El debate sobre el traslado de menores migrantes no acompañados desde Ceuta sigue dividiendo a los socios del Ejecutivo. El Gobierno vasco exige agotar antes la reunificación familiar y Junts advierte de que Cataluña no aceptará un nuevo reparto mientras no reciba las competencias en inmigración.
Crece el rechazo al reparto de menores migrantes desde Ceuta
El posible reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta continúa generando tensiones políticas. A las críticas expresadas por varias comunidades gobernadas por el Partido Popular se han sumado ahora Euskadi y Junts per Catalunya, que reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez otras soluciones antes de distribuir a los menores entre las comunidades autónomas.
Las discrepancias llegan en un momento de máxima presión migratoria y mientras el Ejecutivo busca apoyos para aliviar la situación de los centros de acogida de la ciudad autónoma.
Euskadi pide priorizar la reunificación familiar
La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido que la prioridad debe ser localizar a las familias de los menores y facilitar su regreso, siempre que sea posible y conforme a la legalidad.
Según ha afirmado, «la primera obligación del Estado no es repartir menores, sino ejercer las responsabilidades que le corresponden y agotar las vías para que vuelvan con sus familias».
Melgosa también ha advertido de que cualquier posible derivación deberá realizarse de forma coordinada con el Gobierno vasco y las diputaciones forales, responsables de la tutela de los menores en Euskadi.
Además, ha reclamado que cualquier traslado llegue acompañado de financiación suficiente, expedientes completos y todas las garantías jurídicas y asistenciales.
Euskadi no cierra la puerta, pero reconoce saturación
Aunque la consejera no ha rechazado expresamente futuras acogidas, sí ha reconocido que el sistema vasco de protección de menores se encuentra actualmente muy tensionado, lo que limita su capacidad de respuesta ante nuevas derivaciones.
Junts mantiene el veto a un nuevo reparto
Más contundente se ha mostrado Junts per Catalunya, que ha anunciado que utilizará sus siete diputados en el Congreso para impedir cualquier reparto que incluya a Cataluña.
La portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, sostiene que «Cataluña no puede asumir más presión» y considera que el Estado pretende trasladar a las comunidades autónomas las consecuencias de una política migratoria que corresponde gestionar al Gobierno central.
Junts mantiene además que no apoyará ninguna medida de este tipo hasta que la Generalitat reciba las competencias en materia de inmigración.
ERC reclama mayor implicación del Estado
Desde Esquerra Republicana (ERC), el presidente del partido, Oriol Junqueras, ha reconocido que Cataluña ha realizado un importante esfuerzo en materia de acogida y ha admitido que probablemente deberá seguir haciéndolo.
No obstante, también ha reclamado al Ejecutivo central que asuma plenamente sus responsabilidades, al considerar que buena parte de la carga está recayendo sobre las comunidades autónomas.
El reparto de menores continúa dividiendo a los socios del Gobierno
Las posiciones expresadas por PNV, Junts y ERC reflejan que el debate sobre la redistribución de menores migrantes no solo enfrenta al Gobierno con el Partido Popular, sino que también genera diferencias entre los propios socios parlamentarios del Ejecutivo.
Mientras el Gobierno insiste en buscar una solución para aliviar la presión asistencial que soporta Ceuta, varias comunidades autónomas reclaman más planificación, financiación suficiente y una estrategia coordinada antes de asumir nuevas acogidas.
El reparto de menores se perfila así como uno de los asuntos más delicados de la actual crisis migratoria, con posiciones cada vez más alejadas entre el Ejecutivo y buena parte de las administraciones territoriales.
