Hospitales convertidos en puestos de control, expulsiones opacas y un Registro Civil que durante seis meses no acertó a definir quién era legal en Chile. El orden que prometió Kast empieza a parecerse a la mayor persecución administrativa contra extranjeros en la historia reciente del país.
Hay un punto en el que el control migratorio legítimo deja de serlo y se convierte en otra cosa. Ese punto se cruza cuando el Estado deja de vigilar la frontera para empezar a vigilar a las personas: cuando un hospital se convierte en puesto de control, cuando una escuela debe informar de los padres de sus alumnos, cuando la condición de extranjero basta para ser tratado como sospechoso. La política migratoria del gobierno de José Antonio Kast ha empezado a coquetear con ese límite, y conviene decirlo con los hechos en la mano.
De la frontera a la persona
Durante la campaña, el discurso de Kast se centró en el perímetro: muros, drones, militares. Era una promesa de control territorial. El problema es que, una vez en el poder desde el 11 de marzo de 2026, la lógica se ha desplazado del territorio al individuo.
El ejemplo más nítido llegó en mayo. Según informó la prensa chilena, el Ejecutivo impulsó una indicación legislativa para obligar a hospitales, consultorios de urgencia, jardines infantiles y colegios a entregar antecedentes de migrantes irregulares —domicilio, teléfono, correo— al Servicio Nacional de Migraciones para facilitar expulsiones administrativas. El propio Kast lo justificó así: «Los gobiernos entregan muchas prestaciones y eso se debe ir ordenando, y la única manera de hacerlo es saber quiénes utilizan los servicios públicos».
El temor que expresaron organizaciones sanitarias y de derechos humanos es preciso: que hospitales, colegios y jardines infantiles dejen de ser percibidos como espacios seguros para transformarse en lugares asociados a la fiscalización y la persecución administrativa. Una madre indocumentada que no lleva a su hijo enfermo al consultorio por miedo a ser delatada no es un efecto colateral: es el resultado previsible de la medida.
El precedente que pesa
Convertir a médicos y profesores en informantes del aparato migratorio no es una idea menor en una democracia. Toca el corazón de la confianza institucional. Un Estado de derecho se sostiene sobre la idea de que ciertos espacios —la consulta médica, el aula— están al margen de la coacción. Romper esa frontera para perseguir a quien carece de papeles abre una puerta que después es muy difícil de cerrar.
No se trata de una alarma ideológica. Un grupo de ex cancilleres chilenos advirtió que propuestas basadas en «expulsiones masivas, separación de familias o confinamiento en instalaciones semejantes a prisiones» son «incompatibles con el respeto a la dignidad humana y los estándares internacionales de derechos humanos». Recordemos que Chile está sujeto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fija límites claros a la actuación del Estado sobre cualquier persona, tenga o no la documentación en regla.
El espejo incómodo: cuando los delincuentes son chilenos
Y aquí conviene poner un espejo delante del discurso oficial. Mientras el Gobierno trata al extranjero como sospechoso por defecto, son ciudadanos chilenos quienes protagonizan algunos de los casos de criminalidad transnacional más sonados de los últimos años.
En Estados Unidos, una banda compuesta principalmente por chilenos fue acusada de robar mansiones de celebridades y deportistas de élite. En enero de 2025, la fiscalía de Nueva Jersey imputó a siete chilenos por conspirar para robar viviendas en ese estado y en Massachusetts, con un botín de joyas y relojes avaluado en más de 100.000 dólares; entre las víctimas figuraban estrellas de la NFL como Travis Kelce. A ello se sumó el robo de la cartera de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, a manos de un ciudadano chileno en situación irregular, y la aparición en Chile de un Rolex sustraído al actor Keanu Reeves. El fenómeno, bautizado como «turismo delictivo», llevó incluso a sectores del Partido Republicano a pedir la salida de Chile del programa de exención de visados. En abril de 2025, la PDI detuvo a 24 personas en la «Operación Pennsylvania».
El patrón se repite en Europa. En marzo de 2025, la Guardia Civil desarticuló en Madrid una banda de cinco chilenos especializada en robar chalets de lujo en Las Rozas, Majadahonda y Boadilla del Monte. En enero de 2026, la Policía Nacional desmanteló otro grupo chileno dedicado al robo en viviendas de alto poder adquisitivo en la provincia de Málaga.
¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos y de España? Investigación policial, cooperación con el FBI e Interpol, detención de los responsables y proceso judicial con todas las garantías. Ningún gobierno respondió convirtiendo sus hospitales en puestos de control para cazar chilenos, ni expulsando en bloque a la comunidad chilena, ni exigiendo a las escuelas que delataran a los hijos de inmigrantes chilenos. Persiguieron al delincuente, no a la nacionalidad. Esa es justamente la distinción que el Gobierno de Kast parece haber extraviado: el delito tiene autores concretos, no pasaportes colectivos.
La expulsión como espectáculo
El siguiente síntoma es la opacidad. El gobierno ejecutó su primer vuelo de expulsión a mediados de abril de 2026: 40 personas —19 colombianos, 12 bolivianos y 9 ecuatorianos—. La Red Nacional de Organizaciones Migrantes denunció falta de transparencia en los criterios y advirtió que, de esas 40, 25 correspondían a expulsiones administrativas pese a que el Gobierno las vinculaba a delitos, una causal que suele ser exclusiva de la vía judicial.
Ahí está el problema de fondo de la persecución: cuando la prisa por mostrar resultados se impone sobre las garantías, el procedimiento se debilita. Y un Estado que expulsa rápido pero mal no es un Estado fuerte: es un Estado que se salta sus propias reglas.
A esto se suma la incomodidad política. Tras prometer la expulsión de 300.000 irregulares «el primer día», Kast aclaró en mayo que la cifra debía entenderse como una «metáfora». Según una encuesta posterior, el 76% de los consultados creía que la promesa debía cumplirse de forma concreta. La persecución se anuncia con grandilocuencia y se ejecuta con dos vuelos de 40 personas: el resultado es el peor de ambos mundos, el del miedo sembrado y la promesa incumplida.
El Estado que ni sabía quién era legal
Y aquí el caso del Registro Civil adquiere su verdadero sentido. Según reveló Ciper el 5 de junio de 2026, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 el organismo consignó residencia definitiva con vigencia de cinco años a extranjeros que solo tenían permanencia temporal. El propio Servicio Nacional de Migraciones lo dejó por escrito en el Oficio Ordinario N.º 16243, del 2 de abril de 2025, alertando del desfase y pidiendo medidas correctivas.
Conviene subrayar lo esencial, porque es el núcleo de la cuestión: este error no es responsabilidad de los extranjeros. El fallo se originó en el nuevo sistema de identificación nacional puesto en marcha el 16 de diciembre de 2024 y en el proceso de homologación de bases de datos entre el Registro Civil y el Servicio Nacional de Migraciones. Se trata de un circuito interno del Estado chileno, con sus propios servidores, su software, sus números de CODEX y su interoperabilidad institucional. Un migrante no tiene acceso a esa infraestructura, no la opera y no puede manipularla. La cédula la emite el Estado; el dato lo cruza el Estado; el error lo comete el Estado.
El Registro Civil ha precisado que fueron cerca de 14.000 registros con inconsistencias informáticas, no 14.000 cédulas físicas, y que todas las afectadas se bloquearon «en forma definitiva». La aclaración es justa. Pero la lección persiste: el mismo Estado que ahora quiere que un pediatra delate a un paciente fue incapaz, durante seis meses, de definir correctamente quién tenía residencia legal y quién no.
Ahí reside la mayor injusticia de una política migratoria mal diseñada. Quien sufre el error nunca es el aparato: es la persona. Un migrante que recibió una cédula equivocada por un fallo informático del propio Estado descubre después que su documento queda «inservible», que debe rehacer el trámite y que carga con la sospecha de una irregularidad que jamás provocó. Si a ese mismo migrante, además, se le persigue, se le fiscaliza en el hospital o se le expulsa por incongruencias que nacieron dentro de un sistema que él nunca tocó, no estaríamos ante un control migratorio: estaríamos ante una de las mayores injusticias administrativas contra la población extranjera en la historia reciente de Chile. Castigar al ciudadano por el error del funcionario invierte el principio más básico del Estado de derecho.
Lo que está en juego
La discusión no es si Chile debe ordenar su migración —debe hacerlo, y la magnitud del fenómeno lo exige—. La discusión es el método. Existe una línea que separa el control migratorio dentro del Estado de derecho de la persecución administrativa que erosiona ese mismo Estado de derecho. Hospitales convertidos en delatores, expulsiones de procedencia jurídica dudosa y un sistema de identificación que falla en lo básico son, los tres, pasos en la dirección equivocada.
La opinión de El Vértice
El control de la inmigración irregular es una obligación legítima del Estado, y la seguridad jurídica es un valor que este diario defiende sin matices. Precisamente por eso preocupa el rumbo. Un gobierno que convierte la consulta médica en puesto de control, que expulsa con criterios opacos y que arrastra un sistema incapaz de saber quién es legal no está fortaleciendo el orden: lo está sustituyendo por el miedo.
Y hay una incoherencia que el propio Kast debería ver: cuando los delincuentes son chilenos que roban en Madrid, Málaga o Los Ángeles, nadie en el extranjero criminaliza a Chile entero; se persigue al culpable. La firmeza ante la migración irregular es defendible; la persecución de las personas por su origen no lo es.
Y si encima se traslada al migrante el coste de un error que cometió el propio aparato estatal —un sistema que ninguna persona extranjera podía manipular—, la frontera entre orden y persecución habrá quedado definitivamente atrás.
¿De verdad un país es más seguro cuando un niño enfermo no va al médico por temor a que el hospital lo entregue, o cuando se castiga a alguien por un fallo que nunca estuvo en sus manos?
