que incomoda a La Moneda
El Gobierno de Kast debe responder una pregunta simple, ¿Quiere ordenar la migración o quiere usar la migración como símbolo político aunque dañe la salud pública?
Porque si el Estado chileno necesitó médicos extranjeros en pandemia, los contrató, los destinó a zonas críticas y permitió que sostuvieran la atención primaria, ahora no puede lavarse las manos con un tecnicismo. Menos aún si no ofrece una transición, una excepción razonable o una solución legislativa.
El dictamen de Contraloría puede ser jurídicamente defendible. Pero la inacción del Gobierno sería políticamente irresponsable.
Chile no puede construir una política migratoria seria sacrificando la atención primaria. Tampoco puede aplaudir a los médicos extranjeros cuando salvan turnos en pandemia y arrinconarlos cuando cambia el clima político.
El Gobierno de Kast tiene ante sí una decisión de fondo, corregir el vacío legal con responsabilidad sanitaria o dejar que la salud municipal pague el precio de una agenda migratoria diseñada para endurecer titulares.
¿Estamos ante una necesaria regularización del Estado o ante un portazo político a los mismos médicos que Chile utilizó cuando más los necesitaba?
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