Al menos 39 personas han muerto y 152 resultaron heridas, 24 de ellas de gravedad, en un descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la estación de Adamuz, Córdoba. El accidente se produjo cuando los tres últimos vagones del tren Iryo 6189, que viajaba de Málaga a Madrid, descarrilaron y colisionaron con el Alvia 2384 que circulaba en dirección a Huelva. El impacto provocó que los dos primeros vagones del tren Iryo cayeran por un terraplén de cuatro metros de altura.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó que las causas del accidente aún se desconocen, aunque lo considera un evento «tremendamente extraño» dado que ocurrió en una vía recta, el tren era relativamente nuevo y se había renovado la infraestructura recientemente en ese punto.
Este incidente se suma a un contexto de creciente preocupación en España sobre la seguridad ferroviaria, donde se han registrado hasta dos incidencias diarias relacionadas con el servicio ferroviario. Críticos del sector han señalado que la inversión en infraestructura ferroviaria ha disminuido un 42,5% en relación al volumen total de kilómetros de vía en el país, lo que podría contribuir a una creciente demanda y necesidad de servicios ferroviarios más seguros.
A pesar de los incrementos nominales en la inversión para el mantenimiento de la red ferroviaria, el gasto por unidad de patrimonio ferroviario ha disminuido en medio de un aumento de la población dependiente del tren. En un contexto de restricciones al uso del coche, la dependencia del servicio ferroviario podría aumentar, planteando interrogantes sobre la capacidad del sistema para gestionar la seguridad y la demanda ionada.