La Policía Nacional arresta en Palma a un detective privado acusado de instalar clandestinamente un localizador para controlar los movimientos de un empleado. Su jefe sospechaba que trabajaba en otro lugar mientras estaba de baja.
La Policía Nacional ha detenido en Palma de Mallorca a un detective privado como presunto autor de un delito contra la intimidad después de que supuestamente instalara un dispositivo GPS en el vehículo particular de un trabajador para conocer sus movimientos y controlar sus rutinas.
Detrás del seguimiento se encontraba, según la investigación, uno de los empresarios para los que trabajaba la víctima. El empleado estaba de baja laboral y su jefe sospechaba que podía estar trabajando en otro lugar, motivo por el que habría contratado al investigador privado.
El trabajador descubrió que lo seguían y grababan
El caso salió a la luz dentro de una investigación más amplia del Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras contra la contratación irregular de trabajadores.
En una primera fase, los agentes habían detenido a tres personas por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de ciudadanos extranjeros, además de favorecimiento de la inmigración irregular. Posteriormente, los investigadores detectaron que uno de aquellos empresarios podría haber encargado el seguimiento de un empleado.
La víctima ya había advertido movimientos sospechosos. Según la investigación, observó cómo una persona lo seguía y grababa con un teléfono móvil.
El descubrimiento más relevante llegó después: en su vehículo particular apareció un GPS destinado a registrar sus desplazamientos.
Los agentes atribuyen presuntamente la colocación del dispositivo al detective contratado por el empresario, lo que desembocó en su detención por un supuesto delito contra la intimidad.
Contratar un detective no permite cualquier método
El caso plantea una diferencia fundamental. Una empresa puede recurrir en determinadas circunstancias a detectives privados para investigar posibles incumplimientos laborales, pero eso no significa que cualquier técnica de vigilancia sea legal.
La jurisprudencia ha considerado especialmente invasiva la colocación de un GPS en un vehículo particular sin consentimiento. El Tribunal Supremo ya abordó un caso en el que un detective instaló un dispositivo de seguimiento permanente y concluyó que aquella actuación vulneraba el derecho fundamental a la intimidad, señalando además que podían utilizarse otras técnicas menos intrusivas.
Por tanto, el debate no está simplemente en si una empresa puede comprobar una posible irregularidad durante una baja laboral, sino en qué medios utiliza para conseguir las pruebas.
La investigación continúa en Palma
La Policía deberá determinar ahora el alcance exacto del seguimiento y las responsabilidades correspondientes.
Según la información publicada, los investigadores tratan de esclarecer quién ordenó concretamente la vigilancia, cómo se utilizó la información obtenida y si pudieron producirse actuaciones similares.
El detective figura por el momento como presunto autor de los hechos y conserva íntegramente su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.
El episodio vuelve a marcar una frontera importante en el control laboral: investigar un posible fraude no concede carta blanca para invadir la vida privada de un trabajador mediante sistemas de geolocalización clandestinos.
