El ambicioso proyecto del Centro de Operaciones de La Elipa, llamado a convertirse en el mayor macrocentro de autobuses 100% eléctricos de Madrid, ha encallado antes incluso de arrancar. El concurso para su construcción y explotación, valorado en 439,3 millones de euros (366,7 millones sin IVA), ha quedado oficialmente desierto tras no recibir ninguna oferta dentro del plazo establecido.
Se repite así un patrón ya conocido en la Comunidad de Madrid: grandes infraestructuras diseñadas bajo fórmulas de colaboración público-privada que fracasan en su intento de atraer inversión privada, como ocurrió en su día con la Ciudad de la Justicia.
Un modelo concesional que no convence
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) lanzó la licitación el pasado mes de noviembre bajo un modelo concesional a 20 años que, en un primer momento, despertó interés entre importantes grupos constructores y energéticos. Sin embargo, el entusiasmo inicial fue perdiendo fuerza a medida que se analizaban en detalle las condiciones del pliego.
Diversas alianzas empresariales estudiaron la viabilidad del proyecto hasta el último momento. Entre los grupos interesados figuraban grandes nombres del sector, pero finalmente ninguna candidatura formalizó oferta. Las dudas sobre la evolución futura de los precios eléctricos y las restricciones derivadas de la Ley de Desindexación fueron factores determinantes para que las cuentas no cuadraran.
La propia EMT ha reconocido que se trataba de una licitación “extremadamente compleja”, al integrar no solo la construcción, sino también la operación y el suministro eléctrico en un contexto de gran volatilidad energética y de incertidumbre internacional.
El impacto de la Ley de Desindexación
Uno de los principales escollos ha sido la Ley de Desindexación, que limita la actualización de precios y la tasa de descuento en proyectos concesionales. Esta normativa, concebida para controlar el gasto público, se ha convertido en un freno recurrente para iniciativas de colaboración público-privada en España.
La combinación de restricciones financieras, incertidumbre energética y la duración del contrato ha terminado por desalentar a las constructoras y eléctricas, pese a que el proyecto contaba con avales internos del Ayuntamiento y con informes favorables del Banco Europeo de Inversiones y de la Oficina Nacional de Evaluación.
Cambio de rumbo: obra pública directa
Ante la falta de ofertas, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido reformular la estrategia. La EMT volverá a licitar el proyecto, previsiblemente bajo un esquema de obra pública directa, abandonando el modelo concesional.
Este giro recuerda al adoptado por el Gobierno regional hace dos años con la Ciudad de la Justicia, cuando optó por dividir el proyecto en lotes y adjudicarlo como obra convencional tras comprobar la inviabilidad del formato concesional.
Las constructoras podrán así optar a ejecutar las cocheras de La Elipa, pero ya sin asumir el riesgo de explotación a largo plazo.
Un síntoma estructural
El fracaso del macrocentro de autobuses eléctricos no es un caso aislado, sino un síntoma de las dificultades que atraviesa la colaboración público-privada en España. Mientras otros países recurren con mayor flexibilidad a estos modelos para impulsar infraestructuras estratégicas, el marco normativo español sigue generando fricciones que dificultan la movilización de capital privado.
La transición hacia una movilidad urbana eléctrica continúa siendo una prioridad para Madrid, pero el camino hacia su infraestructura clave vuelve a empezar desde cero.
