El alto tribunal admite un recurso que cuestiona si el Ejecutivo conocía previamente el riesgo de una entrada masiva y pide a Presidencia documentación sobre las alertas existentes.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso relacionado con la actuación del Gobierno durante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del 30 de julio y ha requerido a Presidencia documentación para esclarecer qué información manejaba el Ejecutivo antes de que estallara la crisis.
Según la información publicada, la Sala Tercera del Supremo ha concedido un plazo de cinco días para remitir los expedientes reclamados. El procedimiento parte de un recurso presentado por la asociación Zeolandia, que acusa al Ejecutivo de una supuesta «omisión deliberada de medidas de seguridad preventivas» y sostiene que pudo disponer de alertas previas sin reforzar suficientemente la frontera.
La admisión a trámite no supone que el Tribunal Supremo dé por probadas estas acusaciones, sino que abre la vía para examinarlas y reclamar la documentación correspondiente.
El Supremo quiere conocer qué sabía el Gobierno sobre Ceuta
Entre el material solicitado figuran informes, comunicaciones y documentación policial o de inteligencia relacionados con los acontecimientos que desembocaron en la crisis fronteriza.
La cuestión central es determinar qué información llegó a las instituciones del Estado, en qué momento lo hizo y qué medidas se adoptaron a partir de ella.
Los recurrentes sostienen que existieron advertencias procedentes de los servicios de seguridad sobre el riesgo de una entrada masiva y cuestionan si el Gobierno actuó con suficiente anticipación.
El asunto ha cobrado especial relevancia después de conocerse informaciones sobre ocho alertas policiales emitidas antes, durante y después de los acontecimientos, así como un informe policial que apunta a una posible participación o colaboración de agentes marroquíes. Estas circunstancias están sometidas a investigación y no equivalen a una conclusión judicial definitiva sobre la responsabilidad de Marruecos.
Una pieza separada para proteger la documentación
El Supremo también ha abierto una pieza separada para estudiar la petición de medidas cautelarísimas formulada por los recurrentes.
Su objetivo es evitar, según argumentan los denunciantes, que pueda desaparecer documentación elaborada o recopilada por organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), la Policía Nacional o la Guardia Civil.
La magistrada María Alicia Millán ha sido designada ponente del procedimiento.
Paralelamente, la Audiencia Nacional mantiene abierta otra investigación penal relacionada con los acontecimientos de Ceuta, por lo que existen procedimientos distintos que no deben confundirse.
La gestión de Ceuta aumenta la presión sobre Sánchez
La actuación del Gobierno durante la crisis se ha convertido en uno de los principales frentes políticos del comienzo de curso.
PP y Vox cuestionan desde hace semanas qué sabía el Ejecutivo antes del 30 y 31 de julio, mientras Moncloa ha rechazado que existieran entonces pruebas sólidas suficientes para atribuir directamente la operación al Gobierno marroquí.
Ahora será la documentación reclamada la que permita delimitar con mayor precisión qué alertas existían, quién las recibió y qué decisiones se adoptaron.
La actuación del Supremo introduce así una nueva presión institucional sobre el Ejecutivo, aunque el punto jurídico fundamental sigue siendo el mismo: admitir el recurso y reclamar expedientes no sig
