La retirada de inmunidad de Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), se ha convertido en uno de los temas políticos más comentados de este martes 24 de marzo de 2026, durante su audiencia ante la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. La sesión tiene como objetivo decidir si el eurodiputado puede ser procesado por el Tribunal Supremo por presunto acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.
Al inicio de la audiencia, Pérez declaró que la solicitud de levantamiento de su inmunidad responde a críticas que él hizo sobre la actuación de la fiscal, quien pedía cinco años de cárcel para un ciudadano por comentarios relacionados con la inmigración. “Se intenta levantar mi inmunidad por criticar que esta fiscal solicitara una condena excesiva. Yo critiqué el uso del Derecho penal para persecución ideológica y me imputó acoso y persecución”, afirmó el eurodiputado a EFE a la salida del encuentro.
¿Qué implica la retirada de inmunidad de Alvise?
La retirada de inmunidad de Alvise no implica un veredicto de culpabilidad, ni afecta su cargo como eurodiputado ni otros privilegios asociados al escaño. La medida únicamente permite que la justicia española pueda procesarlo por los delitos indicados en la solicitud remitida al Parlamento Europeo. Fuentes cercanas al proceso indicaron que el informe preliminar de la comisión de Asuntos Jurídicos probablemente recomendará levantar la inmunidad, ya que los hechos denunciados ocurrieron antes de que Pérez asumiera su mandato en la Eurocámara.
El informe está siendo redactado por el eurodiputado italiano Mario Furore, miembro del Movimiento Cinco Estrellas, y posteriormente será votado en la comisión parlamentaria y en el pleno del Parlamento Europeo. Se trata de un voto a mano alzada que se aprueba por mayoría simple.
La audiencia y la postura de Alvise
Durante la audiencia, Pérez no ejerció su derecho a estar acompañado por un abogado y recibió pocas preguntas de los diputados. Solo se le interrogó sobre si era consciente de la repercusión de sus palabras. Pérez destacó que, independientemente de la decisión de la comisión, confía en que la situación seguirá la misma tendencia de años anteriores, cuando varias denuncias de este tipo en su contra fueron archivadas de inmediato por los tribunales.
“Entiendo que la comisión pedirá levantar la inmunidad, pero históricamente estas denuncias terminan en archivo. No espero un resultado diferente”, afirmó el líder de SALF.
Otros suplicatorios y futuras acciones judiciales
La comisión de Asuntos Jurídicos también debe tramitar un segundo suplicatorio enviado por el Tribunal Supremo relacionado con delitos electorales y de financiación ilegal del partido SALF. Este caso se centra en la supuesta recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas durante la campaña electoral europea en la que Pérez obtuvo tres escaños.
El eurodiputado tiene la opción de recurrir cualquier decisión sobre la retirada de inmunidad de Alvise ante la justicia europea. No existen plazos establecidos para la resolución final, que dependerá principalmente de la frecuencia de reuniones de la comisión de Asuntos Jurídicos y de los procedimientos internos de la Eurocámara.
Impacto político y mediático
La audiencia de Pérez ha generado un amplio seguimiento mediático y político, ya que la decisión sobre la retirada de inmunidad de Alvise marcará un precedente en cómo se tratan los suplicatorios relacionados con delitos previos a asumir el cargo de eurodiputado. Analistas políticos han señalado que, aunque el levantamiento de inmunidad no significa condena, sí abre la puerta a que el Tribunal Supremo lleve adelante investigaciones complejas que podrían afectar la carrera política de Pérez.
El caso también pone en evidencia la tensión entre la protección parlamentaria y la acción judicial en delitos de carácter previo al mandato, un debate recurrente en la Eurocámara sobre la equidad y la justicia frente a los derechos de los legisladores.
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