Miles de autónomos españoles que durante años quedaron atrapados por las deudas de una pequeña empresa podrían beneficiarse a partir de ahora de un importante cambio judicial. Los tribunales han comenzado a aplicar una nueva doctrina del Tribunal Supremo que permite acceder a la Ley de Segunda Oportunidad incluso cuando existen derivaciones de responsabilidad de Hacienda o de la Seguridad Social, siempre que no exista fraude.
La decisión supone un giro de enorme impacto para quienes respondieron con su patrimonio personal tras el cierre o la insolvencia de una pyme y hasta ahora veían prácticamente imposible liberarse de esas obligaciones.
El Supremo cambia las reglas del juego
Hasta hace pocos meses, numerosos juzgados rechazaban automáticamente las solicitudes de exoneración cuando el autónomo había recibido una derivación de responsabilidad por deudas tributarias o con la Seguridad Social de una sociedad que había administrado.
Sin embargo, varias sentencias del Tribunal Supremo, dictadas el pasado mes de febrero, han corregido esa interpretación.
Los magistrados consideran que una derivación de responsabilidad no puede utilizarse por sí sola para impedir el acceso a la Segunda Oportunidad.
A partir de ahora será la propia Administración quien deba demostrar que detrás de esa derivación existió una conducta fraudulenta, una actuación dolosa o un comportamiento especialmente grave.
Miles de administradores de pequeñas empresas podrán beneficiarse
Los principales beneficiados son los administradores de pequeñas empresas que, tras el cierre del negocio, acabaron asumiendo personalmente las deudas generadas por la sociedad.
En muchos casos, estas responsabilidades nacieron simplemente porque la empresa entró en insolvencia, no promovió su disolución a tiempo o no solicitó el concurso cuando correspondía, circunstancias que no implican necesariamente fraude.
La abogada especializada en Derecho Mercantil María Fuertes, del despacho Navas & Cusí, explica que la derivación de responsabilidad «deja de ser un sello que excluye automáticamente al autónomo».
Según la jurista, ahora Hacienda o la Seguridad Social tendrán que acreditar que el administrador actuó con intención de defraudar y no únicamente que incumplió determinadas obligaciones societarias.
Los jueces ya están aplicando el nuevo criterio
La nueva doctrina ya comienza a reflejarse en distintas resoluciones judiciales.
La Audiencia Provincial de Navarra, por ejemplo, ha confirmado recientemente la concesión de la Segunda Oportunidad a antiguos administradores de pequeñas empresas pese a los recursos presentados por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los magistrados concluyeron que no existían pruebas suficientes de fraude, por lo que la derivación de responsabilidad no podía impedir la exoneración de las deudas.
Este criterio podría extenderse progresivamente al resto de juzgados especializados en materia concursal.
¿Qué cambia realmente para los autónomos?
El cambio no significa que todas las deudas públicas desaparezcan automáticamente.
Lo que cambia es el criterio jurídico.
Desde ahora:
- La derivación de responsabilidad ya no impide automáticamente acceder a la Segunda Oportunidad.
- Hacienda y la Seguridad Social deberán demostrar que existió fraude.
- El simple cierre de una empresa o su insolvencia ya no bastan para excluir al autónomo.
- Cada caso deberá analizarse individualmente por los tribunales.
Para miles de pequeños empresarios supone una oportunidad que hasta ahora permanecía prácticamente cerrada.
Los casos que seguirán quedando excluidos
La nueva doctrina no elimina todos los límites previstos en la Ley Concursal.
Los jueces seguirán denegando la exoneración cuando concurran circunstancias especialmente graves, entre ellas:
- Sanciones firmes por infracciones tributarias o de Seguridad Social muy graves.
- Derivaciones de responsabilidad vinculadas a actuaciones fraudulentas.
- Ocultación de patrimonio para evitar el pago a acreedores.
- Vaciamiento patrimonial de empresas antes de su insolvencia.
- Esquemas destinados a eludir deliberadamente el pago de impuestos o cotizaciones.
En estos supuestos, la Administración seguirá pudiendo impedir el acceso a la Segunda Oportunidad.
Un cambio que puede marcar un antes y un después
La nueva interpretación del Tribunal Supremo supone uno de los cambios más relevantes para los autónomos desde la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad.
Miles de pequeños empresarios que durante años arrastraron deudas imposibles de asumir podrían ahora encontrar una vía legal para comenzar de nuevo, siempre que acrediten haber actuado de buena fe y que la Administración no consiga demostrar la existencia de fraude.
La aplicación uniforme de esta doctrina por parte de los juzgados podría abrir una nueva etapa para numerosos autónomos que hasta ahora permanecían excluidos de uno de los principales mecanismos de alivio financiero previstos por el ordenamiento jurídico español.
