El Partido Popular denuncia que la Ley de Eficiencia de la Justicia obliga a mujeres víctimas de violencia de género a declarar solas, sin abogado y por videollamada, generando colapso, inseguridad jurídica y revictimización.
El PP lleva al Congreso la ley de Bolaños
El Partido Popular ha exigido formalmente la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por las “graves consecuencias” de su Ley de Eficiencia de la Justicia sobre las mujeres víctimas de violencia de género.
La petición, registrada este sábado, llega tras conocerse que la norma impone a las víctimas declarar contra su agresor sin abogado, sin fiscal y por videollamada, además de obligarlas en muchos casos a desplazarse más de 80 kilómetros para poder hacerlo presencialmente.
Juzgados suprimidos y víctimas obligadas a desplazarse
Tal y como ha trascendido, la ley impulsada por Bolaños reduce el número de juzgados especializados en violencia de género y centraliza los procedimientos en la capital provincial, un modelo conocido como “comarcalización”.
Este sistema provoca que muchas mujeres tengan que:
- Recorrer largas distancias para declarar
- O hacerlo de forma telemática, solas y sin asistencia letrada
Una situación que, según denuncian los populares, desprotege a la víctima y prioriza criterios administrativos frente a la seguridad y el acompañamiento jurídico.
La Fiscalía alerta de “efectos disuasorios”
La Asociación de Fiscales ha advertido públicamente de los “efectos disuasorios” de esta norma, alertando de que puede desincentivar la denuncia por parte de mujeres maltratadas.
Según la asociación mayoritaria del Ministerio Público, la ley ha generado una situación de “caos”, agravada por su aprobación sin estudios suficientes sobre competencias, instrucción y enjuiciamiento.
Además, subrayan que la creación de tribunales comarcales está provocando una clara revictimización, al alejar a las denunciantes del entorno protector que exige este tipo de procedimientos.
“No es eficiencia, es desmontar la Justicia”
Desde el PP denuncian que la tercera fase de aplicación de la ley responde a un calendario irreal y ha sido impulsada con precipitación política, sin dotación suficiente de medios humanos ni presupuestarios.
La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha sido especialmente dura con el Ejecutivo:
“El Gobierno quería llegar al 1 de enero de 2026 con una foto, aunque la Justicia no funcionara”, ha afirmado.
Gamarra acusa a Bolaños de haber reorganizado la Justicia de espaldas a jueces, fiscales, abogados, procuradores y funcionarios, y concluye que “esto no es eficiencia, es desmontar el sistema sin alternativa”.
Inseguridad jurídica y falta de recursos
Para el PP, la Ley de Eficiencia de la Justicia se ha convertido en otro desastre legislativo del Gobierno, al generar:
- Inseguridad jurídica
- Colapso en los juzgados
- Desprotección de las víctimas
- Falta de recursos humanos y presupuestarios
Frente a ello, los populares defienden una alternativa basada en eliminar obstáculos, reforzar medios y escuchar a los profesionales que sostienen el sistema judicial.
Una ley bajo sospecha
La exigencia de comparecencia de Bolaños marca un nuevo frente político y jurídico para el Gobierno, en un asunto especialmente sensible como la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
Cuando una ley pensada para “ganar eficiencia” termina dejando solas a las víctimas, la pregunta es inevitable: ¿quién protege realmente a las más vulnerables?