El Consejo de Transparencia reprocha al Ministerio de José Manuel Albares que no contestara durante meses a un ciudadano que pidió conocer, país por país, las solicitudes, concesiones, denegaciones y expedientes pendientes.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores que entregue información detallada sobre las nacionalidades españolas tramitadas al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y de la Ley de Memoria Democrática de 2022, cuya disposición adicional octava es conocida popularmente como Ley de Nietos.
La resolución llega después de que un ciudadano solicitara la información en octubre de 2025 sin obtener respuesta del departamento dirigido por José Manuel Albares. El afectado acudió posteriormente al Consejo de Transparencia, que también pidió alegaciones al Ministerio sin recibir contestación.
El organismo considera que no consta ninguna causa que justifique ese silencio y ha estimado la reclamación, obligando a Exteriores a facilitar los datos solicitados.
Casi un año esperando los datos
La petición original reclamaba información estadística desagregada por países sobre cuatro cuestiones concretas:
- número total de solicitudes recibidas;
- expedientes resueltos favorablemente;
- solicitudes denegadas;
- expedientes todavía pendientes de resolución.
La solicitud fue presentada en octubre de 2025.
Ante la ausencia de respuesta, el ciudadano presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia en mayo de 2026. El organismo dio entonces traslado del expediente al Ministerio para que formulara alegaciones.
Exteriores tampoco respondió a ese requerimiento.
Transparencia reprende el silencio de Exteriores
El Consejo de Transparencia señala en su resolución que el Ministerio no atendió la solicitud “sin que conste causa o razón que lo justifique”.
También reprocha que Exteriores no contestara al requerimiento posterior del propio organismo, porque esa actitud dificulta su tarea de valorar si procede conceder o denegar el acceso a la información.
El Consejo concluye que los datos reclamados tienen naturaleza de información pública y que el Ministerio tampoco alegó ninguna de las causas legales que permitirían inadmitir la petición.
Por ello, ha estimado la reclamación y ha ordenado que la información sea entregada.
El derecho de acceso no desaparece por el silencio administrativo
La resolución incide en un principio especialmente relevante.
Que una Administración no responda a una solicitud no elimina el derecho del ciudadano a acceder a información pública.
El Consejo recuerda que este derecho tiene respaldo constitucional y que la falta de contestación del organismo requerido no puede impedir su ejercicio.
El caso pone así el foco no solo sobre las cifras de nacionalidad, sino también sobre el funcionamiento de los mecanismos de transparencia dentro de la Administración.
Qué es exactamente la llamada Ley de Nietos
La denominación Ley de Nietos no corresponde a una ley independiente.
Se utiliza habitualmente para referirse a la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que amplió las posibilidades de adquirir la nacionalidad española para determinados descendientes de españoles residentes en el extranjero.
La norma permite optar a la nacionalidad a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que hubieran sido originariamente españoles y hubiesen perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por determinados motivos.
También contempla otros dos supuestos.
Por un lado, los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.
Por otro, los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante esta misma normativa o mediante la disposición adicional séptima de la Ley de 2007.
La norma de 2007 ya abrió una vía para descendientes
La legislación actual no parte de cero.
La Ley 52/2007 ya permitió adquirir la nacionalidad española de origen a quienes tuvieran padre o madre originariamente españoles.
También reconoció ese derecho a los nietos de personas que hubieran perdido o tenido que renunciar a la nacionalidad como consecuencia del exilio.
La reforma de 2022 amplió posteriormente los supuestos y generó un volumen mucho mayor de solicitudes en consulados españoles de numerosos países.
Cerca de 600 000 expedientes con nacionalidad reconocida
El volumen del procedimiento es muy elevado.
En julio de 2026, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, señaló que cerca de 600 000 personas ya tenían reconocida la nacionalidad española mediante este proceso y que más de 300 000 ya disponían de pasaporte.
Torres situó además el volumen total de solicitantes en torno a 2,4 millones.
Es importante diferenciar estas cifras.
Tener la nacionalidad reconocida administrativamente no significa necesariamente que todos esos ciudadanos hayan completado ya todos los trámites registrales ni que dispongan de pasaporte español.
Los datos de 2024 ya anticipaban la avalancha
Documentación oficial utilizada por el Ministerio de Inclusión recogía que, a 30 de noviembre de 2024, se habían presentado 577 620 solicitudes al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
De ellas, 275 804 habían terminado con la obtención de la nacionalidad española de origen hasta ese momento.
La cifra aumentó de forma muy significativa durante 2025, especialmente antes del cierre del plazo para presentar solicitudes.
La disposición adicional octava fijó originalmente un periodo de dos años, posteriormente prorrogado un año más por el Consejo de Ministros.
Exteriores deberá detallar ahora el reparto por países
La relevancia de la resolución de Transparencia está precisamente en que obliga a ofrecer un grado de detalle que no aparece en las grandes cifras generales difundidas hasta ahora.
El ciudadano no pidió únicamente un total.
Solicitó conocer cuántas peticiones se presentaron en cada país, cuántas fueron aceptadas, cuántas rechazadas y cuántas continúan pendientes.
Esa información puede permitir conocer con mayor precisión el impacto de la norma en países con grandes comunidades descendientes de españoles, especialmente en América Latina.
La polémica política sobre las nacionalizaciones continúa
El procedimiento se ha convertido además en un asunto de confrontación política.
El Partido Popular ha solicitado explicaciones sobre las garantías y controles utilizados durante la tramitación de millones de expedientes y ha reclamado mayor transparencia sobre su impacto. Estas son posiciones políticas del PP, no conclusiones del Consejo de Transparencia.
El Gobierno defiende, por el contrario, que la concesión de la nacionalidad responde a requisitos legales establecidos en la Ley de Memoria Democrática y que cada expediente debe acreditar las condiciones previstas en la normativa.
La resolución conocida ahora no cuestiona la legalidad de las concesiones.
Lo que reprocha es la falta de respuesta del Ministerio ante una petición de información pública.
Transparencia fuerza ahora una respuesta que Exteriores no dio
Ese es el núcleo verificable del caso.
Un ciudadano pidió datos en octubre de 2025.
Exteriores no respondió.
Meses después, el Consejo de Transparencia reclamó explicaciones.
El Ministerio tampoco formuló alegaciones.
Y finalmente el organismo independiente ha concluido que la información debe entregarse porque es pública y Exteriores no justificó ninguna causa legal para negarla.
La resolución permitirá conocer con más precisión uno de los mayores procesos recientes de adquisición de nacionalidad española.
La siguiente incógnita será comprobar cuántas solicitudes se han concedido realmente, cuántas se han rechazado y dónde se concentran los cientos de miles de expedientes que todavía permanecen pendientes.
