La crisis abierta por el caso Leire alcanza de lleno a la cúpula de la Guardia Civil. La directora general del Instituto Armado, Mercedes González, y el director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, evitaron dar explicaciones internas sobre sus presuntos vínculos con la trama investigada en la Audiencia Nacional, pese a que sus nombres aparecen en el sumario de la causa.

El silencio se produjo durante el Pleno del Consejo de la Guardia Civil, una reunión clave con asociaciones profesionales del Cuerpo en la que el asunto no fue abordado por la dirección, a pesar del malestar creciente entre agentes y mandos.

El sumario apunta a presiones sobre la UCO

Según la información conocida, los informes de la UCO señalan que altos responsables de la Guardia Civil habrían tratado de influir sobre los investigadores que trabajaban en causas relacionadas con dirigentes del PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.

Uno de los puntos más delicados afecta al teniente general Manuel Llamas, señalado por haber trasladado a mandos de Policía Judicial y de la UCO que los agentes debían «ponerse de perfil» en determinadas investigaciones.

Mercedes González evita entrar en el fondo

La directora general ya había sido citada en la Comisión de Interior del Senado para explicar sus contactos con Leire Díez, pero evitó comparecer alegando otros compromisos institucionales.

Durante la reunión interna del Consejo, según las fuentes citadas por la información original, tampoco ofreció una explicación amplia sobre el asunto.

Su única referencia previa habría sido insistir en que nunca hizo nada que perjudicara a la Guardia Civil.

Malestar interno en el Instituto Armado

El caso ha generado una fuerte inquietud dentro del Cuerpo.

Diversas fuentes internas consideran especialmente grave que las supuestas presiones no procedan solo del ámbito político, sino también de la máxima estructura operativa de la Guardia Civil.

El malestar se concentra especialmente sobre el DAO, cuya continuidad empieza a ser cuestionada por sectores del Instituto Armado.

Las asociaciones mantienen la presión

El pleno se celebró en un contexto ya marcado por tensiones previas entre la dirección y las asociaciones profesionales, especialmente por la exclusión inicial de la Guardia Civil de la consideración de profesión de riesgo.

Aunque la reunión fue más calmada que encuentros anteriores, el caso Leire amenaza con abrir una crisis mucho más profunda: la de la confianza interna en la neutralidad de la cadena de mando.

Una crisis institucional de alto voltaje

La investigación sigue en manos de la Audiencia Nacional y será la Justicia quien determine el alcance real de los hechos.

Pero políticamente, el daño ya es evidente.

Si se confirma que hubo presiones para condicionar investigaciones de la UCO sobre el entorno del Gobierno, España estaría ante un escándalo institucional de primera magnitud dentro de uno de los cuerpos más respetados del Estado.

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