El Gobierno ha puesto cifras a la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige Yolanda Díaz, plantea elevarlo un 3,1%, hasta 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, con el compromiso de que no tribute en el IRPF.
La propuesta supone 37 euros brutos más al mes respecto al SMI vigente y sitúa el salario anual en 17.094 euros, unos 500 euros más que en 2025. Se trata del escenario más bajo de los recomendados por el comité asesor, elegido precisamente para preservar la exención fiscal.
Exención fiscal y fórmula técnica
Desde Trabajo aseguran contar con el visto bueno de Hacienda para que el SMI quede libre de retenciones. Aunque no se ha detallado el mecanismo final, el Ejecutivo apunta a repetir la fórmula del año pasado, mediante una deducción específica que permita devolver lo retenido en la declaración de la Renta si fuera necesario.
Revisión de contratos públicos
El departamento de Díaz también se compromete a impulsar cambios normativos para permitir la revisión de los contratos públicos afectados por la subida del SMI. El objetivo es relajar las reglas de indexación en servicios intensivos en mano de obra —como limpieza o atención domiciliaria— para que las empresas puedan repercutir el aumento de costes salariales.
Esta demanda es compartida por sindicatos y patronal. Hacienda, sin embargo, ha advertido del impacto presupuestario: un alza del 2% en contratos en vigor costaría al Estado 280,5 millones de euros. La eventual reforma no se incluiría en el real decreto del SMI, sino en el texto de transposición de la directiva europea de salarios mínimos o en otra norma con rango de ley.
Próximos pasos
UGT y CCOO piden celeridad y reclaman que los cambios se concreten en cuestión de días, para evitar problemas en la gestión de nóminas. Patronal y sindicatos someterán la propuesta a sus órganos internos, aunque CEOE ya ha mostrado reticencias: su planteamiento inicial era una subida del 1,5%, muy por debajo del 3,1% propuesto.
Con el calendario en marcha, el Gobierno busca cerrar un acuerdo que combine mejora salarial, seguridad fiscal y viabilidad para los contratos públicos, en un contexto de negociación aún abierta con los agentes sociales.