La Inspección Educativa concluye que el colegio Irlandesas Loreto no activó correctamente los protocolos frente al presunto acoso sufrido por Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en Sevilla en octubre de 2025. El informe oficial contradice el archivo judicial del caso y sostiene que existían “indicadores de alerta suficientes” para actuar antes de la tragedia.
El caso vuelve a sacudir a Sevilla y reabre un debate incómodo sobre la responsabilidad real de los centros educativos ante situaciones de acoso escolar. Mientras el juzgado archivó la querella contra el colegio, la propia Inspección de Educación sostiene ahora que el centro no aplicó las medidas correctoras adecuadas pese a las señales evidentes de riesgo.
Un informe demoledor contra el colegio Irlandesas Loreto
El informe de la Inspección Educativa, fechado el 23 de octubre de 2025, apenas nueve días después de la muerte de Sandra Peña, cuestiona directamente la actuación del colegio sevillano.
Los inspectores concluyen que:
- “No consta que el centro haya iniciado un procedimiento corrector” frente a las conductas sufridas por la menor.
- Existían suficientes señales para activar:
- El protocolo de acoso escolar.
- El protocolo de autolesiones.
- Hubo fallos graves de comunicación con la familia.
La conclusión choca frontalmente con el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla, que archivó recientemente la querella presentada por los padres de Sandra contra el centro educativo.
Tres incidentes acreditados y señales de alarma ignoradas
La Inspección confirma la existencia de al menos tres incidentes documentados entre Sandra y las alumnas señaladas como presuntas acosadoras.
Los episodios incluyen:
- Insultos.
- Vejaciones.
- Situaciones conflictivas reiteradas.
Algunos de estos hechos quedaron reflejados en:
- Actas internas del colegio.
- Declaraciones del profesorado.
- Informes psicológicos entregados al centro.
Especialmente relevante resulta el informe de la psicóloga de Sandra remitido el 1 de septiembre de 2025, donde ya se alertaba de:
- Ansiedad severa.
- Ataques de pánico.
- Autolesiones.
- Problemas emocionales graves.
Pese a ello, según los inspectores, el colegio no activó formalmente los protocolos necesarios.
La contradicción que puede cambiar el caso
Uno de los puntos más delicados del informe es la reunión celebrada el 3 de septiembre de 2025 entre el colegio y la familia.
El centro sostiene que se valoró abrir protocolos y que la decisión quedó pendiente.
Sin embargo, la madre de Sandra asegura que el colegio le transmitió que ambos protocolos —acoso y autolesiones— serían activados.
La Inspección considera esta contradicción “insalvable”.
Además, existen mensajes de WhatsApp aportados por la familia donde la madre comunica a la psicóloga que:
- El colegio abriría ambos protocolos.
- Sandra se sentía “aliviada y respaldada”.
- Se habían designado profesoras de vigilancia.
La propia terapeuta escribió posteriormente al centro dando por hecho que las medidas ya estaban en marcha.
Más de un mes sin contacto con la familia
Otro aspecto especialmente crítico del informe es la ausencia total de comunicaciones documentadas entre el colegio y la familia desde el 3 de septiembre hasta el 14 de octubre, día del suicidio.
La Inspección considera que:
- La falta de seguimiento agravó la situación.
- No existió supervisión efectiva.
- La familia quedó desinformada.
Los padres de Sandra declararon que les resultó “increíble” que el centro no volviera a contactar con ellos durante semanas pese a la gravedad del caso.
El juez archivó el caso sin tomar declaración al profesorado
El archivo judicial también ha generado una fuerte polémica.
Según se detalla, durante los más de cuatro meses de instrucción:
- El juez no tomó declaración al profesorado.
- Tampoco interrogó al equipo directivo.
- No escuchó a compañeros de Sandra.
- No citó a numerosos menores que sí habían corroborado el acoso ante:
- Fiscalía de Menores.
- Policía Nacional.
La investigación penal contra las tres presuntas acosadoras continúa en paralelo en la jurisdicción de menores.
La autopsia revela autolesiones y alcohol en sangre
La autopsia de Sandra Peña añadió nuevos elementos estremecedores al caso.
La menor presentaba:
- Cortes en muñecas y muslos.
- Una cuchilla ensangrentada en la funda del móvil.
- 0,59 miligramos de alcohol en sangre.
Además, el informe psicológico reflejaba un deterioro emocional severo:
- Taquicardias.
- Ataques de ansiedad.
- Insomnio.
- Llanto constante.
- Problemas de concentración.
- Descenso notable del rendimiento académico.
Sandra pasó de una media de 6,45 a 5,45 en apenas un curso académico.
La Inspección pide revisar el plan de convivencia del colegio
El documento concluye proponiendo varias medidas contundentes.
Entre ellas:
- Remitir el informe a la Viceconsejería de Educación.
- Trasladar toda la documentación a la Fiscalía de Menores.
- Abrir una supervisión extraordinaria sobre el plan de convivencia del colegio Irlandesas Loreto.
El objetivo, según la Inspección, es garantizar:
- Protocolos claros.
- Sistemas eficaces de detección temprana.
- Seguimiento real de situaciones de riesgo.
- Prevención de nuevos casos similares.
El debate sobre el acoso escolar vuelve al centro de la sociedad
La muerte de Sandra Peña ha vuelto a colocar sobre la mesa una cuestión extremadamente sensible: la capacidad real de los centros educativos para detectar y frenar el acoso escolar antes de que sea demasiado tarde.
El caso plantea preguntas incómodas:
- ¿Se activan realmente los protocolos cuando aparecen señales evidentes?
- ¿Existe miedo institucional a reconocer casos de acoso?
- ¿Se prioriza la imagen del centro frente a la protección del menor?
Mientras la Justicia archiva provisionalmente la causa contra el colegio, el informe de la Inspección deja una conclusión difícil de ignorar: sí existían señales suficientes para actuar antes de la tragedia.
