Abogados intensifican embargos a España por laudos renovables
La acción judicial contra el Reino de España por impago de laudos relacionados con energías renovables ha avanzado en Estados Unidos. Los abogados representan a acreedores internacionales, quienes han solicitado medidas de compensación más severas ante incumplimientos relacionados con indemnizaciones pendientes.
Recientemente, un tribunal estadounidense desestimó las solicitudes del gobierno de Pedro Sánchez para detener el rastreo de activos, lo que podría resultar en nuevos embargos. Los prestatarios están ampliando la búsqueda de bienes bajo jurisdicción estadounidense, que incluye contratos y pagos relacionados con las operaciones del Estado español, así como actividades vinculadas a la selección nacional de fútbol, que competirá en el Mundial de la FIFA en 2026.
El abogado Matthew McGill, quien lidera la estrategia legal, assertó: «Es importante que España cumpla con las obligaciones internacionales de pago. La decisión judicial confirma este derecho al pago inmediato, y España no podrá ocultar sus activos». Los abogados de los acreedores señalan que han pasado de una fase de reconocimiento de laudos a una fase activa de ejecución, con el objetivo de asegurar que las resoluciones se traduzcan en cobros efectivos.
Un caso reciente en el Tribunal de Distrito de Columbia apoyó la utilización de mecanismos de discovery, permitiendo a los acreedores rastrear activos en manos de terceros. Este enfoque ahora se centra en identificar fuentes de pago o activos a embargar, abarcando desde pagos a proveedores hasta ingresos por transacciones comerciales.
Adicionalmente, los altos tribunales de Reino Unido, Australia y Singapur han emitido fallos en contra de España en casos similares, facilitando la ejecución de las reclamaciones a través de embargos. Actualmente, 27 inversores internacionales aguardan pagos por más de 2 300 millones de euros debido a recortes retroactivos en subsidios de energías renovables.
Los embargos ya no son solo una posibilidad y se están materializando. La justicia belga tiene aproximadamente 480 millones de euros en fondos incautados y que debían ser transferidos a España, relacionados con aquellos laudos.
Con esta situación, la presión sobre el gobierno español se prevé en aumento. Los acreedores ya han indicado que continuarán con sus acciones para lograr el cobro total y que los tribunales internacionales respaldan la ejecución de los laudos.