Una investigación de la Guardia Civil destapa una presunta trama para vender fraudulentamente dos viviendas en Onda (Castellón) mediante poderes notariales falsos y la identidad de un tercero. Hay cuatro hombres investigados.
Una operación inmobiliaria aparentemente legal terminó convertida en una presunta estafa de más de 407 000 euros. Los investigadores sostienen que detrás había un mecanismo diseñado para que las compraventas parecieran legítimas y para dificultar posteriormente el seguimiento del dinero.
La Guardia Civil investiga una estafa inmobiliaria en Onda
La Guardia Civil ha esclarecido una presunta estafa inmobiliaria en Onda, en la provincia de Castellón, relacionada con la venta fraudulenta de dos viviendas por un importe superior a 407 000 euros.
Las actuaciones han llevado a investigar a cuatro hombres de entre 52 y 67 años como presuntos autores de varios delitos.
En concreto, las diligencias los relacionan con presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y falsedad documental.
El caso resulta especialmente significativo por el procedimiento que, según la investigación, se habría utilizado para ejecutar las operaciones: documentación notarial falsificada, utilización de la identidad de un tercero y movimientos de dinero mediante sociedades mercantiles.
El objetivo habría sido doble. Por una parte, conseguir que la venta de los inmuebles aparentase cumplir con todos los requisitos legales. Por otra, dificultar posteriormente el rastreo del dinero obtenido.
Las diligencias han quedado en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules, que continuará con la tramitación judicial.
Una denuncia permitió descubrir el supuesto fraude
La investigación comenzó después de que el perjudicado denunciara haber sido engañado durante el proceso de adquisición de dos inmuebles.
A partir de esa denuncia, los agentes comenzaron a reconstruir las operaciones y analizar la documentación utilizada.
Las pesquisas permitieron descubrir lo que los investigadores consideran un entramado destinado presuntamente a dar una apariencia de legalidad a unas compraventas fraudulentas.
La clave estaba, según la investigación, en los documentos.
Los implicados habrían recurrido a documentación notarial falsificada y a la identidad de otra persona para poder intervenir en operaciones inmobiliarias en las que, en realidad, no dispondrían de la autorización correspondiente.
Este mecanismo habría permitido superar uno de los principales obstáculos para cometer un fraude inmobiliario: hacer creer al comprador que quien interviene en representación de otra persona está legítimamente autorizado para vender.
Poderes notariales falsos para vender las viviendas
Según las pesquisas, los investigados habrían manipulado documentación para obtener o confeccionar poderes notariales falsos.
Estos documentos les habrían permitido presentarse como personas autorizadas para actuar en nombre de terceros sin contar con su consentimiento.
El poder notarial es precisamente un instrumento mediante el cual una persona autoriza a otra para realizar determinados actos jurídicos en su nombre.
En una compraventa inmobiliaria puede permitir, dependiendo de las facultades concedidas, que un representante intervenga en nombre del propietario.
Por eso, la presunta falsificación de este tipo de documentación resulta fundamental para comprender el funcionamiento del fraude investigado en Onda.
La hipótesis de los investigadores apunta a que esa documentación habría sido utilizada para conseguir que las ventas fraudulentas parecieran operaciones perfectamente legales ante el comprador.
La identidad de un tercero, otra pieza de la presunta estafa
La investigación también apunta a una posible usurpación de estado civil.
Esto implica que los responsables habrían utilizado la identidad de otra persona dentro de las operaciones investigadas.
El uso de identidades ajenas, combinado con documentos falsificados, puede dificultar considerablemente que una víctima detecte el engaño antes de entregar el dinero.
En una operación inmobiliaria, donde pueden movilizarse cientos de miles de euros en una sola transacción, cualquier fallo en la comprobación de la identidad del vendedor o de sus representantes puede tener consecuencias económicas devastadoras.
Precisamente por ello, la Guardia Civil insiste en comprobar de manera exhaustiva quién vende, con qué facultades actúa y qué documentos respaldan esas facultades.
Más de 407 000 euros por las dos viviendas de Onda
El perjuicio económico relacionado con las dos operaciones investigadas supera los 407 000 euros.
Se trata de una cantidad considerable para una estafa vinculada únicamente a dos inmuebles.
Sin embargo, una de las partes más relevantes de la operación policial ha sido la capacidad de los investigadores para localizar y bloquear una parte importante del dinero antes de que pudiera desaparecer definitivamente.
La actuación permitió bloquear 161 619,37 euros relacionados con la operación.
A esa cantidad se suman otros 40 000 euros cuya devolución al perjudicado pudo ser impulsada durante las actuaciones.
En conjunto, se han conseguido recuperar o asegurar 201 619,37 euros.
Esto supone cerca de la mitad del importe total presuntamente defraudado.
Sociedades mercantiles para mover el dinero
La presunta trama no habría terminado cuando se recibió el dinero de las compraventas.
Los investigadores sostienen que, una vez obtenidos los fondos, estos eran desviados mediante diferentes sociedades mercantiles.
La investigación apunta además al supuesto empleo de facturación falsa.
El objetivo habría sido dificultar el seguimiento del dinero y conseguir que unos fondos procedentes presuntamente de una actividad delictiva adquirieran apariencia de legalidad.
Este elemento explica que entre los delitos atribuidos provisionalmente a los investigados figure también el blanqueo de capitales.
El blanqueo consiste, en términos generales, en introducir o mover dentro de los circuitos económicos legales bienes o dinero vinculados a actividades delictivas con la finalidad de ocultar o encubrir su verdadero origen.
En este caso, según las pesquisas, el uso de empresas y facturas presuntamente falsas habría servido para crear diferentes movimientos económicos y complicar el rastreo del dinero.
El rastro del dinero, fundamental para recuperar 201 619 euros
La velocidad con la que se actúa ante una posible estafa resulta especialmente importante cuando existen transferencias bancarias.
Cuanto más tiempo permanece el dinero circulando entre cuentas, empresas o terceros, mayor puede ser la dificultad para localizarlo y recuperarlo.
En el caso investigado en Onda, la intervención permitió bloquear 161 619,37 euros y favorecer la devolución de otros 40 000 euros.
El balance asciende así a 201 619,37 euros recuperados o bloqueados.
La cifra muestra la importancia de denunciar inmediatamente cuando se detecta una anomalía.
También evidencia otro aspecto del fraude: pese al entramado presuntamente utilizado para mover los fondos, los investigadores pudieron seguir una parte sustancial de su recorrido.
Aun así, tomando como referencia una cantidad defraudada superior a 407 000 euros, queda una parte considerable del perjuicio económico que no consta como recuperada en la información disponible.
Cuatro hombres de entre 52 y 67 años investigados
Las actuaciones de la Guardia Civil afectan a cuatro hombres con edades comprendidas entre los 52 y los 67 años.
Todos ellos figuran como investigados por su supuesta participación en los hechos.
Los delitos que aparecen en las diligencias son:
- Estafa.
- Blanqueo de capitales.
- Usurpación de estado civil.
- Falsedad documental.
La investigación policial no supone una condena. Corresponderá al procedimiento judicial determinar la participación concreta de cada investigado y, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes.
Las diligencias policiales han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules.
Será por tanto la autoridad judicial la encargada de continuar con la tramitación del procedimiento.
Cómo detectar una posible estafa inmobiliaria
El caso de Onda pone nuevamente sobre la mesa los riesgos asociados a operaciones inmobiliarias de elevado valor económico.
Comprar una vivienda supone para muchas familias uno de los mayores desembolsos de toda su vida. Una documentación aparentemente convincente no debería sustituir las comprobaciones jurídicas y registrales correspondientes.
La Guardia Civil recomienda extremar las precauciones durante cualquier proceso de compraventa.
Entre las medidas fundamentales se encuentra comprobar la identidad de todas las personas que participan en la operación.
También resulta esencial verificar la autenticidad de la documentación aportada y asegurarse de que cualquier persona que intervenga en representación de un propietario cuenta realmente con facultades suficientes para hacerlo.
Especial atención merecen precisamente los poderes notariales, dado que la investigación de Onda gira alrededor de la presunta utilización fraudulenta de este tipo de documentos.
Comprobar quién es realmente el propietario
Antes de comprar una vivienda resulta fundamental verificar la situación jurídica del inmueble y la identidad de su titular.
Una nota simple del Registro de la Propiedad permite consultar información relevante sobre la titularidad y las cargas inscritas del inmueble.
Si el vendedor actúa mediante representante, deben extremarse las comprobaciones sobre el poder que le permite intervenir.
No debería bastar con recibir una copia de un documento.
En operaciones que implican cientos de miles de euros, verificar la autenticidad de la documentación a través de los cauces profesionales correspondientes puede marcar la diferencia entre una compraventa segura y una estafa.
La Guardia Civil pide denunciar rápidamente cualquier anomalía
Otro de los consejos fundamentales es actuar con rapidez.
La Guardia Civil recomienda comunicar inmediatamente cualquier anomalía o sospecha detectada durante una operación de adquisición de vivienda.
El objetivo es permitir una intervención temprana y reducir el posible perjuicio económico.
El caso de Onda sirve como ejemplo: los agentes consiguieron bloquear y recuperar más de 201 000 euros.
En las estafas donde el dinero se mueve rápidamente a través de diferentes cuentas o sociedades, las primeras horas y días pueden resultar determinantes.
Onda, ante una presunta estafa de más de 407 000 euros
La investigación desarrollada por la Guardia Civil deja hasta el momento varios datos especialmente relevantes: dos viviendas vendidas presuntamente de manera fraudulenta, más de 407 000 euros afectados, cuatro hombres investigados y 201 619,37 euros recuperados o bloqueados.
Pero el elemento que convierte el caso en especialmente significativo es el método investigado.
Los supuestos responsables no se habrían limitado a engañar verbalmente al comprador. La operación habría incluido poderes notariales falsos, utilización de una identidad ajena, sociedades mercantiles y facturación presuntamente falsa para construir una apariencia de legalidad y dificultar el seguimiento posterior del dinero.
Ahora será el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules el encargado de continuar con las actuaciones y determinar las eventuales responsabilidades.
El caso deja también una advertencia para cualquier comprador: cuando están en juego cientos de miles de euros, comprobar la identidad del vendedor, la titularidad del inmueble y la autenticidad de cada documento no es un trámite accesorio, sino una barrera esencial frente al fraude.
