La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cerró el año 2025 con una deuda de 16 500 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% respecto al año anterior y el doble de la deuda registrada en 2021. Este incremento se atribuye principalmente al crecimiento de fondos europeos gestionados por Sepides y a la financiación de programas de defensa desarrollados por Navantia.
Las cuentas anuales de la SEPI indican que Sepides, encargada de gestionar proyectos relacionados con los Programas Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), acumula compromisos financieros por 3 264,7 millones de euros en iniciativas como la descarbonización industrial, el vehículo eléctrico y el sector agroalimentario. Estos compromisos están contabilizados como pasivos financieros antes de su adjudicación.
Por otro lado, Navantia registró otros pasivos financieros por 4 742,1 millones, principalmente por programas de modernización de la defensa financiados mediante préstamos a tipo de interés cero concedidos por el Ministerio de Industria. La deuda bancaria de la SEPI se mantuvo estable en 4 761,3 millones de euros, con una autorización para nuevas operaciones financieras de hasta 730 millones para atender vencimientos sin aumentar el endeudamiento neto.
Además, la SEPI obtuvo un beneficio neto de 130 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 404 millones del año anterior, con ingresos récord de 7 384 millones de euros, impulsados principalmente por las actividades de Tragsa y Navantia.
Paralelamente, la SEPI está siendo investigada en el ámbito judicial por presuntas irregularidades en varios rescates empresariales realizados a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Estas investigaciones, con la participación de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se enfocan en ayudas por un importe aproximado de 760 millones de euros y mantienen imputadas a varias personas vinculadas con la gestión del organismo.
El FASEE, creado durante la pandemia, movilizó cerca de 3 000 millones de euros en 29 operaciones y ha recuperado 1 737 millones. Sin embargo, quedan pendientes de devolución préstamos por 935 millones, correspondientes a varias empresas que han renegociado las condiciones de pago, entre ellas Plus Ultra, Tubos Reunidos, Losán y Vicinay.
La investigación judicial está en fase inicial y se prevé que el número de imputados y testigos supere el centenar. Entre los casos relacionados figuran préstamos sospechosos a compañías como Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, así como otros vinculados al caso Forestalia y a compañías como Enusa.
