La supresión de una parada de autobús por el riesgo de derrumbe en la N-120 desata la indignación vecinal mientras el Gobierno promete actuar “con rapidez”. Los residentes denuncian abandono institucional y exigen soluciones inmediatas para recuperar la conexión con el centro de Ourense.
La tensión crece en O Pino tras el corte de la N-120
La situación en el barrio ourensano de O Pino sigue escalando después de que los vecinos decidieran cortar el pasado sábado la carretera N-120 como señal de protesta por la eliminación de la parada de autobús de las torres en dirección al centro de la ciudad. La medida ha provocado un fuerte malestar social entre los residentes, que denuncian sentirse “aislados” y víctimas de una nueva muestra de abandono institucional.
El origen del conflicto se encuentra en el grave deterioro de un muro situado en el túnel de la carretera nacional, cuya estructura presenta riesgo de derrumbe. Ante este escenario, las autoridades optaron por suprimir temporalmente la parada de transporte urbano, una decisión que ha afectado directamente a decenas de familias, personas mayores y trabajadores que dependen diariamente del autobús para desplazarse.
Eladio Santos promete acelerar las obras
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, recibió este jueves a representantes de la asociación vecinal Santa Ana, quienes trasladaron personalmente el profundo malestar existente en el barrio.
Durante el encuentro, Santos aseguró que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha realizado los estudios técnicos necesarios para afrontar la reparación del túnel afectado. Según explicó, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha activado el procedimiento para declarar la obra de emergencia con el objetivo de acelerar al máximo los plazos administrativos.
El subdelegado insistió en que “la seguridad de las personas es la prioridad absoluta”, defendiendo así la decisión adoptada mientras se tramita la intervención estructural.
Sin embargo, entre los vecinos persiste el escepticismo. Muchos consideran que las administraciones reaccionan tarde y únicamente tras las protestas públicas y la presión ciudadana.
Los vecinos denuncian abandono y falta de previsión
La protesta del pasado sábado dejó imágenes de gran tensión en la N-120 y evidenció el creciente hartazgo vecinal. Los residentes critican que el deterioro del muro no es reciente y aseguran que llevaban tiempo alertando del estado de la infraestructura sin recibir respuestas contundentes.
Además del problema de seguridad, el corte indirecto del servicio de autobús ha generado un fuerte impacto social. Personas mayores y usuarios habituales del transporte público denuncian que ahora deben recorrer largas distancias a pie o depender de terceros para acudir al centro de Ourense.
La situación vuelve a poner el foco sobre el estado de determinadas infraestructuras en Galicia y sobre la lentitud burocrática que, según denuncian muchos ciudadanos, impide actuar antes de que los problemas se conviertan en crisis visibles.
El Gobierno central presiona al Concello de Ourense
En un movimiento políticamente significativo, Eladio Santos aprovechó también para lanzar un mensaje directo al Concello de Ourense, instándole a buscar una solución temporal que permita restablecer el servicio de autobús urbano mientras duren las obras.
El subdelegado considera que el gobierno municipal dispone de margen para habilitar alternativas provisionales que alivien el aislamiento del barrio. Esta petición introduce un nuevo elemento político en el conflicto y abre un posible choque competencial entre administraciones.
Mientras tanto, los vecinos exigen menos declaraciones institucionales y más soluciones concretas. Reclaman plazos claros, información transparente y medidas inmediatas que permitan recuperar cuanto antes la normalidad.
Un nuevo foco de desgaste político
La crisis de la N-120 llega en un momento especialmente delicado para las administraciones públicas, cada vez más cuestionadas por la gestión de infraestructuras y servicios esenciales.
El caso de O Pino refleja cómo un problema estructural aparentemente localizado puede transformarse rápidamente en un símbolo del descontento ciudadano cuando afecta directamente a la movilidad y a la vida diaria de los vecinos.
La incógnita ahora es cuánto tardarán realmente las obras prometidas por el Gobierno y si las soluciones temporales llegarán antes de que el malestar social siga creciendo en uno de los barrios más afectados de Ourense.
La pregunta que muchos vecinos ya se hacen es inevitable: ¿por qué las administraciones solo reaccionan cuando la protesta ciudadana estalla en plena carretera?
