Los populares convocan una nueva Comisión de Interior para el 20 de agosto y vuelven a reclamar explicaciones a Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno mantiene que sus ministros comparecerán en el Congreso.
El enfrentamiento institucional entre el Senado y el Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis de Ceuta entra en un nuevo capítulo. El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para volver a citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que esta semana no acudiera a la primera comparecencia convocada para explicar la actuación de su departamento ante la grave crisis migratoria de la ciudad autónoma.
La nueva reunión de la Comisión de Interior del Senado está fijada para el jueves 20 de agosto, según consta en la agenda parlamentaria. La decisión llega pese a que el Ejecutivo ya ha anunciado su intención de que las explicaciones se produzcan posteriormente en el Congreso de los Diputados.
El PP vuelve a citar a Marlaska para el 20 de agosto
Los populares no dan por cerrado el primer episodio.
Después de la ausencia de Marlaska en la Comisión de Interior celebrada el pasado miércoles, el PP y Vox anunciaron que promoverían una nueva convocatoria. Esa citación ya tiene fecha: 20 de agosto.
La estrategia del PP busca mantener la presión sobre Interior y defender la capacidad del Senado para ejercer su función de control parlamentario al Gobierno, una cuestión que se ha convertido en el centro de la disputa entre el Ejecutivo y la oposición.
El Gobierno sostiene que sus ministros darán explicaciones sobre Ceuta en el Congreso a finales de agosto y ha alegado que pretende evitar duplicidades entre ambas cámaras.
El Senado rechaza ese razonamiento. Su presidente, Pedro Rollán, ha defendido que la Constitución atribuye a las Cortes Generales —Congreso y Senado— la función de controlar al Gobierno y niega que los ministros puedan decidir unilateralmente ante qué Cámara atender una citación.
La silla vacía de Marlaska desató el choque
El conflicto estalló esta semana cuando la Comisión de Interior se reunió pese a conocerse que Marlaska no acudiría.
El ministro había sido convocado para informar sobre las actuaciones de Interior durante la crisis de Ceuta y sobre las medidas adoptadas posteriormente para reforzar la seguridad.
La comisión siguió adelante y la silla del ministro permaneció vacía.
El presidente de la Comisión de Interior, Fernando Martínez-Maíllo, calificó la ausencia de «injustificable» y sostuvo que los ministros tienen el deber de comparecer cuando son requeridos por las Cámaras. PP y Vox anunciaron entonces nuevas iniciativas ante lo que consideran una desobediencia institucional.
El PP estudia llevar el conflicto al Constitucional
La batalla puede acabar saliendo del terreno estrictamente parlamentario.
El PP ha planteado la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional ante la negativa de Marlaska a comparecer. La Mesa del Senado estudia las posibles vías para responder a una situación que los populares consideran un precedente grave para las facultades de control de la Cámara Alta.
El artículo 110 de la Constitución establece que las Cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
La discusión jurídica y política está precisamente en las consecuencias que pueden derivarse cuando un ministro rechaza una convocatoria y en la justificación ofrecida para su ausencia.
Por ello, conviene diferenciar entre la acusación política de «desobediencia» formulada por el PP y una eventual responsabilidad jurídica, que requeriría el correspondiente procedimiento y resolución.
Moncloa apuesta por el Congreso
El Ejecutivo mantiene una interpretación política diferente.
Moncloa argumenta que las comparecencias solicitadas sobre la crisis de Ceuta también tendrán lugar en el Congreso y sostiene que concentrarlas en la Cámara Baja evita duplicidades.
El Gobierno había solicitado comparecencias a finales de agosto de Marlaska y otros ministros para explicar la actuación de sus respectivos departamentos.
Rollán ha rechazado que ese planteamiento permita dejar sin atender las convocatorias del Senado y ha acusado al Ejecutivo de intentar «escamotear» a la Cámara Alta su labor de control.
La controversia, por tanto, ya no afecta únicamente a la gestión de Ceuta. Se ha transformado también en un choque institucional sobre las facultades del Senado frente al Gobierno.
Albares y Robles, también en el pulso parlamentario
Marlaska no es el único miembro del Ejecutivo afectado.
El PP habilitó extraordinariamente el mes de agosto para reclamar también explicaciones al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la respuesta del Gobierno ante la crisis ceutí.
Robles llegó a mostrar disponibilidad para buscar una fecha alternativa, pero posteriormente comunicó que no comparecería el 18 de agosto, alegando que necesitaba más tiempo para preparar su intervención.
El conflicto evidencia la distancia entre Moncloa y la mayoría popular del Senado: el Gobierno quiere llevar las explicaciones al Congreso, mientras el PP pretende que los ministros respondan también ante la Cámara Alta.
Ceuta continúa en el centro de la batalla política
Detrás del choque parlamentario permanece una cuestión mucho más grave: la crisis de Ceuta y sus consecuencias sobre la seguridad fronteriza española.
La entrada masiva registrada el 30 de julio provocó una situación excepcional en la ciudad y ha abierto un intenso debate sobre la respuesta del Gobierno, la actuación de Marruecos y las medidas necesarias para impedir que un episodio semejante vuelva a repetirse.
Precisamente este viernes, Ceuta permanece bajo un dispositivo reforzado ante los llamamientos difundidos en redes sociales para realizar un nuevo intento de cruce masivo desde Marruecos el sábado 15 de agosto.
La crisis sigue, por tanto, abierta mientras Gobierno y oposición libran paralelamente una batalla por las explicaciones políticas.
El 20 de agosto, nueva prueba para Marlaska
La nueva convocatoria deja planteada una pregunta inmediata: ¿volverá a quedar vacía la silla de Fernando Grande-Marlaska?
Todo apunta a un nuevo choque. El Gobierno mantiene su decisión de comparecer posteriormente en el Congreso, mientras el PP insiste en que el Senado tiene plena capacidad constitucional para exigir explicaciones a los ministros.
Si Marlaska vuelve a ausentarse el próximo 20 de agosto, el conflicto puede escalar todavía más y reforzar la vía anunciada por el PP para trasladar la disputa al Tribunal Constitucional.
Lo que comenzó como una petición de explicaciones por la crisis de Ceuta se ha convertido así en una batalla política e institucional sobre algo mucho más amplio: hasta dónde llega la obligación del Gobierno de someterse al control del Senado cuando la mayoría parlamentaria pertenece a la oposición.
