El Ejecutivo reclama a las comunidades autónomas que acojan a los menores migrantes llegados a Ceuta y advierte de posibles actuaciones judiciales si se incumple la ley. Mientras tanto, varias autonomías gobernadas por el PP rechazan el reparto y denuncian que no han sido informadas oficialmente.

El Gobierno aumenta la presión sobre las comunidades del PP

La crisis migratoria en Ceuta ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. El Ejecutivo insiste en que los menores migrantes no acompañados deben ser redistribuidos por distintas regiones, mientras varios gobiernos autonómicos rechazan asumir nuevas acogidas alegando falta de recursos y ausencia de coordinación.

El enfrentamiento se ha intensificado después de que representantes del Gobierno advirtieran de que el incumplimiento de las obligaciones legales podría derivar en la intervención de la Fiscalía de Menores.

Advertencias sobre posibles actuaciones judiciales

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, aseguró que, si las comunidades autónomas se niegan a acoger a los menores, «tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de Menores».

En la misma línea, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó que las autonomías «tienen que cumplir la ley» y expresó su deseo de evitar un conflicto judicial, aunque dejó abierta esa posibilidad si no se alcanza un acuerdo.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la necesidad de que todas las comunidades actúen con responsabilidad y solidaridad para atender la situación generada en la ciudad autónoma.

Las comunidades denuncian falta de información

Desde varias comunidades autónomas gobernadas por el PP critican que el Ejecutivo aún no ha comunicado oficialmente cuántos menores pretende trasladar ni ha abierto un proceso de diálogo previo.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, aseguró que su Gobierno no ha recibido ninguna comunicación formal sobre un posible reparto y recordó que los recursos de acogida de la comunidad se encuentran por encima del 100 % de ocupación.

En la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso también cuestionó la gestión del Ejecutivo central y criticó que se pueda plantear el envío de menores sin consultar previamente a las autonomías.

El PP mantiene su rechazo

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, considera que la responsabilidad de la situación corresponde al Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria.

El dirigente popular ha defendido que la prioridad debe ser reforzar el control de las fronteras y ha insistido en que el Ejecutivo debe asumir las consecuencias de sus decisiones en materia migratoria.

Mientras tanto, comunidades gobernadas por el PP y Vox, como Extremadura y Castilla y León, ya han avanzado públicamente su rechazo a un nuevo reparto de menores migrantes.

Junts y el PNV también muestran reservas

Las críticas no proceden únicamente del Partido Popular.

Desde Junts, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha defendido que Cataluña quede fuera de un posible reparto extraordinario.

Por su parte, la consejera vasca de Juventud, Nerea Melgosa (PNV), ha manifestado que no considera razonable separar a los menores de sus familias, mostrando también reservas sobre la redistribución propuesta por el Gobierno.

La crisis migratoria sigue marcando el debate político

El reparto de menores migrantes se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política tras la crisis vivida en Ceuta.

Mientras el Gobierno sostiene que todas las comunidades deben colaborar para garantizar la atención de los menores conforme a la legislación vigente, varios ejecutivos autonómicos reclaman mayor coordinación, información previa y recursos suficientes antes de asumir nuevas acogidas.

Con el intercambio de declaraciones y la posibilidad de nuevas actuaciones judiciales sobre la mesa, el debate sobre la gestión de la crisis migratoria continúa intensificándose tanto a nivel político como institucional.

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