La Unión Europea mantendrá a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, el registro oficial de jurisdicciones que no cooperan en materia tributaria. Además, el bloque incorporará a Vietnam y Turcos y Caicos en la próxima actualización semestral que aprobarán los ministros de Economía y Finanzas.
Panamá sigue bajo vigilancia europea
La decisión confirma que Bruselas considera que Panamá no cumple los estándares comunitarios de transparencia fiscal y cooperación tributaria, ni ha adoptado compromisos suficientes para corregir esas deficiencias.
La llamada “lista negra” incluye a aquellos territorios que:
- Incumplen las normas internacionales contra la evasión fiscal.
- No aplican medidas efectivas para evitar la erosión de la base imponible y el traslado artificial de beneficios.
- No muestran voluntad real de adaptar su legislación.
Mientras tanto, las jurisdicciones que prometen reformas, pero aún no las ejecutan, pasan a la denominada “lista gris”.
Nuevas incorporaciones y salidas
Tras la actualización prevista, el listado quedará compuesto por diez territorios:
- Samoa Americana
- Anguila
- Guam
- Palau
- Panamá
- Rusia
- Islas Vírgenes estadounidenses
- Vanuatu
- Vietnam
- Turcos y Caicos
Por el contrario, Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago saldrán del registro tras haber avanzado en compromisos de reforma fiscal.
¿Qué implica estar en la lista negra?
Aunque figurar en este repertorio no conlleva sanciones económicas directas automáticas, sí tiene consecuencias relevantes:
- Prohibición de que fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones.
- Mayor presión reputacional internacional.
- Posibles medidas adicionales adoptadas por Estados miembros a nivel nacional.
En términos prácticos, estar en la lista supone un aviso político y financiero que puede afectar inversiones y operaciones internacionales.
Un instrumento político más que punitivo
La lista negra funciona desde 2017 y se revisa cada seis meses. Bruselas la presenta como una herramienta para impulsar la justicia fiscal global, aunque algunos críticos sostienen que su impacto real es limitado y que existen territorios con prácticas cuestionables que no figuran en el listado.
En el caso de Panamá, la permanencia en la lista evidencia que la UE no considera suficientes las reformas adoptadas hasta ahora.
La cuestión de fondo es clara:
¿Es esta lista un verdadero mecanismo contra la evasión fiscal o un instrumento de presión política selectiva?
